nuevatribuna.es
15 de abril de 2010, 7:38
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 13.4.2010
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recordado este martes que en Europa "se respetan los derechos de las personas sean ilegales o no" y que "una cosa es la lucha contra la inmigración ilegal en frontera y otra es la lucha contra la inmigración ilegal dentro de cada país". El ministro se ha preguntado si los inmigrantes ilegales tienen derechos. "Pues claro que los tienen. O ¿es que hay algún español que piense que el hijo de un inmigrante ilegal no tiene derecho a asistir a la escuela en España?. ¿Verdad que no hay ninguno?
El ministro ha hecho estas declaraciones en Bruselas, a propósito de las delaciones de 'sin papeles' que ha puesto en marcha el ayuntamiento de Vic. Esta localidad catalana, gobernada por CiU, PSC y ERC, anunció el pasado mes de enero su intención de no empadronar a más inmigrantes irregulares pero dio marcha atrás tras un informe de la Abogacía del Estado que concluía que esto sería ilegal. A renglón seguido, ha decidido poner en marcha otra medida: informar "caso a caso" a la Delegación del Gobierno en Cataluña de los inmigrantes empadronados en la ciudad que se encuentren en situación irregular en España y que "no tengan los requisitos de residencia legales". Esta práctica entró en vigo este pasado lunes aunque la delegación del Gobierno asegura que aún no ha recibido ningún informe.
Para aplicar este sistema de delaciones, el ayuntamiento ha retorcido las directivas comunitarias sobre el tema, hasta el punto de que el primer teniente de alcalde de Vic, Xavier Solà (CiU), ha asegurado que lo que el consistorio pretende es no "prevaricar por omisión", ya que, según ha dicho, se podría dar el caso de que un fiscal actuara en contra del ente municipal por incumplir las indicaciones de la Unión Europea. En realidad, lo que indica Bruselas y recientemente ha reiterado la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, es que "las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio". Es decir, que lo que exige Bruselas es que la situación de estos inmigrantes se clarifique cuanto antes, sin pronunciarse sobre si deben registrarse o no las personas en situación irregular.
El alcalde de Vic, Josep Maria Abadal (CIU), se escuda, una vez más, en que el sistema está "mal montado" porque "si los derechos son universales, no debería ser obligatorio empadronarse para acceder a la sanidad y educación". La Generalitat rehusa la iniciativa y acusa a CIU de tener la "tentación" de utilizar la inmigración irregular para obtener réditos electorales. Y el líder de CiU, Artur Mas, intenta nada y guardar la ropa. Asegura que el discurso general de CiU sobre la inmigración no es contra la inmigración, pero tampoco es el de puertas abiertas e intenta justificar que su formación de libertad a sus alcaldes para denunciar o no a los inmigrantes irregulares.
Quien no oculta su entusiasmo es el PP. El presidente de este partid en Cataluña, Alberto Fernández Díaz, ha pedido al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que también informe al Gobierno sobre los inmigrantes 'sin papeles' que figuren o se inscriban en el padrón de la capital catalana. También en este caso se apela a intereses electoralistas para criticar al rival político. Según Fernández Díaz, Hereu está más pendiente del voto de los inmigrantes que de la cohesión social y lo que pretende es captar el respaldo de los cerca de 15.000 inmigrantes ilegales que viven en la ciudad y que no disponen de un domicilio fijo pero que sí podrán votar.
Por su parte, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Catalunya), Rafael Ribó, ha recordado que la ley obliga los ayuntamientos a empadronar a los inmigrantes sin papeles y que es la Agencia de Protección de Datos quien debe examinar la decisión de Vic.
El Gobierno central, mientras tanto, ha avisado de que el asunto está ya en manos del Servicio Jurídico del Estado que está procediendo a su estudio. A la espera de que el estudio arroje alguna conclusión, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que el Ejecutivo "no comparte en principio" la decisión del alcade de Vic.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recordado este martes que en Europa "se respetan los derechos de las personas sean ilegales o no" y que "una cosa es la lucha contra la inmigración ilegal en frontera y otra es la lucha contra la inmigración ilegal dentro de cada país". El ministro se ha preguntado si los inmigrantes ilegales tienen derechos. "Pues claro que los tienen. O ¿es que hay algún español que piense que el hijo de un inmigrante ilegal no tiene derecho a asistir a la escuela en España?. ¿Verdad que no hay ninguno?
El ministro ha hecho estas declaraciones en Bruselas, a propósito de las delaciones de 'sin papeles' que ha puesto en marcha el ayuntamiento de Vic. Esta localidad catalana, gobernada por CiU, PSC y ERC, anunció el pasado mes de enero su intención de no empadronar a más inmigrantes irregulares pero dio marcha atrás tras un informe de la Abogacía del Estado que concluía que esto sería ilegal. A renglón seguido, ha decidido poner en marcha otra medida: informar "caso a caso" a la Delegación del Gobierno en Cataluña de los inmigrantes empadronados en la ciudad que se encuentren en situación irregular en España y que "no tengan los requisitos de residencia legales". Esta práctica entró en vigo este pasado lunes aunque la delegación del Gobierno asegura que aún no ha recibido ningún informe.
Para aplicar este sistema de delaciones, el ayuntamiento ha retorcido las directivas comunitarias sobre el tema, hasta el punto de que el primer teniente de alcalde de Vic, Xavier Solà (CiU), ha asegurado que lo que el consistorio pretende es no "prevaricar por omisión", ya que, según ha dicho, se podría dar el caso de que un fiscal actuara en contra del ente municipal por incumplir las indicaciones de la Unión Europea. En realidad, lo que indica Bruselas y recientemente ha reiterado la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, es que "las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio". Es decir, que lo que exige Bruselas es que la situación de estos inmigrantes se clarifique cuanto antes, sin pronunciarse sobre si deben registrarse o no las personas en situación irregular.
El alcalde de Vic, Josep Maria Abadal (CIU), se escuda, una vez más, en que el sistema está "mal montado" porque "si los derechos son universales, no debería ser obligatorio empadronarse para acceder a la sanidad y educación". La Generalitat rehusa la iniciativa y acusa a CIU de tener la "tentación" de utilizar la inmigración irregular para obtener réditos electorales. Y el líder de CiU, Artur Mas, intenta nada y guardar la ropa. Asegura que el discurso general de CiU sobre la inmigración no es contra la inmigración, pero tampoco es el de puertas abiertas e intenta justificar que su formación de libertad a sus alcaldes para denunciar o no a los inmigrantes irregulares.
Quien no oculta su entusiasmo es el PP. El presidente de este partid en Cataluña, Alberto Fernández Díaz, ha pedido al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que también informe al Gobierno sobre los inmigrantes 'sin papeles' que figuren o se inscriban en el padrón de la capital catalana. También en este caso se apela a intereses electoralistas para criticar al rival político. Según Fernández Díaz, Hereu está más pendiente del voto de los inmigrantes que de la cohesión social y lo que pretende es captar el respaldo de los cerca de 15.000 inmigrantes ilegales que viven en la ciudad y que no disponen de un domicilio fijo pero que sí podrán votar.
Por su parte, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Catalunya), Rafael Ribó, ha recordado que la ley obliga los ayuntamientos a empadronar a los inmigrantes sin papeles y que es la Agencia de Protección de Datos quien debe examinar la decisión de Vic.
El Gobierno central, mientras tanto, ha avisado de que el asunto está ya en manos del Servicio Jurídico del Estado que está procediendo a su estudio. A la espera de que el estudio arroje alguna conclusión, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que el Ejecutivo "no comparte en principio" la decisión del alcade de Vic.
