Ana Esperanza Tubac Culajay es la coordinadora general de la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS). Esperanza es, como ella misma se define, una mujer maya kaqchiquel. Indígena y empoderada, lucha por los derechos de las mujeres en su comunidad, San Juan Sacatepéquez, a 25 kilómetros de Ciudad de Guatemala. La organización, nacida en 2001, cuenta ya con más de 2.000 socias que trabajan unidas para mejorar la situación de las mujeres y erradicar las violencias machistas que sufren. En el momento de realizar esta entrevista, Tubac se encuentra en España presentando el programa conjunto en el que colaboran con InteRed, “Toca Igualdad” en el que apuestan por la coeducación como herramienta para la igualdad de género.
“El trabajo que realizamos en San Juan Sacatepéquez ha sido de atención y prevención de violencias machistas, principalmente con el pueblo indígena. En mi comunidad la violencia estaba como naturalizada. Muchas mujeres decían que es natural que te griten, que te peguen. Nosotras iniciamos haciendo un diagnóstico con los operadores de justicia y nos decían que pareciera ser que en San Juan Sacatepéquez no existiera violencia porque en ese año no había ni una sola denuncia registrada por violencia. Entonces nosotras nos interesamos primero por promover los derechos humanos, que las mujeres conozcan sus derechos y que ejerzan esos derechos. Y uno de ellos es la no violencia contra las mujeres, la desnaturalización de la violencia. Pues fue un trabajo muy arduo. Una de las dificultades que encontramos en el sistema de justicia en Guatemala es que no tiene pertinencia cultural. Es decir, si nosotras las mujeres indígenas llegamos a poner una denuncia no encontramos intérpretes”.
La fundación fue en 2001, poco después de la guerra civil ¿vosotras creéis que después de la guerra, la situación de las mujeres había empeorado?
“A partir de los acuerdos de paz empieza a surgir todo el tema de la organización comunitaria. Entonces fue una de las ventajas de los acuerdos de paz en donde los pueblos ya nos pudimos organizar.
Anteriormente muchas comunidades fueron masacradas y quien lideraba algún grupo era mencionado como guerrillero y los mataban y desaparecían. No solo desaparecieron líderes, sino que desaparecieron comunidades enteras.
Ósea todo el tema del genocidio en Guatemala es una guerra de treinta y seis años, hay mucho dolor. A partir del 96 que fue la firma de los acuerdos de paz ahí es cuando se empieza a hablar de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres”.
El conflicto armado interno en Guatemala comenzó en 1954 con el golpe militar del coronel Carlos Castillo y finalizó en 1996 con la firma de los tratados de paz. Durante esos más de 30 años de violencia fueron asesinadas más de 200.000 personas, en su mayoría indígenas, y la violencia sexual contra las mujeres fue constante.
Hay derechos y demandas específicas de las mujeres indígenas
Para profundizar en esa doble discriminación como mujeres indígenas, ¿cómo lo trabajáis en el día a día con las mujeres de la comunidad?
“Nosotras siempre reivindicamos la violencia que sufrimos las mujeres mayas. Primero porque no es lo mismo, no son las mismas condiciones. El hecho de que nosotras hablemos un idioma, una lengua materna. Eso nos pone en desventaja muchas veces. Nos discriminan por eso, por usar un güipil, ósea nuestra indumentaria maya, también. Entonces nosotras lo que decimos es que hay derechos y demandas específicas de las mujeres indígenas. Por ejemplo, en mi comunidad se vive mucho la discriminación. Hace dos años se puso una denuncia al sistema de salud porque dos compañeras que fueron al hospital no las dejaban entrar con sus sandalias porque les decían que iban a manchar el piso. Entonces les estaban cobrando dos quetzales [0’24 euros] porque si no iban a manchar el piso con tierra porque ellas venían de una comunidad. El doctor no las dejaba entrar. Les dijo que se quitaran los caites [sandalias tradicionales de Centroamérica] y tuvieron que entrar descalzas. Se puso una denuncia”.
"Ha sido una lucha constante, por eso es que nosotras decimos que no es lo mismo una mujer ladina o mestiza que una mujer indígena. Porque nosotras sufrimos triple discriminación: por ser mujer, por ser indígenas y por ser pobres”.
¿Cómo estáis viendo al nuevo Gobierno de la nación?
“El año paso en el 2019 hubo elecciones. Nosotras desde un principio estuvimos analizando que no había opción porque todos los gobiernos responden a intereses de empresas, intereses de la derecha. Hubo una compañera maya, del pueblo mam, que se postuló como presidenta. Por ejemplo, en mi municipio ella llega ocupando el cuarto lugar, es la primera vez que participa, pero lamentablemente hubo mucho fraude porque en algunas boletas no aparecía ella. No se podía votar por ella. Se denunció y ella igual llegó al cuarto lugar”.
Sobre la Ley contra las Organizaciones No Gubernamentales, ¿creéis que os va a afectar realmente si finalmente se aprueba y se aplica?
“Nosotras hemos analizado esta ley. Ellos lo que dicen que es para que no exista corrupción en las organizaciones, pero es mentira. En donde hay corrupción es en las instituciones del Estado, nosotras todas las organizaciones tenemos nuestras auditorias. Tanto de proyectos como auditorias también institucionales y agencias que hacen las auditorías. El problema con esta ley es que ellos dicen que nosotros vamos a tener que sujetarnos. Por ejemplo, no vamos a poder salir a protestar. Si ellos quieren sacar una ley, lo que hacemos los pueblos es salir a las calles, hacer luchas y parar esas leyes. Y eso es lo que ellos quieren quitar. Están haciendo leyes que atentan contra nuestros derechos. Lo que ellos quieren es que nosotros no nos opongamos a sus proyectos que supuestamente van a llevar desarrollo a los pueblos. Así ellos dicen que nosotros no queremos desarrollo. Pero es que no es desarrollo porque nos están quitando nuestras tierras, nuestras cosechas, nuestras formas de vivir, nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión”.
Dentro de este paquete de leyes que hablábamos, hay otra que os afecta mucho que es la de la protección de la vida y la familia que criminaliza el aborto espontáneo entre otras cosas. Vosotras trabajáis también en derechos sexuales y reproductivos en San Juan, ¿cómo va a afectaros?
“Esto es un tema que no se habla en Guatemala porque es un tema el del aborto que está criminalizado. No es legal, entonces no se habla. En las escuelas lo que se trabaja más es la educación sexual y reproductiva porque se vio el aumento de embarazos en adolescentes. El problema fuerte es que cuando una chica está embarazada renuncia a sus estudios. Y si no renuncia simplemente en la escuela los maestros le dicen que mejor deje la escuela porque es un mal ejemplo para los demás niños y niñas. Prácticamente las expulsan, entonces no hay oportunidades y muchas veces los mismos agresores, los violadores de estas niñas es la propia familia: un tío, el padre… Hay mucha violencia sexual”.
Hay un caso que es bastante conocido ya fuera de Guatemala, el de Emma Guadalupe Molina Thiessen, quien fue víctima de violencia sexual, ¿el caso de ella puede ser paradigmático para que otras víctimas se animen a denunciar?
Sí, ella llevó ese caso hasta la Corte Interamericana. Por toda la incidencia que ella hizo en su caso sobre violencia sexual durante el conflicto armado interno. Es porque además ha tenido mucho apoyo, para nosotras es un referente de que sí se puede denunciar. No solo ha sido el caso de ella. Nosotras acompañamos a nuestras hermanas q’eqchi’ del caso Serpur Zarco. Fue un grupo de mujeres indígenas que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado y que ellas logran romper el silencio, llevar hasta la justicia y demostrar que ellas sí sufrieron violencia sexual. Ahora están encarceladas las personas que hicieron estas grandes violaciones a los derechos de las mujeres indígenas principalmente. Para nosotras es un gran referente porque nos damos cuenta de que si unificamos esfuerzos y estamos juntas podemos alcanzar justicia”.
Fotos: Archivo AmecoPress, cedidas por InteRed. Agencia AmecoPress.
