nuevatribuna.es
15 de febrero de 2010, 8:40
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 15.02.2010
La condena a penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística al director y el jefe de Informativos de la SER, Daniel Anido y Rodolfo Irago, por revelar afiliaciones irregulares en el PP de Madrid conocida a finales del pasado año ha sido uno de los casos recientes más sonados contra la libertad de expresión pero no el único.
Nuevatribuna.es ha querido hacerse también eco de otro atropello a la libertad de expresión que aunque menos trascendente y notorio pone igualmente en evidencia la vulneración del deber de informar y el derecho a ser informado que marca el artículo 20 de la Constitución Española.
Nos referimos a la condena dictada por el tribunal Supremo contra la revista Cuadernos del Sureste, en Lanzarote, una publicación que se significó como uno de los pocos, por no decir el único medio de comunicación, que se ha atrevido hasta ahora a denunciar los casos de corrupción en esta isla canaria.
La pesadilla para los miembros de la redacción de esta revista empezó en 2003 cuando un juez ordenó su secuestro, es decir, el cierre de la misma, tras publicarse un reportaje sobre las actividades corruptas de un funcionario. Se trataba de Felipe Fernández Camero, abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, que ejerció de apoderado de sociedades con intereses inmobiliarios en la isla incurriendo así en incompatibilidad con su cargo público. Aunque Camero fue destituido por el Ministerio de Administraciones Públicas –está también imputado en dos procesos de corrupción- la justicia ha permitido que sea indemnizado con 15.000 euros por el reportaje publicado en Cuadernos del Sureste, revista que dejó de salir definitivamente en 2004.
Lo más sorprendente del caso es que tres de los cuatro jueces que han llevado este caso reconocieron la veracidad de la información, siendo tan solo el Tribunal Supremo el que ha dado la razón al demandante, muy bien conectado, al parecer, con las instancias judiciales de Arrecife. De hecho, el juzgado de la capital de Lanzarote pese a reconocer como veraces y contrastadas las informaciones terminó condenando a la revista por decir que las actividades del funcionario eran “corruptas”, una sentencia que fue posteriormente revocada por la Audiencia Provincial de Las Palmas al entender que el término “corrupción” se había utilizado en un sentido coloquial y no suponía ningún insulto ni vulneraba el derecho al honor del secretario del Ayuntamiento.
Hasta ese momento, todas las instancias admitieron que los hechos sobre los que se sustentaba la denuncia periodística eran ciertos, todas menos el Tribunal Supremo, cuyo ponente Xavier O’Callaghan consideró que lo publicado eran simples “juicios de valor” sin base informativa.
El caso es que el portavoz de esta revista, Jorge Marsá y otros tres compañeros de redacción han tenido que desembolsar 15.000 euros más los correspondientes costes procesales para indemnizar al demandante sin que ello haya impedido que Marsá recurra al Tribunal Constitucional en un escrito presentado el pasado 30 de diciembre y, en caso de ser denegada la admisión a trámite, el asunto será llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
A este tribunal precisamente hace referencia Marsá, en conversación con nuevatribuna.es, destacando que Estrasburgo ya determinó el papel que debe jugar la prensa en una democracia como “perro guardián” de la misma. Este periodista considera “preocupante” el comportamiento de la justicia en asuntos como el que él mismo ha sufrido o la sentencia contra la SER que califica de “inaudita”, sin olvidar –recuerda- el secuestro en 2007 de la revista El Jueves por “injurias al Rey”.
Marsá destaca que en un lugar como Lanzarote resulta “imprescindible” este tipo de denuncias dado que los fiscales siguen sin actuar por su cuenta, señala. El caso le llama aún más la atención después de que hace poco oyera al presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lamentar que en España los ciudadanos denuncian poco los casos de corrupción, lo que a Marsá no le extraña viendo cómo se comportan los tribunales condenando a los que se atreven a denunciar este tipo de comportamientos corruptos.
La condena a penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística al director y el jefe de Informativos de la SER, Daniel Anido y Rodolfo Irago, por revelar afiliaciones irregulares en el PP de Madrid conocida a finales del pasado año ha sido uno de los casos recientes más sonados contra la libertad de expresión pero no el único.
Nuevatribuna.es ha querido hacerse también eco de otro atropello a la libertad de expresión que aunque menos trascendente y notorio pone igualmente en evidencia la vulneración del deber de informar y el derecho a ser informado que marca el artículo 20 de la Constitución Española.
Nos referimos a la condena dictada por el tribunal Supremo contra la revista Cuadernos del Sureste, en Lanzarote, una publicación que se significó como uno de los pocos, por no decir el único medio de comunicación, que se ha atrevido hasta ahora a denunciar los casos de corrupción en esta isla canaria.
La pesadilla para los miembros de la redacción de esta revista empezó en 2003 cuando un juez ordenó su secuestro, es decir, el cierre de la misma, tras publicarse un reportaje sobre las actividades corruptas de un funcionario. Se trataba de Felipe Fernández Camero, abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, que ejerció de apoderado de sociedades con intereses inmobiliarios en la isla incurriendo así en incompatibilidad con su cargo público. Aunque Camero fue destituido por el Ministerio de Administraciones Públicas –está también imputado en dos procesos de corrupción- la justicia ha permitido que sea indemnizado con 15.000 euros por el reportaje publicado en Cuadernos del Sureste, revista que dejó de salir definitivamente en 2004.
Lo más sorprendente del caso es que tres de los cuatro jueces que han llevado este caso reconocieron la veracidad de la información, siendo tan solo el Tribunal Supremo el que ha dado la razón al demandante, muy bien conectado, al parecer, con las instancias judiciales de Arrecife. De hecho, el juzgado de la capital de Lanzarote pese a reconocer como veraces y contrastadas las informaciones terminó condenando a la revista por decir que las actividades del funcionario eran “corruptas”, una sentencia que fue posteriormente revocada por la Audiencia Provincial de Las Palmas al entender que el término “corrupción” se había utilizado en un sentido coloquial y no suponía ningún insulto ni vulneraba el derecho al honor del secretario del Ayuntamiento.
Hasta ese momento, todas las instancias admitieron que los hechos sobre los que se sustentaba la denuncia periodística eran ciertos, todas menos el Tribunal Supremo, cuyo ponente Xavier O’Callaghan consideró que lo publicado eran simples “juicios de valor” sin base informativa.
El caso es que el portavoz de esta revista, Jorge Marsá y otros tres compañeros de redacción han tenido que desembolsar 15.000 euros más los correspondientes costes procesales para indemnizar al demandante sin que ello haya impedido que Marsá recurra al Tribunal Constitucional en un escrito presentado el pasado 30 de diciembre y, en caso de ser denegada la admisión a trámite, el asunto será llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
A este tribunal precisamente hace referencia Marsá, en conversación con nuevatribuna.es, destacando que Estrasburgo ya determinó el papel que debe jugar la prensa en una democracia como “perro guardián” de la misma. Este periodista considera “preocupante” el comportamiento de la justicia en asuntos como el que él mismo ha sufrido o la sentencia contra la SER que califica de “inaudita”, sin olvidar –recuerda- el secuestro en 2007 de la revista El Jueves por “injurias al Rey”.
Marsá destaca que en un lugar como Lanzarote resulta “imprescindible” este tipo de denuncias dado que los fiscales siguen sin actuar por su cuenta, señala. El caso le llama aún más la atención después de que hace poco oyera al presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lamentar que en España los ciudadanos denuncian poco los casos de corrupción, lo que a Marsá no le extraña viendo cómo se comportan los tribunales condenando a los que se atreven a denunciar este tipo de comportamientos corruptos.
