A los estudiantes chilenos, que hace tres meses comenzaron un movimiento de protesta que ha hecho caer en picado el apoyo ciudadano al gobierno, se suman esta semana sindicatos y oposición, en una ofensiva que amplia ahora los reclamos al gobierno. La CUT, Central Unitaria de Trabajadores, ha convocado para los próximos días 24 y 25 un paro nacional exigiendo reformas previsionales, tributarias, más inversión en salud y educación, fin al lucro en la enseñanza y una nueva Constitución.
Es un desafío en toda regla al gobierno de Sebastián Piñera. La CUT representa a 7,8 millones de trabajadores. Y el paro tiene el apoyo de los estudiantes y de la oposición. Los partidos de la Concertación, después de ciertas dudas de la Democracia Cristiana, decidieron apoyar la convocatoria. Y exigen al gobierno que garantice el desarrollo pacífico de las manifestaciones. “Cuando el gobierno optó por reprimir el movimiento estudiantil todos vimos las consecuencias”, dijo Ignacio Walker, portavoz opositor.
La CUT anunció que el paro comenzará en la madrugada del miércoles con un cacerolazo, luego reuniones en al menos 80 puntos de Santiago, nuevo cacerolazo a la noche y una marcha el jueves desde diversos puntos de la capital hacia la sede del sindicato, cerca del Palacio de la Moneda. En ninguno de los casos pedirán autorización para sus marchas.
Arturo Martínez, presidente de la CUT, justificó la huelga señalando que las buenas cifras macroeconómicas no reflejan la realidad de los trabajadores, denunciando la concentración de la riqueza y la desigualdad en el país.
El gobierno calificó el paro de ilegal e injustificado y no descarta aplicar la Ley Interior de Seguridad del Estado. Se trata de una severa normativa que se usa en casos excepcionales para mantener el orden público y que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas. El portavoz del gobierno advirtió que las responsabilidades por eventuales hechos de violencia recaerán en el presidente de la CUT, Arturo Martínez.
Víctor Pérez, secretario general de la UDI (el partido más a la derecha de la coalición de gobierno), acusó a la Concertación de “ponerse al borde de la institucionalidad” y hacer un daño al país. Otro dirigente del mismo partido, el diputado Gustavo Hasbún, fue más allá al anunciar que pedirá al Tribunal Constitucional que inhabilite a los jefes de los cuatro partidos de la Concertación en base al artículo 60 de la Constitución, que dice que los parlamentarios que “de palabra o por escrito inciten a la alteración del orden público” deberán cesar en sus funciones.
El aislamiento progresivo del gobierno de Piñera lo pone frente a una situación política sumamente difícil. Y con reclamos que van más allá de lo coyuntural. A las reformas de la Educación se suman ahora otras de tipo político, para intentar superar la actual crisis de representación. Entre los cambios urgentes, que la derecha siempre se negó a aceptar, está el del sistema electoral, el llamado binominal, considerado tremendamente injusto y poco representativo. Implementado por la dictadura de Pinochet tras perder el plebiscito de 1988, cambió el tradicional sistema de representación proporcional, vigente hasta 1973..
Según escribió el que fuera Secretario General de la Presidencia del Presidente Aylwin, Edgardo Boeninger, como Pinochet supo que sería minoría en un régimen democrático, “se preocupó de dar máxima defensa a las fuerzas políticas que lo apoyaron mientras estuvo en el gobierno”. Estas fuerzas se convertirían en los dos partidos que forman el actual gobierno de Piñera, Renovación Nacional y UDI.
El binominal exacerba el bipartidismo y castiga y expulsa del Parlamento a los partidos pequeños, siendo el caso del Partido Comunista el más destacado. Es el sistema que da mayores posibilidades a la segunda fuerza electoral, ya que con el 33 % de los votos tiene asegurado uno de los dos escaños que se disputan en cada circunscripción. Claro que hay un sistema aún más injusto, que es el uninominal, vigente en Gran Bretaña.
En Chile, para cambiar el sistema habría que contar con el apoyo del gobierno, ya que la modificación de las Leyes Orgánicas Constitucionales requiere del acuerdo de cuatro séptimas partes de los senadores y diputados en ejercicio.
