viernes. 29.03.2024
centros médicos

En mis más de treinta años de experiencia como médico en atención primaria he adquirido, empíricamente, los conocimientos de gestión sanitaria necesarios (sin haberme dedicado a esta parcela ni haber tenido vocación para hacerlo, aunque sí alguna propuesta rechazada por mi parte) para elaborar unas convicciones surgidas en el día a día de contacto con los pacientes, tanto en atención continuada como en atención de urgencias. Una de ellas es la certidumbre de que  cada euro que se invierte en recursos humanos e infraestructura de atención primaria, redunda en un beneficio que repercute –entre otros muchos– en la desmasificación de las listas de espera de los especialistas y en la descongestión de las urgencias hospitalarias, con el consiguiente beneficio para la calidad asistencial y la reducción en el gasto sanitario.

A pesar de que los modelos sanitarios sean distintos, es constatable que los problemas que afectan a la medicina familiar y comunitaria (MFyC) son muy similares en todos los países de nuestro entorno; del mismo modo coinciden los motivos que hacen acudir a los pacientes de la Europa comunitaria a los centros de salud.

Aunque las respuestas de cada sistema sanitario varíen según la medicina esté socializada (como en España y el Reino Unido), o sea más libre como en Francia y Alemania, por regla general, se constata también que las quejas de los usuarios y de los profesionales son las mismas.

En España se produjo un considerable cambio en la atención primaria con la reforma llevada a cabo a finales de los años ochenta y principios de los noventa (progresivamente y variando en el tiempo según distintas comunidades autónomas) consistente en la transición desde el modelo tradicional de los ambulatorios y los consultorios rurales (por lo general, la casa del médico) vigentes desde el franquismo, a los modernos Centros de Salud actualmente vigentes. Sin embargo, y pese a la clara mejoría que supuso aquél cambio de modelo, los problemas asistenciales en atención primaria se han ido acentuando, sobre todo durante la última década, plasmándose a través de indicadores como la masificación de los centros de salud, la demora en conseguir cita y la consiguiente saturación de los servicios de urgencias de atención primaria a los que se acude por patologías banales que deberían haberse resuelto por el médico de cabecera ese mismo día.

Otro de los problemas que afectan a la atención primaria (y que repercute en el anterior) es que no se sustituye a los médicos de familia ausentes por bajas o vacaciones, o se hace sólo de forma parcial, repercutiendo en una sobrecarga de trabajo para el equipo de atención primaria al no aumentarse la plantilla en estas situaciones excepcionales.

Es encomiable que pese a esta frecuente contingencia, la asistencia que se presta siga siendo de la mejor calidad –según la opinión que de los médicos de familia tienen sus pacientes– gracias al esfuerzo de los profesionales a costa de incrementar las probabilidades de quemarse en su trabajo desarrollando un síndrome de burnout por el estrés continuado a que se ven sometidos en su trabajo y que acaba repercutiendo en un bajo rendimiento e incluso en bajas laborales que agravan el problema al no ser sustituidas muchas veces por falta de recursos.

Es incuestionable que la crisis económica ha repercutido en la merma presupuestaria que penaliza a las inversiones en sanidad, sin embargo, a pesar de la escasez de recursos para sustituciones y de que apenas se creen nuevas plazas, los cupos están hoy mejor dismensionados que hace unos años.

No obstante, el esfuerzo por parte de la administración en la gestión sanitaria, debería centrarse en potenciar la inversión en las bases de la sanidad, es decir, en la atención primaria, aumentando los recursos humanos y confiriendo al personal más autonomía en la solicitud de pruebas, evidentemente incrementando la plantilla en función de las nuevas competencias que cada centro de salud asuma.

Si los médicos de familia pudieran solicitar más pruebas (actualmente limitadas a especialistas y penalizadas con exasperantes listas de espera), serían más resolutivos en su capacidad para diagnosticar enfermedades y se acortaría el tiempo de inicio para tratarlas adecuadamente, descongestionándose así las consultas de los especialistas y las visitas a urgencias y a las consultas externas de los hospitales. 

Aunque, evidentemente, esto no se puede aplicar a todos los casos ni a todas las enfermedades, siempre será más rápido, barato y satisfactorio para el paciente tratar cualquier patología en atención primaria que en especializada, al menos tal y como actualmente funciona nuestro sistema de salud.

En esta propuesta de potenciar la inversión en atención primaria, es de suma importancia contar con la colaboración de los usuarios del sistema con una adecuada educación sanitaria que les enseñe a utilizar racionalmente los recursos sanitarios y no hacer un abuso de ellos, máxime en una situación de escasez presupuestaria y penuria económica como la actual en la que aun nos esperan años de vacas flacas en los que la asistencia sanitaria se podría resentir si no hubiera una actuación eficiente de los gestores y un uso racional por parte de los usuarios del sistema.

El objetivo de las reflexiones planteadas y expuestas en este artículo no es otro que intentar convencer a las autoridades sanitarias de que es más rentable invertir en la atención primaria que en los hospitales, último y más elevado y caro nivel asistencial que debería siempre reservarse para aquellas patologías que por su complejidad o mala evolución, sean competencia de una atención especializada y no del médico de atención primaria.

En este sentido, la WONCA (World Organization of Family Doctors), una organización internacional que reúne las universidades, academias y asociaciones interesadas en la práctica de la  medicina de familia y medicina general, elaboró un manifiesto en 2010 solicitando que los distintos países europeos destinasen más presupuesto económico a esta parcela sanitaria.

Invertir en atención primaria reduciría el gasto sanitario