miércoles. 24.04.2024
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“España nos roba”; “Madrid es España dentro de España”, son dos slóganes de lo más nocivo y falso de los últimos tiempos y mira que se han dicho tonterías en épocas de pandemia y de secesionismo y es que, en el fondo, aunque muy distantes territorial, política e ideológicamente (aunque en este último caso yo no estaría tan seguro), son distintas caras de la misma moneda, entendida como tal el asalto de la burguesía al poder desde el idem que les da el gobierno de la autonomía.

Si algo ha quedado claro tras la pandemia es la utilización descarada y, en el caso de Madrid, desgarrada desvergüenza por utilizar el poder de la Comunidad Autónoma para desbancar al gobierno central. Tomaron buena nota del permanente chantaje a que estuvo sometido durante todo el process y aunque el mismo no tuvo ningún éxito les sirvió para afianzarse como un contrapoder en el ámbito nacional que condiciona y mucho el futuro de este país.

Si pudiésemos volver atrás en todo el proceso vivido en el último año, estoy convencido de que todos los errores cometidos en el mismo tienen como premisa esencial la falta de liderazgo del gobierno central para una situación como la sanitaria (máxime en estas circunstancias) que necesita de una política centrada y central. La variable sanitaria entró de pleno en el sistema económico y, desde luego, condicionó y va a seguir condicionando los siguientes modelos de desarrollo del sistema capitalista.

Por eso, la mayoría de los países de nuestro entorno fijaron como objetivo prioritario sacrificar parte de la economía para salvar vidas, añadiendo otra característica de la que carecimos en España: el mando único central que fijase los criterios a través de los cuales fuese gestionado de forma eficaz por las Regiones. Este planteamiento fue seguido por algunos países, incluso por aquellos tan descentralizados como el nuestro, como es el caso de la República Federal Alemana.

Las dudas expresadas en las distintas tomas de decisión por parte del gobierno de Sánchez fueron aprovechadas por los partidos de la oposición de derechas (PP y VOX) no sólo para poner en cuestión las medidas adoptadas sino para engrasar la palanca que les diese el poder en un futuro inmediato. La oportunidad la encontraron a través de una señora que mediante una estrategia perfectamente diseñada dio con el plan perfecto para hacerse dueña de la situación a través de dos recursos manipulados: la libertad o la falta de ella y la economía, sobre todo la del comercio y la hostelería, que, según su criterio, habría que situarla al mismo nivel que la salud. Curiosa y paradójicamente esa falta de libertad y ese Estado opresor que elimina los derechos de determinados territorios es una constante que aparece en el discurso de determinados partidos que, en aras de la progresía mal entendida, forman parte de los apoyos del actual gobierno central.

No hay ninguna razón objetiva, ni siquiera apelando al ultraliberalismo económico, para anteponer la libertad de mercado al derecho a la salud justa y equitativa. Estamos en el siglo XXI no en los orígenes del capitalismo ni en los EE.UU. de Trump.

El paso hacia adelante debe de realizarse sin los nacionalismos fascistas de derechas, pero también sin cesiones a otros nacionalistas que bajo el epígrafe de izquierdas pretenden imponer otro modelo social y económico

De cualquier forma, es posible que esa actitud y creencia manipuladora haya calado entre gran parte del electorado madrileño (y no solamente entre las capas altas de la sociedad madrileña), lo que puede generar dos movimientos  aparentemente contradictorios, en el resto de la España de “segunda fila”: por una parte la de un enorme rechazo unido a una grave preocupación, ante el ascenso y auge que esta opción tuviera éxito, por el avance de posiciones de la ultraderecha y, por otra parte, y no necesariamente vinculadas a opciones de derecha, partiendo de una actitud cercana a la madrileñofobia, no siempre se contemplarían como de claro rechazo ya que lo antepondrían a la catalonofobia que ha pervivido a lo largo de los últimos años.

Trataré de explicar esta aparente paradoja: No hay que ser excesivamente perspicaz para darse cuenta del rechazo del resto de España a la Cataluña política, después del “desmadre” nacido tras el procés y que se manifiesta de forma mucho más intensa que los recelos que produce la actitud de los dirigentes madrileños.

La formación de mayorías en el Congreso de Diputados actual, tras la moción de censura del año 2018 ha estado sometido a lo que en la jerga política se entiende como geometría variable, es decir dado que el gobierno de coalición de izquierdas no tiene mayoría suficiente para gobernar, buscar en otros partidos del centro (o de la derecha nacionalista moderada) y de la denominada izquierda independentista los apoyos suficientes para formar gobierno, mantenerlo antes de la pandemia, enfrentarse a esta y salir de la misma de la mejor forma posible, desde el punto de vista social y económico. Pues bien, dicha geometría variable se convirtió en un permanente chantaje del independentismo (primordialmente de Esquerra Republicana) que con el refuerzo de  uno de los socios de Gobierno (Unidas – Podemos) metió en más de un lío al propio gobierno a la hora de aprobar las distintas prórrogas del Estado de alarma, la aprobación de los presupuestos, la posible reforma laboral y hasta la aprobación del reglamento de los fondos europeos cuando se vivió el deleznable episodio de tener que aceptar los votos de la extrema derecha para sacar adelante el trascendental decreto-ley.

No por haberlo dicho varias y repetidas veces voy a dejar de hacerlo: No se puede confiar en un partido que antepone los intereses de un nacionalismo populista a los de la clase trabajadora y demás clases sociales desfavorecidas. Nunca se puede anteponer el criterio territorial al personal. Su utilización desvergonzada de la bisagra parlamentaria (aupada por líderes que no ven más allá de sus aspiraciones personales) no puede seguir encallando la salida airosa de una situación tan compleja como en la que estamos metidos y en la que los propios independentistas se han metido, al ser ellos mismos incapaces de formar gobierno.

Entre tanto, el discurso a la desesperada de un PP, en sus horas más bajas, es que la consolidación en Madrid (tras desalojar a Ciudadanos) sea el comienzo del asalto al resto de Comunidades Autónomas y de ahí al gobierno central a través de un discurso en el que insisten en que el gobierno de coalición es prisionero de los partidos independentistas y, sobre todo de Esquerra Republicana, bajo el argumento, a veces no tan descaminado, de ser rehenes de la actual primera fuerza independentista catalana. En las condiciones actuales con los apoyos parlamentarios que tiene la derecha parecería otra locura distópica pensar que podrían llegar, o ni siquiera acercarse, a la Moncloa. Torres más altas cayeron, no perdamos de vista que también hay fuerzas nacionalistas de derechas que pueden volver a relanzarse y, mientras tanto, Diaz Ayuso empezar a recibir clases de catalán en la intimidad.

Claro que hay que solucionar el problema de Cataluña, pero con criterios, primero de acuerdo con la legalidad vigente y segundo partiendo del principio esencial que somos 17 comunidades autónomas y no 15 +2. Tal como señala Nicolás Sartorius: “Desde luego sería más productivo no quedarse en el mero diálogo, sino que cada cual pusiera sobre una mesa adecuada – por ejemlo en el Parlamento- sus pretensiones y que, por medio de la negociación y la transacción se llegara a un acuerdo, entre todos, sobre una posible reforma de la Constitución que haga avanzar el bienestar del conjunto sin necesidad de romper o averiar tan trabajado invento (“La manipulación del lenguaje; 2018).

El fin de la pandemia puede y debe abrir nuevos caminos en los ámbitos sociales, económicos y, por supuesto, políticos. El gobierno de coalición se enfrenta a un notable y sombrío panorama que, desde mi punto de vista, ha de encaminarlo a resolver, en primer lugar, el gran reto sanitario de la vacunación y a continuación diseñar un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los problemas sociales derivados de la pandemia, la financiación para hacerles frente, la derivación hacia nuevos modelos de producción con garantía laborales, la creación de una base que nos permita hacer frente a los retos productivos del futuro, etc…

Bajo esta dinámica, no se puede dejar envolver por proyectos irrealizables de grupos que bajo el paraguas del discurso social se plegan a los cantos de sirena de ególatras y xenófobos líderes de unas élites en decadencia. Ahora sí, el paso hacia adelante debe de realizarse sin los nacionalismos fascistas de derechas, pero también sin cesiones a otros nacionalistas que bajo el epígrafe de izquierdas pretenden imponer otro modelo social y económico. Si hay barreras a la izquierda estatal en Cataluña, ¿cómo podemos abrir los brazos a esta actitud sectaria en el conjunto del Estado? Sería hacerse el harakiri y la izquierda europea ya se lo hizo demasiadas veces.

¿Deben existir líneas rojas en la izquierda?