El trasvase de políticos a la empresa privada y viceversa facilita un retiro dorado a los políticos que dejan la primera línea, pero también alimenta la sospecha de que el ejecutivo y el legislativo puedan facilitar la actuación de las empresas en defensa de sus beneficios, dejando en segundo lugar el interés colectivo
La puerta giratoria es un magnífico invento. Nada más entrar en uno de sus huecos la puerta avanza y, en cuatro pasos, te encuentras en el interior. De la misma manera puedes desandar el camino, con la misma facilidad. Cuando este mecanismo se utiliza en el terreno político para pasar de un cargo público a la empresa privada, y viceversa, se producen situaciones de intensa promiscuidad con la presencia de graves conflictos de interés. Las empresas que contratan políticos para cargos de dirección no lo hacen por altruismo: tienen más interés en la agenda personal, en el conocimiento de la Administración, en la experiencia acumulada, en la capacidad de influencia y en la información privilegiada que aportan. Son las bases para realizar negocios con ventaja, para obtener privilegios sin forzar la legalidad e incluso para realizar prácticas que caen de lleno en la categoría de la corrupción. En los últimos años hubo muchos políticos (del PP y del PSOE, sobre todo) que ocuparon plazas de privilegio en las grandes empresas.
En este año pasado hubo varios episodios que pusieron en evidencia la intensa interconexión de los intereses privados con los poderes públicos: la riqueza oculta de Bárcenas y los pagos con sobres en la propia sed del PP, el lujoso ático marbellí de Ignacio González, el fichaje de un exconsejero de Madrid (Güemes) por la empresa que realiza los análisis clínicos de la comunidad (servicio qué él mismo privatizó), la incorporación de Rato a Telefónica (empresa que entregó a manos privadas cuando era ministro de Aznar), o el desembarco de Esperanza Aguirre en una empresa de "cazatalentos". Estos hechos provocan indignación colectiva pero los grandes partidos no muestran especial diligencia para evitarlos.
La corrupción es percibida por la mayoría como uno de los principales problemas de nuestra sociedad. El trasvase de políticos a la empresa privada y viceversa facilita un retiro dorado a los políticos que dejan la primera línea, pero también alimenta la sospecha de que el ejecutivo y el legislativo puedan facilitar la actuación de las empresas en defensa de sus beneficios, dejando en segundo lugar el interés colectivo. Cada vez se conocen más casos de políticos que utilizan la estrategia del "caballo de Troya": acceden a cargos públicos para defender intereses privados. En el terreno sanitario los ejemplos son múltiples. Veamos el perfil de algunos personajes que practican con habilidad el "revolving door":
- Rocio Mosquera, actual conselleira de Sanidade en Galicia, ejerció durante muchos años un cargo directivo del grupo Nosa Terra, propietaria de Povisa (hospital privado de Vigo que tiene un concierto singular con el Sergas, renovado recientemente). En las negociaciones con este grupo (para que cumpla los objetivos asistenciales y para la renovación del concierto particular) tiene un grave conflicto de intereses que debería bastar para inhabilitarla para el ejercicio de este cargo. Cuando fue nombrada conselleira también tuvo que dar explicaciones en el Parlamento sobre el turbio nombramiento de su marido para una jefatura en el Hospital de Santiago, y sobre la presencia de una hija en la consultora PwC (que participó en la adjudicación del hospital de Vigo).
- Manuel Martín Ferrer fue, durante varios años, un alto cargo de la Generalitat valenciana. Su misión era supervisar desde la Administración a la empresa Ribera Salud UTE (concesionaria de la gestión del hospital de Alzira). En septiembre de 2007 utilizó la puerta giratoria y pasó a ocupar el cargo de mayor responsabilidad en dicha compañía: director del departamento de salud.
- Manuel Lamela estuvo como consejero de Sanidad en Madrid desde 2003 a 2007. En 2005 alcanzó notoriedad mediática, después de que denunciara a los médicos de Urgencias del hospital de Leganés, encabezados por Luís Montes, por realizar presuntas sedaciones irregulares a pacientes en situación terminal. La justicia lo dió la razón al doctor Montes y su equipo, después de un largo juicio, pero el daño causado al prestigio del hospital y a los profesionales (que marcharon a trabajar en otros lugares) es ya irreparable. La caverna mediática utilizó este asunto de manera cruel señalando a los acusados como presuntos asesinos. Lamela también tuvo que comparecer, imputado por denuncia falsa. Cuando dejó el gobierno de la condesa Aguirre continuó colaborando con su antiguo padrino, Rodrigo Rato, y ocupó un puesto como consejero de Caja Madrid (grupo Bankia). También creó y se situó como presidente de las sociedades Madrid Medical Destination SL, Madrid Ciudad de la Salud y Madrid Centro Médico (MCM), que pretenden "potenciar el turismo sanitario de primer nivel". En la presentación pública de MCM estuvo acompañado por altos cargos de la comunidad y del ayuntamiento, instituciones que apoyaron estos proyectos con créditos y subvenciones. Recientemente se supo que la ministra de Sanidad contrató a una empresa de Lamela para organizar la gestión del hospital de Melilla (excelente plataforma para captar clientela marroquí para sus proyectos de turismo sanitario).
- Juan José Güemes fue el sustituto de Lamela. Dejó el puesto de consejero en 2010 y fichó por la escuela de negocios IE. Este joven licenciado en Económicas, formado en un colegio del Opus Dei, tuvo una carrera meteórica: a principios de los años noventa ya formaba parte del equipo de Rodrigo Rato. En 2003 la condesa Aguirre lo nombró Consejero de Empleo y Mujer, y después fue el máximo responsable de la sanidad madrileña. Está casado, de segundas, con Andrea Fabra, hija del cacique de Castellón (famoso por su fortuna en el juego de la lotería y por construir aeropuertos donde no aterrizan los aviones). Esta diputada del PP se hizo famosa por una breve intervención parlamentaria: gritó desde su escaño "¡que si jodan!!" cuando Mariano Rajoy anunciaba recortes en las prestaciones a los parados. Güemes siempre tuvo buena vista para los negocios: con su primera mujer se lucró con el ladrillo pues su suegro era un afamado promotor inmobiliario. "Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa", les decía a los empresarios en la presentación del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Madrid, en 2008. Él también aprovechó la suya. Antes de dejar la consejería privatizó los análisis clínicos de Madrid. La empresa Unilabs, que si hizo con el control de este servicio, por lo que recibe una elevada remuneración, nombró consejero a Güemes. La publicación de esta noticia, a primeros de enero de 2013, provocó un enorme alboroto mediático que lo llevó a dejar el recién estrenado cargo. No debemos preocuparnos por su futuro ya que sigue presente en seis consejos de administración, pero deberá enfrentarse a la justicia (junto con Lamela) ya que está imputado por cohecho y prevaricación, tras una querella presentada por los sanitaros de Afem.
- Antonio Burgueño es, probablemente, menos conocido que los anteriores, pero es el paradigma del "caballo de Troya". Admirador de la sanidad de los EE.UU. ha participado en numerosos debates. Llegó a afirmar que los médicos de la sanidad pública sólo se dedican a la burocracia y también dijo que "el pago al médico por el paciente redundaría en un modelo más entrañable". Este hombre duro es el principal ideólogo del plan sanitario de Madrid, que plantea la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. Ahora es director general de hospitales de la comunidad de Madrid, pero pasó más de veinte años como ejecutivo en empresas sanitarias privadas. Como director asistencial de Adeslas puso en marcha el hospital de Alzira. Asesoró a Capio en la construcción del hospital de Valdemoro. Su hijo es un alto cargo en Ribera Salud.
Ribera Salud y Capio (ahora denominada IDC Salud) son las empresas más beneficiadas por la política de privatizaciones sanitarias. Rivera Salud fue creada por la Generalitat valenciana en 1997 para dar respaldo financiero al hospital de Alzira. Hoy es el primer operador de hospitales públicos por concesión, facturó en 2011 casi cuatrocientos millones de euros y todos sus ingresos proceden de contratos con las comunidades de Madrid y Valencia. Capio gestiona varios hospitales públicos y facturó 673 millones de euros en 2011. El 75% de esta cantidad procede de las arcas públicas. Está controlada por el fondo de capital riesgo CVC con sed en el paraíso fiscal de Luxemburgo.
Los expertos advierten del enorme riesgo de "captura del regulador": estas empresas tan potentes llegan a tener tal influencia que pueden someter a la Administración, anular su función inspectora y convertila en defensora de los intereses de la empresa dominante en vez de proteger el interés general. Hay un peligro cierto de pasar del monopolio público al oligopolio privado. Joaquín Estefanía advertía en un artículo: "privatizaron la banca pública, la energía pública y las telecomunicaciones públicas, entre otros sectores estratégicos. Ahora quieren hacer lo mismo con la sanidad y la educación públicas aunque lo nieguen".
