La opción indemnizatoria conlleva abonar un montante total de unos 80 millones de euros entre todas las personas despedidas, “una cifra desorbitada en un contexto de crisis como el actual y que debería hacer replantearse al Gobierno de Madrid su decisión"
El Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en abril de 2013 consideró “no ajustado a derecho” el despido colectivo de 861 personas trabajadoras de Telemadrid. Los cientos de trabajadores concentrados frente al Tribunal Supremo han acogido la noticia con cierta decepción, después de que a las nueve de la mañana salieran en marcha desde la sede de la cadena madrileña hasta las puertas del tribunal para exigir justicia. El comité de empresa ha manifestado que se alegra del fallo del tribunal aunque hubiera preferido que el ERE se declarara nulo, tal y como se había solicitado en las demandas colectivas planteadas por la representación sindical. La nulidad habría supuesto el reingreso automático del personal despedido a sus puestos. Sin embargo, con una sentencia de despido improcedente, es la empresa la que decidirá ahora si readmite o indemniza, lo que supondría pagar 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades (y no los 20 días/12 mensualidades que ya les abonó en el momento del despido).
La opción indemnizatoria conlleva abonar un montante total de unos 80 millones de euros entre todas las personas despedidas, “una cifra desorbitada en un contexto de crisis como el actual y que debería hacer replantearse al Gobierno de Madrid su decisión, teniendo en cuenta que este coste repercute sobre la ciudadanía. Por ello la representación sindical exigirá a la Comunidad de Madrid la readmisión de las trabajadoras y trabajadores despedidos”.
La Justicia ha dado la razón a la plantilla con esta sentencia, lo que supone “un varapalo para las posiciones despóticas del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha intentado coaccionar al tribunal con constantes amenazas, afirmando que una victoria judicial de la parte social conllevaría el cierre de Telemadrid”, afirman desde CCOO.
CCOO insiste en que seguirá defendiendo la necesidad de este servicio público de radiodifusión y continuará movilizándose hasta conseguir la readmisión de toda la plantilla despedida de Radio Televisión Madrid, un ente público que puede ser viable económicamente si se gestiona con independencia de los intereses políticos y al margen de las presiones empresariales que defienden su privatización.
