El sindicalista y los dos afiliados a CCOO a los que la Fiscalía de Cádiz pide penas de hasta tres años de cárcel por los hechos ocurridos en 2012, han recogido esta mañana, en el Juzgado de San Fernando, el auto de apertura del juicio oral por cuatro delitos y una falta. CCOO de Industria rechaza la desproporcionada decisión judicial por los hechos ocurridos durante la manifestación que recorrió las calles la localidad gaditana para exigir carga de trabajo para Navantia, la considera tremendamente exagerada y un ejemplo más de la deriva autoritaria que han tomado las actuaciones de los poderes públicos contra los sindicatos.
Según un informe del los Servicios Jurídicos de CCOO, ya se han abierto 49 procedimientos a 147 representantes y dirigentes del sindicato, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal. A juicio de CCOO, se trata de una restricción ilegítima de los derechos democráticos y de una nueva vuelta de tuerca en la cruzada que ha emprendido el Gobierno contra las organizaciones sindicales. Lo que esta mañana ha ocurrido en el Juzgado de San Fernando, confirma esta tesis. Un sindicalista de CCOO en Navantia y dos afiliados han recogido el auto que decreta la apertura de juicio oral por los altercados que tuvieron lugar hace año y medio y por los que se solicitan penas de entre 23 meses y tres años de cárcel.
Unas penas tan desproporcionadas como la actuación de la policía que tuvo lugar ese día. CCOO aprobó hace unas semanas una declaración en la que expresaba su preocupación por la deriva autoritaria que están tomando las actuaciones de los poderes públicos contra los sindicatos, una declaración a la que se suma CCOO de Industria. Esta organización sindical ya ha denunciado hasta la saciedad la actuación judicial en el caso de “Los 8 de Airbus”, en John Deere y en las movilizaciones del sector de la minería. Y ahora vuelve a condenar lo que sucede en Navantia. Una decisión exagerada que, como suele ocurrir en estos casos, pasa por alto la abusiva actuación de la policía.
El sindicato CCOO no va a permanecer callado ni parado ante estos desatinos. Ya ha puesto en marcha una campaña de información y protesta para denunciar la ofensiva penal contra el derecho de huelga y el intento de criminalización de los sindicatos que se está produciendo en nuestro país. También ha activado una agenda de contactos y reuniones con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios para trasladarles la situación. Igualmente, debatirá y reflexionará con ellos de propuestas de cambios normativos en el ámbito penal. Y estudiará en sus órganos de dirección, en contacto con todas las estructuras del sindicato, un calendario de movilizaciones. En los próximos días, lo que esta mañana ha ocurrido en San Fernando se pondrá en conocimiento de los trabajadores en una asamblea informativa.
