El acuerdo busca “recuperar el acceso universal a la sanidad como derecho básico de todas las personas”
El acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 incluye importantes medidas en materia sanitaria que han sido bien recibidas por distintos colectivos en defensa de la sanidad pública en España.
Desandar el largo camino de privatizaciones iniciado por los gobiernos del PP tanto a nivel estatal como autonómico obliga a poner en marcha una serie de reformas que vienen recogidas en el documento firmado el pasado jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Propuestas encaminadas a “recuperar el acceso universal a la sanidad como derecho básico de todas las personas”.
En este sentido, el acuerdo recuerda que el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy modificó “unilateralmente” el derecho de la equidad y la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud “y lo vinculó a la condición de asegurado, excluyendo de esta forma a colectivos especialmente vulnerables como los inmigrantes en situación administrativa irregular y a las personas que se vieron obligadas a salir fuera de nuestro país”.
1º Garantizar la asistencia sanitaria sin trabas burocráticas
Gobierno y Podemos se comprometen a trabajar conjuntamente entre la administración central y las comunidades autónomas para garantizar una asistencia sanitaria gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria a inmigrantes, eliminando así el periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria debido a un problema burocrático o a que se pueda producir una interpretación dispar por parte de una administración. De esta forma se materializa la revocación del decreto de exclusión sanitaria del PP de 2012 que ya aprobó el Gobierno de Sánchez en junio.
2º Extender este derecho a las personas ascendientes
La asistencia sanitaria gratuita se extenderá a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijos con nacionalidad española.
3º Españoles que residan fuera de España
El acuerdo prevé garantizar la cobertura sanitaria gratuita para españoles que residan en el extranjero, muchos de ellos obligados por motivos laborales, que quedaron excluidas bajo el gobierno de Rajoy cuando su estancia era superior a 90 días.
Estas tres primeras medidas, puntualiza el documento, se harán efectivas a través del reglamento que desarrolle el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio.
4º Revertir los copagos
La imposición de copagos a los pensionistas constituye una barrea de acceso a los tratamientos perjudicando su salud. Por ello se eliminará el copago farmacéutico introducido en el Real Decreto-Ley 16/2012 del anterior Ejecutivo. Se hará de forma progresiva en esta legislatura, empezando en 2019 por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad -pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad (800 euros mensuales, en 14 pagas), es decir, unos 5 millones de pensionistas- y personas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9000 euros con un hijo o más a cargo (1,8 millones de personas).
Igualmente, se cerrará la puerta a los copagos sanitarios a los que daba pie el citado Real Decreto Ley, como los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos orto protésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que regulan dicha materia en del Real Decreto 16/2012, vía Ley de Presupuestos Generales del Estado, señala el texto.
UN IMPUESTO SOBRE LA ENFERMEDAD
La FASDP ha valorado esta medida como “un claro avance en facilitar la accesibilidad a las prestaciones farmacéuticas para un sector importante de la población, el más vulnerable económicamente”. No obstante, el colectivo demanda la eliminación de todos los copagos ya que “penalizan a las personas más pobres y más enfermas (sobre todo enfermos crónicos o pluripatológicos)”. Así lo vienen demostrando informes de la OMS en Europa que cifran en 2,18 millones de personas las que no retiraron en 2017 medicamentos prescritos por motivos económicos en lo que se ha venido a denominar "pobreza farmacéutica".
5º Blindar nuestro sistema público contra privatizaciones
Revertir el proceso privatizador de la sanidad pública llevado a cabo por el PP es uno de los principales retos en este nuevo acuerdo para unos “presupuestos sociales”.
El texto denuncia que “se ha utilizado la excusa de la crisis económica para debilitar la sanidad pública y propiciar su progresiva privatización” y subraya la necesidad de “blindar nuestro sistema sanitario contra corrientes privatizadoras y ataques por parte de sectores interesados”.
En este sentido se creará una Comisión, integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, para que en el plazo de seis meses analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertirla, blindando el carácter universal, gratuito y público de nuestro sistema sanitario.
La FADSP puntualiza que este tema “es ajeno totalmente a los presupuestos y puede ponerse en marcha de manera inmediata”.
