La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado un escrito en la Fiscalía Superior de Navarra ante la “posible ilegalidad” de las misas que la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz celebra cada 19 de mes, en conmemoración del triunfo del golpe franquista en julio de 1936 y el alzamiento del general Mola.
Las ceremonias se celebran en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona, propiedad de esta Hermandad franquista, que ha acogido las tumbas de los Generales golpistas Mola y Sanjurjo.
Ya en febrero de 2015, el Parlamento de Navarra instó al Arzobispado a poner fin a la celebración de las citadas misas: “cualquier tipo de celebración, religiosa o de cualquier otra índole, que guarden relación con actos propios del levantamiento golpista de 1936 en la Cripta de su propiedad, sita en el llamado Monumento a los Caídos", señalaba la cámara autonómica.
La misma Hermandad ha conseguido llevar a juicio a los autores de un documental sobre el Monumento a los Caídos para los que la fiscalía pide dos años de cárcel por “revelación de secretos”.
LA HERMANDAD DEFIENDE QUE LA CRIPTA ES DE SU PROPIEDAD
“Es evidente que la cesión de un espacio público para una hermandad que realiza exaltación personal y colectiva de la sublevación militar es una ayuda pública que debe ser retirada”, afirma la ARMH
El Monumento a los Caídos, es de carácter público, pero la cripta se reserva como espacio ‘privado’ a la Hermandad. Distintos colectivos memorialistas lanzaron recientemente un manifiesto exigiendo su demolición de todo el edificio por ser el segundo mayor símbolo vigente del franquismo (después del Valle de los Caídos).
La ARMH cree que la celebración de misas en la cripta, sobre la que se discute si es un espacio público o privado, vulnera los artículos 510 y 515.4 del Código Penal. El primero dicta como responsables de un delito a quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología”; y el segundo afirma que “son punibles las asociaciones ilícitas que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza, o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad”.
En el escrito a la Fiscalía también se alude a la Convención Contra Las Desapariciones Forzadas, a la Convención Internacional Para La Protección De Todas Las Personas Contra Las Desapariciones Forzadas, y a la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007) que prohíbe expresamente en su artículo 15 “menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura” así como a la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
“Es evidente que la cesión de un espacio público para una hermandad que realiza exaltación personal y colectiva de la sublevación militar es una ayuda pública que debe ser retirada”, señala la asociación presidida por Emilio Silva, que recuerda que el golpe militar de julio de 1936 causó más de 114.226 desapariciones forzadas y en el caso de Navarra, donde nunca existió un frente de guerra, el asesinato sistemático de 3.300 personas.
“Los actos que lleva a cabo Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, enalteciendo a los asesinos de miles de civiles y responsables de las mayores violaciones de derechos humanos de nuestra historia atentan contra la dignidad de las víctimas, así como contra su reputación, al considerar y fomentar una supuesta superioridad moral de quienes indujeron, planificaron y ejecutaron tales crímenes”, afirma la ARMH.
