En un solo contrato se conceden varias prestaciones: construcción del edificio, suministro de todos los víveres al hospital durante 15 años, cafetería de personal, cafetería de visitantes, máquinas de vending y comedor de guardia
La dirección del hospital argumenta que las cocinas no se están privatizando porque el personal de cocinas seguirá siendo público. Eso es cierto pero el edificio, las máquinas y el mantenimiento de ambas pertenecerán a una empresa privada durante 15 años, y la misma empresa se encargará de suministrar los víveres y dar de comer al personal de guardia, al de quirófanos y a los donantes de sangre. Esto es claramente un avance de la privatización. No es difícil imaginar cuál será el siguiente paso. El modelo económico PFI, con el que la concesionaria paga y construye el edificio de cocinas a cambio de su explotación económica, es el mismo que el de los hospitales construidos por el gobierno de Esperanza Aguirre, plagados de sobrecostes. Un modelo que, además de Podemos y PSOE, incluso el Tribunal de Cuentas Europeo rechaza. Se pretende instaurar un sistema, la línea fría, que si bien en establecimientos de calidad puede dar buenos resultados, en el caso del SERMAS es la causa de que la comida del hospital Gregorio Marañón tenga la tercera peor puntuación de entre los 33 hospitales de la red pública.
Incongruencia con la reforma integral del hospital
A principios de marzo, Cristina Cifuentes presentó un proyecto de reforma integral del hospital, de financiación 100% pública, que incluía las cocinas. Sin embargo, días después se anuncia un nuevo edificio de cocinas, de financiación privada. Este proyecto de privatización ya fue detenido por la movilización de las trabajadoras de las cocinas en 2014. Pero ahora que al PP le quedan meses en el gobierno de la Comunidad, a las empresas que llevan años cultivando su relación con el actual gobierno les han entrado las prisas. Por eso han vuelto impulsar esta iniciativa, sin reparar en cambiar la fecha del anteproyecto, que es de 2014.
Presuntas irregularidades
Cuando las cuentas no salen, las acaba pagando la ciudadanía mediante sobrecostes o una peor calidad del servicio
Este contrato favorece a las grandes empresas. En un solo contrato se conceden varias prestaciones: construcción del edificio, suministro de todos los víveres al hospital durante 15 años, cafetería de personal, cafetería de visitantes, máquinas de vending y comedor de guardia. Todo esto saltándose la ley: este tipo de contrato permite a la empresa concesionaria la explotación económica de la obra que ha realizado, lo que no incluye el suministro de víveres y no concuerda con que incluya las máquinas de bebidas de los centros de especialidades, incluido el de Alcobendas. La empresa que asuma el contrato debe pagar con sus propios recursos un edificio de cocinas 11 millones de euros, para recuperar su inversión con los beneficios que saque de las cafeterías y el vending después de pagar sueldos y suministros. Esto excluye automáticamente a la inmensa mayoría de las más de 400 empresas de restauración colectiva de España, que no tienen esa capacidad económica. Además, con estas condiciones el contrato es financieramente insostenible. Cuando las cuentas no salen, las acaba pagando la ciudadanía mediante sobrecostes o una peor calidad del servicio.
El historial que tienen las dos grandes empresas que participan en el concurso, Serunión y Ferroser (filial de Ferrovial), es el siguiente: Serunión acumula varios escándalos e incluso sanciones por comida en mal estado en colectividades, y en La Paz gestiona el vending con la concesión caducada desde hace siete años, y la cafetería de la misma forma desde hace cuatro, sin que en ninguno de los dos casos hayamos podido encontrar nuevos contratos válidos. Por el camino, aparecen en la cocina aparatos “regalados”, parece ser que por Serunión, sin número de inventario del hospital. Además, se ha construido una sala de descanso para el personal, llena de máquinas de vending, sin que hayamos podido encontrar el contrato de la obra, y tampoco los de la compra de los aparatos, que según la ley deben publicarse. Por otra parte, Ferroser cobra por dar una limpieza muy deficiente del hospital, y mantiene 50 trabajadoras de limpieza de baja sin sustituir, pero sin dejar de cobrar por ellos a la Comunidad de Madrid, que lo sabe y lo consiente.
