domingo 18/4/21
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Punto final a la chilena

La Corte Suprema pretende cerrar en dos años las causas por derechos humanos durante la dictadura.

"El Poder Judicial estará al servicio de la impunidad y de los violadores de los Derechos Humanos”, denuncian las víctimas

El anuncio de la Corte Suprema de Chile, imponiéndose un plazo máximo de dos años para concluir todas las causas derivadas de la violación a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), ha provocado numerosas muestras de protesta. Ese plazo de dos años es, significativamente, el tiempo que resta para el fin del mandato del presidente, Sebastián Piñera.

La justicia todavía no ha resuelto todavía los más emblemáticos que dejó la dictadura pinochetista. Ni la Caravana de la Muerte, con la que el general Sergio Arellano Stark recorrió diversas regiones del país, dejando un saldo de más de un centenar de asesinatos; ni la Operación Colombo, una operación que pretendió presentar la muerte de 119 militantes del MIR como fruto de enfrentamientos internos; ni la Operación Cóndor, en la que los gobiernos de la región colaboraron en la represión ilegal.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha denunciado que el intento de ponerle un punto final a los procesos está relacionado con la llegada a la presidencia de la Corte Suprema de Rubén Ballestero, juez que se caracterizó por sus fallos a favor de la Ley de Amnistía y la prescripción de los casos en los juicios por violaciones a los Derechos Humanos.

El juez Ballestero participó en Consejos de Guerra durante la dictadura en la ciudad de Osorno. Se opuso a que se le retirase la inmunidad a Augusto Pinochet para poder juzgarlo. En su última actividad como integrante de la segunda sala de lo penal del Tribunal Supremo, fue el único de los cinco jueces que votó en contra de la condena a un teniente coronel por el asesinato de un militante del MIR en el año 1973, alegando la prescripción del caso.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, calificó de “inaceptable” la pretensión de cerrar los casos antes de dos años, así como la redistribución de las causas entre los nuevos jueces que entraron al Tribunal: “estas dos cosas nos muestran el por qué el señor Ballestero está hoy en la presidencia de la Corte Suprema. Aquí se va a hacer una alianza entre el señor Piñera y el señor Ballestero para ver la manera de obstaculizar, para que Sebastián Piñera cumpla con lo que prometió a militares en retiro”, añadió Lira.

Lorena Pizarro, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, consideró que con la designación de Ballestero “el Poder Judicial estará al servicio de la impunidad y de los violadores de los Derechos Humanos”.

Es inevitable relacionar el caso con la reciente iniciativa del gobierno para cambiar en los libros de texto la expresión “dictadura militar” por “régimen militar”. La medida fue aprobada el pasado 9 de diciembre por el Consejo Nacional de Educación, pero el escándalo consiguiente llevó a que el 5 de enero se anunciara que se aparcaba la medida, a la espera de una nueva propuesta del gobierno.

Otro antecedente cercano fue el homenaje que Cristián Labbé, ex coronel y actual alcalde de Providencia, barrio acomodado de Santiago, dedicó al brigadier Miguel Krassnoff, exagente de la DINA (policía política del pinochetismo), condenado a 114 años de cárcel por graves violaciones a los Derechos Humanos. La excusa del homenaje fue el lanzamiento de la cuarta edición del libro “Miguel Krassnoff, prisionero por servir a Chile”.

Labbé, el promotor del homenaje, es miembro de la UDI, uno de los partidos que integran la coalición de gobierno. Tras el golpe militar de 1973 fue uno de los instructores de los agentes que estaban siendo reclutados para integrar la DINA, al igual que Krassnoff. Se le acusa de haber frecuentado centros clandestinos de detención como Villa Grimaldi. Fue el responsable de la seguridad del jefe de la DINA y después del propio Pinochet.

Durante la detención del dictador en Londres viajó 14 veces para visitarlo y ordenó suspender la recolección de basuras en las embajadas de España y el Reino Unido, ubicadas en Providencia, como señal de protesta. Tanta es su admiración por el fallecido dictador, que su escritorio en la alcaldía es el mismo que usara Pinochet.

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