viernes. 29.03.2024

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado este viernes que en la actualidad se están investigando en España un total de 849 casos de 'niños robados' y ha reconocido la existencia de "tramas" en "algunos lugares concretos" que "no se pueden atribuir a una única organización".

Conde-Pumpido se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir en Valencia la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, al ser preguntado por las novedades sobre este asunto.

De los 849 casos investigados, 162 han sido ya judicializados al estimar que existen indicios delictivos; mientras que otros 38 se han archivado.

Al ser preguntado por si en la autonomía valenciana se han realizado exhumaciones, el fiscal general del Estado ha señalado que este asunto es competencia del juez y que, por el momento, en la Comunidad Valenciana no se han practicado. Sin embargo, sí se han hecho, por ejemplo, en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Conde-Pumpido ha señalado que se ha acordado que la investigación sobre este asunto se lleve a cabo en todas las fiscalías provinciales calificando los hechos como un delito de detención ilegal, agravado por el carácter de sustracción de menores.

Asimismo, se difundirán dos protocolos aprobados por el Ministerio de Justicia. Uno de ellos para la atención de las víctimas de estos hechos; y otro para la práctica de pruebas de AND a instancias del ministerio público.

PROTOCOLOS, EN EL TERRITORIO MINISTERIO

En este punto, al ser preguntado por si estos protocolos serán extensibles a las autonomías con competencias en Justicia, como es el caso de la Comunidad Valenciana, ha indicado que estos protocolos afectan, en principio, al territorio de competencia del Ministerio de Justicia, porque se extiende al Instituto Nacional de Toxicología y a las actuaciones de los gabinetes de asistencia a las víctimas.

La idea, según ha comentado, es transferir a las comunidades estos mismos criterios para conseguir que se aprueben protocolos similares a los que ya se han realizado. En cualquier caso, el ministerio fiscal, como es un organismo de carácter nacional, tiene competencia suficiente para ordenar los análisis de ADN que considere necesarios tanto al Instituto de Toxicología como a los servicios correspondientes en las autonomías, porque "la autoridad del fiscal abarca a todo el Estado", ha puntualizado.

ACTUAR "CON INTENSIDAD"

Conde-Pumpido ha señalado que el caso de los 'niños robados' afecta a un "gran número" de ciudadanos españoles, por lo que la Fiscalía "debe actuar con toda la intensidad posible y con las dificultades de la antigüedad de los hechos", algo que "se está tratando de subsanar", ha dicho.

"Apreciamos --ha agregado-- que hay una gran diferencia entre unos casos y otros, y abarca a un espacio de tiempo muy prolongado, puesto que hay asuntos que llegan a una época reciente, incluso ya en la democracia". Además, ha comentado que existen "tramas" en "algunos lugares concretos" porque "se van identificando a personas responsables, pero Fiscalía considera que no se puede atribuir a una única organización el conjunto de los hechos", ha apostillado.

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