viernes. 29.03.2024
salud

Hoy estamos viendo en España, tanto a nivel central como autonómico (y muy en especial en aquellas autonomías gobernadas por partidos conservadores-neoliberales), un ataque frontal a la Sanidad pública, una de las conquistas sociales más notables que consiguieron las clases populares en los años ochenta con la aprobación, por parte de las Cortes españolas, de la ley que establecía el sistema público de cobertura sanitaria que, aun no siendo universal (es decir, que no garantizaba el acceso a los servicios sanitarios como derecho de ciudadanía y residencia), cubría a la gran mayoría de la población española. Este Servicio Nacional de Salud no era perfecto. Traía heredadas muchas deficiencias, siendo la más importante su escasa financiación.

El Estado español, heredado de la dictadura, tenía (cuando la ley se aprobó) uno de los gastos públicos sanitarios por habitante más bajos de los países de la Unión Europea (UE) con un nivel semejante de desarrollo económico al español. Dicha subfinanciación se debía al enorme dominio que las clases pudientes en España tenían sobre el Estado español, favoreciendo unas políticas fiscales enormemente regresivas. Este dominio de clase, casi absoluto durante la dictadura liderada por el general Franco, continuó durante la época democrática. En contra de la imagen idílica de la Transición (que promueve el establishment mediático y político del país) que se dio en España de la dictadura a la democracia (que se presenta como modélica), dicha Transición fue profundamente inmodélica. Los herederos de la dictadura controlaban los aparatos del Estado y también la gran mayoría de los medios de información, mientras que las fuerzas democráticas, lideradas por las izquierdas, acababan de salir de la clandestinidad. Era imposible que una situación tan desequilibrada pudiera traducirse en una Transición modélica. 

Como resultado del dominio que las fuerzas conservadoras (instrumentos de las clases pudientes) tuvieron sobre aquel proceso, el Estado español continuó siendo un Estado muy pobre, con escasa conciencia social y muy poco redistributivo. Y los datos están ahí para todo el que quiera verlos. Incluso hoy, el Estado español (tanto central como autonómico) es (junto con Grecia y Portugal, países que también sufrieron dictaduras ultraconservadoras) el país de la UE-15 que tiene uno de los gastos públicos por habitante y, dentro de él, uno de los gastos públicos sociales per capita (incluyendo el sanitario) más bajos de la UE-15 (el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al de España), así como un Estado muy poco redistributivo.

Ahora bien, una conquista de las movilizaciones sociales —lideradas por el movimiento obrero— hizo que aquel Estado dictatorial se abriera, estableciéndose una democracia que, aun siendo muy limitada y deficiente, permitió la expresión de los deseos de las clases populares. Y entre ellas, el deseo de que el Estado garantizara los servicios públicos como Sanidad y Educación, así como las transferencias públicas, como las pensiones, fueron muy potentes. De ahí que, como resultado de tales presiones, el déficit del gasto público sanitario fuera corrigiéndose, aun cuando nunca alcanzó el nivel que hubiera correspondido a España por el nivel de desarrollo económico que tiene. El nivel de riqueza de España es elevado. Su PIB por habitante es ya del 94% del promedio de la UE-15. En cambio, su gasto público social per capita es solo el 74% del gasto promedio de la UE-15. Si fuera del 94%, España se gastaría 66 000 millones de euros más de lo que se gasta. Que no se gasten es porque el Estado no los recoge. Es decir, la riqueza para cubrir el enorme déficit de financiación del estado del bienestar español existe en España. Lo que ocurre es que el Estado no la recauda. Y que no la recaude se debe al enorme poder de las clases pudientes del país, que no contribuyen al mismo nivel que sus homólogas en la UE-15. Y es ahí donde está el problema del cual no se habla en los medios de información de mayor difusión, claramente influenciados por esas clases, que aportan poco al Estado. Como resultado de su influencia, las rentas del capital (que suponen la mayoría de las rentas de las clases más pudientes del país) aportan el Estado mucho menos que las rentas del trabajo.

Otro factor que explica la subfinanciación del estado del bienestar, incluyendo la Sanidad pública, es la manera cómo se realizó la integración de España en el euro, uno de los acontecimientos menos analizados en los medios de información. En España, el euro se estableció a costa del empobrecimiento de su estado del bienestar. El enorme dominio que el capital financiero (es decir, la banca) tiene en el establishment (la estructura de poder) europeo y en la gobernanza del euro explica que los criterios de Maastricht, que dictaban los requisitos que un país tenía que tener para entrar en el euro, se interpretaran de manera que beneficiaran a las clases pudientes a costa de las clases populares. Así, la reducción del déficit público del Estado (bajando de un 6% del PIB a un 3%) se hizo reduciendo el gasto público (y con ello, el gasto público social, incluyendo el sanitario) en lugar de subir los impuestos de las clases pudientes, que no aportaban lo que deberían aportar a las arcas del Estado. Y de ahí que la manera que se escogió para reducir el déficit empobreciera el estado del bienestar.

Y esto es lo que está ocurriendo ahora de nuevo. El déficit creado, en gran parte, por las bajadas de impuestos que tuvieron lugar en la época en que —tal como señaló el presidente Zapatero— bajar impuestos era una «política de izquierdas», se ha tenido que reducir a costa de recortes del gasto público social —incluyendo el sanitario. Ni que decir tiene que el gobierno conservador y neoliberal del PP ha acentuado todavía más estas respuestas, como bien documentan las distintas aportaciones del libro “La salud como negocio”.


Vicenç Navarro 

Catedrático de Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra

Profesor de Public Policy, Johns Hopkins University

El ataque a la Sanidad pública