- UGT considera que, a pesar del crecimiento económico, los PGE 2018 en materia de Servicios Sociales reflejan sus políticas de restricción del gasto social.
- Las Cuentas reflejan que la dependencia sigue sin ser su prioridad. Se destina menos dinero en 2018, con respecto a 2011, y se encuentran en lista de espera casi 300.000 personas, a las que se reconoce este derecho, pero todavía no han recibido ningún tipo de prestación.
- El sindicato resalta también que el Ministerio externaliza sus competencias al Tercer Sector y pretende sustituir el diálogo social (con empresarios y sindicatos) por el diálogo civil.
El Proyecto de Ley de los PGE 2018 en materia de Servicios Sociales, no aporta ninguna novedad importante, es imagen de las políticas de restricción en gasto social del actual Gobierno. A pesar de la recuperación económica, no se destina el dinero necesario para suplir los recortes realizados durante la crisis, y desde luego no se alcanzan los niveles de recursos previos a la crisis, lo que afecta a la cobertura que se ofrece a los ciudadanos.
El presupuesto destinado al IMSERSO se incrementa en un 3,2% para el año 2018, pero está subida responde fundamentalmente al incremento del nivel mínimo destinado a la atención a la dependencia y a una asignación económica (20 millones de euros) para las personas afectadas por la Talidomina.
Dependencia: se destina menos que en 2011
Hay que aclarar que, aunque se incrementa el dinero destinado al Programa de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (un 3,42%, esto es en cerca de 46 millones) esta subida no va a suponer una mejora en la protección a las personas dependientes, ni en la gestión de este sistema de protección. El aumento responde, únicamente, a financiar el nivel mínimo de protección establecido por la propia Ley de Dependencia. Además, hay que destacar que esta cifra es el remanente del ejercicio anterior, cuya cuantía no se llegó a utilizar al aprobarse ya avanzado el año 2017.
La protección a las personas con dependencia no es algo imprevisto, a 28 de febrero de 2018 las personas beneficiarias con derecho a prestación llegaron a ser 1.258.006, de las cuales están atendidas 959.492 y se encuentran en la lista de espera 298.514, que por el momento no reciben ningún tipo de prestación.
Otra cifra contundente sobre la despreocupación del Gobierno en materia de atención a las personas dependientes es que en el año 2011, los presupuestos consignados para este sistema eran superiores a los que se dedican en 2018 (1.498.422 miles de euros, frente a 1.307.972 miles de euros). Entonces los beneficiarios estimados eran 1.092.872 personas. Por otra parte, resulta sorprendente que en 2016 y 2017 no se estimen cuántos van a ser los beneficiarios globales del sistema.
Más allá del IMSERSO, el resto de los recursos presupuestados se engloban en “Otros servicios sociales del Estado”, donde se engloban la atención a las necesidades sociales de determinados colectivos y las situaciones de pobreza y exclusión social.
El Ministerio vuelca muchas de sus responsabilidades en el Tercer Sector, en detrimento del diálogo social
La intención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tal y como aparece en la descripción de sus futuras líneas de actuación, es el fortalecimiento de las entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado. Está supliendo la participación y el papel de los interlocutores sociales, a través del diálogo social (quizás porque los sindicatos seamos más críticos y vigilantes ante determinadas actuaciones del Gobierno) por el diálogo civil, a través de la participación del Tercer Sector y de las plataformas en las que se agrupan. Además, el Ministerio vuelca en ellas la responsabilidad que le compete, es decir externaliza, en masa, las acciones de igualdad y políticas públicas que son responsabilidad de las administraciones (esto ocurre, por ejemplo, en la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, la atención a la infancia y las familias o en la promoción de programas sociales en materia de discapacidad)
Otras dos cuestiones que destacan es que se destina el mismo presupuesto que desde el año 2013 a las actividades de lucha contra el SIDA y que en los Presupuestos de 2018 se continuarán los trabajos para avanzar en la implantación de la nueva Tarjeta Social Universal (que contendrá información acerca de las prestaciones económicas que perciben los ciudadanos, a cargo de las administraciones públicas).
