viernes. 29.03.2024
amianto
Foto de archivo UGT.

La Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Cataluña (AVAAC) entre otras asociaciones de víctimas del amianto procedentes de toda España, así como diversas organizaciones ecologistas y sociedades científicas como, Ecologistas en Acción, SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) y SEMFYC (Sociedad española de medicina de familia y comunitaria), exigen al ejecutivo español una Ley Integral del Amianto, a través de un manifiesto suscrito por los citados y la recogida de más de 8.000 firmas en el sitio web change.org, que permita salvar “decenas de miles de vidas” y sitúe a España en una “posición de vanguardia en la UE” y como “referente internacional en la lucha contra la crisis del amianto en el mundo”.

La propuesta de una Ley Integral contra el amianto gira en torno a tres pilares fundamentales: la salud pública, la protección del medioambiente y de los derechos de los trabajadores.

El pasado 16 de julio, el grupo para una Ley Integral del Amianto a través de una comisión, presentó al director general de Calidad y Evaluación Medioambiental, Don Ismael Aznar Cano, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la perspectiva medioambiental de la propuesta de Ley Integral del Amianto, trasladada al Gobierno de España, y a los Ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Trabajo y Economía Social.

Se prevén 130.000 muertes por amianto de aquí a 2050

Los suscriptores del manifiesto estiman que en España se producirán al menos 130.000 defunciones hasta el año 2050 causados por patologías provocadas por el amianto, de las cuales, un 40%, todavía no se han producido. Por ello exigen al Ministerio de Sanidad que promueva recursos económicos y dotaciones de fondos para la investigación científica y médica del cáncer por amianto y qué mejor momento que el actual, donde se recibirán fondos de Europa, destinados a la reconstrucción y recuperación de España con el fin de salvar decenas de miles de vidas

"La Organización Mundial de la Salud es contundente al advertir que no existe un nivel de exposición a las fibras de amianto que no comporte riesgo, es decir una sola fibra respirada es suficiente para que tras 40 años de media, se desarrolle cáncer mortal de necesidad, y lamentablemente no es un problema sólo del ámbito laboral, sino que lo es de salud pública, laboral y medioambiental", afirman los impulsores de la iniciativa.

Esta exposición se debe entre otros, a que el 65% del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente o a vertidos con restos de fabricación y de escombro provenientes de la construcción cuyas fibras de amianto son esparcidas por el viento a kilómetros del foco de exposición, ilegales o faltos de gestión y supervisión.

Existe un mandato Europeo de obligado cumplimiento, la Resolución sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065 (INI)) aprobada por el Parlamento Europeo en 2013 y al Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo “Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03), que insiste en el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para las instituciones comunitarias la eliminación del amianto de forma segura.

"Ante la gran pasividad con la que se ha gestionado la situación del amianto en España hasta hoy, el inaceptable deterioro de muchas instalaciones en edificaciones con amianto, los vertidos ilegales en entornos rurales y urbanos que supone exposición pasiva al amianto para el conjunto de la sociedad y constatando que en 14 años no ha existido ningún instrumento legislativo para la erradicación del amianto", las organizaciones firmantes instan al Gobierno a "ir un paso adelante y conseguir que España esté libre de amianto en el año 2028 para recuperar el tiempo perdido y no quedarnos atrás en la lucha contra esta pandemia del amianto".

Fondo de indemnización para las víctimas

El manifiesto propone un amplio abanico de ejes de actuación que debieran quedar al amparo de la norma que se promueva, entre otros:

1.- Necesidad instruir un fondo de indemnización para las víctimas del amianto (FIVA)

2.- Promover el censo de los elementos fabricados con amianto o que contengan asbesto tanto en edificios públicos como privados y  su erradicación segura priorizando el desamiantado de escuelas e instalaciones frecuentadas por niños y niñas, dada la especial vulnerabilidad de la población infantil.

3.- La mejora del Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), seguimiento de los planes de desamiantado.

4.- Desarrollo de proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos de diagnóstico precoz de los cánceres del amianto, y lograr avances significativos en el tratamiento de las personas afectadas, para salvar vidas

5.- Terminar con las dificultades de los afectados y afectadas a la hora de acceder al reconocimiento del origen profesional de las patologías causadas por la exposición al amianto.

“Es necesario, urgente e inaplazable trasladar que la salud es lo primero, al contexto del amianto. Hoy estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas y de evitar prolongar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades derivadas de la exposición al amianto”, subrayan.


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