El gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP están adoptando decisiones muy relevantes en el terreno sanitario impulsados por dos tipos de motivaciones: por razones ideológicas y por afán de lucro.
El PP está imponiendo medidas -como el RD 16/2012- que nos devuelven a una sanidad dualizada (puerta para los ricos, puerta para los pobres; seguros privados para los poderosos, beneficencia para los más necesitados) en la que sectores de la población cada vez más amplios quedarán excluídos de la cobertura sanitaria universal, que constituye un elemento clave para la cohesión social y la equidad. Las medidas impuestas con el desarrollo de esta ley llevan a millares de personas al borde de la pobreza y la exclusión social, mientras los seguros privados están aumentando su mercado de forma progresiva. La ideología clasista y supremacista de los actuales dirigentes es la que los impulsa a imponer estas decisiones (incumpliendo de forma soez las promesas electorales, aun tan próximas).
Pero hay otra razón poderosa para la toma de decisiones desde el poder político: la búsqueda de lucro privado la costa del dinero público. Recordemos que alrededor del cuarenta por ciento del presupuesto de las Comunidades Autónomas va destinado a los servicios sanitarios. Es mucho dinero el que mueve la sanidad pública para que los actuales dirigentes -y los empresarios y financieros afines que actúan como lobbies- lo dejen circular, para el beneficio colectivo, sin intentar su apropiación.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) español es uno de los más eficientes del mundo, pues consigue unos excelentes indicadores con una inversión del PIB de las más bajas del entorno. Pero aún así, desde la publicación del Informe Abril en 1991, la derecha española repite continuamente las mismas falacias: el sistema sanitario es insostenible, y se hace preciso separar financiación de provisión de los servicios pues la gestión privada es mas eficiente que la pública.
Los servicios públicos son viables si hay voluntad política de apoyarlos (aumentando los ingresos públicos con una fiscalidad progresiva), y el sector privado -los llamados mercados- ya tiene probada su inoperancia: empresarios y sector financiero son los responsables de la crisis que ahora castiga a los trabajadores. Las experiencias en otros países tampoco apoyan las medidas externalizadoras: la privatización de los hospitales del Reino Unido, en tiempos de Margaret Thacher, provocó uno grave deterioro del NHS, hasta aquel momento un referente a nivel internacional. Pero, en contra de toda evidencia, el PP impulsa sin desmayo las medidas privatizadoras del SNS. La privatización puede ser completa (mediante la concesión de la gestión hospitalaria a una empresa) o parcial (por medio de las llamadas externalizaciones, que ponen en manos privadas aquellas parcelas de la actividad sanitaria con más posibilidades de producirles beneficios).
-El primer hospital privatizado en España fue el de Alzira (Valencia), inaugurado en 1999, gestionado por una Unión Temporal de Empresas (UTE) mediante una concesión administrativa: la Generalitat paga un canon anual por la población atendida y la empresa se encarga de la gestión completa del hospital. Pero las cuentas no salían y en 2003 el gobierno valenciano rescató Alzira e incrementó su canon. A pesar de esta experiencia negativa las privatizaciones continuaron y hoy sabemos el resultado: el 20% de la población de Valencia recibe asistencia sanitaria mediante este modelo de concesión, la sanidad valenciana está en quiebra y la empresa que puso en marcha Alzira, Ribera Salud, hoy es un gigante de la sanidad, que gestiona numerosos servicios en todo el Estado (sobre todo en Valencia y Madrid). Sin reparar en las consecuencias negativas de esta experiencia, el PP sigue impulsando la privatización completa de los centros sanitarios: en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Galicia. La intensa contestación social contra estas medidas y el clima de incertidumbre que vive el sistema financiero hacen que muchos de estos proyectos avancen con dificultad o incluso estén parados en este momento (como el nuevo hospital de Vigo, donde la UTE responsable del proyecto no fue capaz de conseguir financiación para continuar la construcción). Pero los dirigentes del PP tienen un plan B: allí donde no es posible la privatización completa del hospital realizan externalizaciones masivas e impulsan experimentos como las Unidades de Gestión Clínica (UGC) que facilitan el camino de la privatización de amplias áreas de la actividad sanitaria.
-Las externalizaciones. En todas las comunidades se realizan pero, en Galicia, Núñez Feijóo ya avisó hace tiempo: es partidario de privatizar todo el que no sea el núcleo duro de la sanidad. Ya existían tareas privatizadas (hostelería, seguridad, limpieza, mantenimiento, cocina), pero él comenzó una carrera contrarreloj que aun no ha finalizado. Los servicios de información, la central de llamadas, la plataforma informática, la central de compras, el centro de almacenamiento y suministro, etc. Todas estas áreas fueron entregadas a manos privadas para su gestión. La última privatización conocida es la de la gestion de la alta tecnología diagnóstica y terapéutica. Mediante la figura administrativa del "diálogo competitivo" el Sergas cede a las empresas privadas del sector el control de la renovación tecnológica de sus centros con un contrato que puede llegar a los 200 millones de euros. La Administración abandona su deber de control y supervisión y le concede a las empresas la capacidad de decidir la implantación de nuevas tecnologías diagnósticas, muy caras y con problemas técnicos no resueltos, por lo que no se utilizan aun para el diagnóstico clínico (en Europa ni en los EE.UU.) por no estar debidamente evaluadas ni contrastada su relevancia para la práctica clínica. El Sergas pagará los costes, los pacientes asumirán los riesgos -de someterse a exploraciones poco evaluadas-, y las empresas podrán conseguir elevados beneficios.
-Las Unidades de Gestión Clínica. Esta propuesta obedece a un propósito. Allí donde no pueden privatizar el hospital entero intentarán privatizar determinadas áreas clínicas, sobre todo aquellas capaces de proporcionar más beneficio económico. Los promotores de esta estrategia mezclan, con toda la intención, propuestas clínicas y organizativas (integración de Primaria y Especializada, coordinación de niveles, impulso de los procesos asistenciales) con cuestiones gerenciales y laborales que no tienen ninguna relación. Para promover la coordinación asistencial no es preciso modificar el régimen jurídico del personal ni la personalidad jurídica de las unidades que la llevan a cabo.
El Ministerio de Sanidad y el llamado "Foro de la Profesión Médica" acordaron que “se promoverá un marco jurídico específico del profesional médico del SNS y un modelo de retribución voluntario vinculado a la gestión clínica qué favorezca los principios de excelencia profesional y de gobernanza del sistema sanitario público". Esto supone que el personal que se integre deberá aceptar la laboralización, con la pérdida de los derechos que hoy tiene el personal estatutario, y las UGC podrán constituirse en empresas autónomas con personalidad jurídica propia y con participación del sector privado. Esto representa un serio peligro para el futuro de los centros sanitarios y de su personal. Podrán crear microempresas dentro de los centros para competir entre sí y con la posibilidad de dar entrada a empresas sanitarias, industria farmacéutica y de tecnología sanitaria en la provisión y gestión de los servicios. Este desorden va a facilitar la prevalencia de los intereses privados sobre los criterios de servicio público. El SNS puede quedar fragmentado en numerosos reinos de taifas, de los que sacarían beneficio el capital privado y los grupos empresariales. El Sergas ya está promoviendo a las UGC en las áreas sanitarias y va a publicar un Decreto para amparar este proyecto. Si no encuentra resistencia continuará en esta estrategia privatizadora, que beneficia a las empresas y a la pléyade de gerentes que hoy viven del sistema, pero representa un severo perjuicio para los trabajadores sanitarios y los usuarios de la sanidad pública.
Por Pablo Vaamonde. Médico de Familia (A Coruña)
