Parece que se inicia, por fin, un debate en torno a una cuestión clave para el funcionamiento democrático de las instituciones públicas españolas, para la eficacia en su gestión y para evitar no solo las grandes corrupciones de cifras escandalosas sino también de corruptelas generalizadas que han convertido a las administraciones en un territorio copado por caciques, con un coste económico incalculable para los contribuyentes, la calidad de los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos. El juez instructor de los famosos ERE ha abierto la caja de pandora al cuestionar la eficacia de los funcionarios de alto nivel, en este caso de los interventores, que son elegidos a dedo para ejercer un puesto concreto y casi siempre estratégico. El juez se pregunta si un empleado público puede ser objetivo a la hora de fiscalizar a quien le ha nombrado. La respuesta es no, y no sólo porque el funcionario en cuestión esté dispuesto a contentar a los que mandan o a mantenerse en el puesto a toda costa, es que si se niega a rubricar lo que le llega de ‘arriba’ su vida se puede complicar, y mucho. En el apasionante y estremecedor documental titulado “Corrupción, el organismo nocivo”, estrenado hace unos meses, aparecen varios interventores de municipios catalanes narrando la persecución a la que fueron sometidos al negarse a rubricar contratos ilícitos y denunciarlos. Uno de ellos, Fernando Urruticoechea, se echa a llorar al rememorar el sufrimiento que le infringieron en el consistorio de Castro Urdiales. Esta cinta cuenta, con toda crudeza, qué les ocurre a quienes denuncian, y plantea, además, el porqué de su invisibilidad en los medios de comunicación, y no será porque no les llegue información al respecto.
Yo soy periodista funcionaria del Ayuntamiento de Madrid y cuando en octubre de 2012 puse en conocimiento del entonces coordinador de Recursos Humanos el conflicto y la ilegal situación que se vivía en el Gabinete de Prensa desde que Alberto Ruiz-Gallardón aterrizara en la Alcaldía en 2003, se intensificó contra mí y mi entorno un acoso laboral hasta llegar al extremo de un brutal linchamiento personal y profesional. Y lo más grave, con la colaboración del staff directivo del Área de Personal y RRHH, de la Inspección General de Servicios y de la Subdirección de Riesgos Laborales, dirigidos sin disimulo por la responsable de Prensa de Ana Botella, que, por cierto, este mismo mes ha sido llamada a declarar por el caso Púnica después de que la Guardia Civil requisara documentación en su despacho.
Aquel primer escrito no era una denuncia, era un intento desesperado de resolver una situación insostenible, tanto para el servicio como para los trabajadores. Sólo por informar nos sometieron a una indecente y cruel lapidación personal y profesional. La documentación de los expedientes disciplinarios incoados a dos de las periodistas que hemos denunciado constituye la base probatoria más decisiva de cara a nuestras demandas en los Tribunales. Las mentiras de quienes declararon contra nosotras son tan obvias que el instructor del expediente, visiblemente impresionado tras la incongruente y penosa comparecencia de una de ellas, me miró y exclamó: ¡“Vete de ahí”! Cuando le rogué que no me sancionara, retiró la mirada y cabizbajo abandonó la sala.
Como afirma la filósofa y catedrática Victoria Camps en el documental al que he hecho referencia, las instituciones fallan y no porque no haya una legislación adecuada, sino porque personas con nombre y apellido transgreden la ley y nunca responderán por ello. Pagarán, como siempre, los ciudadanos. La opacidad, falta de ética, integridad y ejemplaridad de quienes deben velar por los intereses públicos es uno de los cimientos que sostiene la corrupción. También el profesor de Derecho y miembro de la organización Transparency Internacional Manuel Villoria subraya el amiguismo, el nepotismo y las redes cerradas de apoyo mutuo que funcionan sobre todo en las administraciones locales, formando una costra que infecta a toda la estructura administrativa. Y este caos se expande como los agujeros negros porque no hay voluntad política para sanear el sistema, o al menos así ha sido hasta ahora./
Alejandra Acosta es periodista funcionaria del Ayuntamiento de Madrid
