“Estamos tendiendo la mano y espero que todos lo entiendan”
Veintiséis años después del fin de la dictadura (1973-1985), la cúpula militar uruguaya hizo pública una declaración que marca un cambio fundamental sobre su actuación y sus responsabilidades, al afirmar que no tolerarán ni encubrirán a homicidas. Y ordena la revocación inmediata del eventual pacto de silencio en torno a los delitos de la dictadura. Fue el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, el que leyó la declaración (sin posibilidad de preguntas de los periodistas), en la sede del Instituto Militar de Estudios Superiores. Estaba acompañado de la plana mayor de la fuerza, diez generales y dos coroneles que en breve ascenderán al generalato.
Esta inédita declaración se produjo cuatro días después de que se conocieran los resultados del análisis de los restos encontrados en terrenos del Batallón 14, en las cercanías de Montevideo, que determinaron que correspondían a Julio Castro, una de las víctimas más emblemáticas de la dictadura. Maestro rural y periodista (fue uno de los fundadores de la mítica revista Marcha), Castro había sido también uno de los fundadores del Frente Amplio, hoy en el gobierno. Tenía 68 años en el momento de su detención (1 de agosto de 1977) y ahora se pudo comprobar que fue torturado y ejecutado de un tiro en la cabeza.
“Estamos tendiendo la mano y espero que todos lo entiendan”, dijo el general Aguerre, que asume que la historia oficial es muy diferente de la que hasta ahora contaron los militares y los civiles que colaboraron con ellos. A saber, que los muertos por la represión no fueron debidos a excesos aislados. El caso de Castro demuestra que hubo presos políticos que fueron ejecutados.
Aguerre, que asumió su cargo el pasado 31 de octubre, aseguró que con su declaración quería manifestar un punto de inflexión del Ejército respecto al tema, al tiempo que aseguró que la fuerza actúa de acuerdo con los Convenios de Ginebra y de La Haya, que regulan los principios humanitarios en los conflictos bélicos. Otra afirmación del máximo jefe militar uruguayo es más difícil de creer: “no tengo conocimiento de ningún pacto de silencio para encubrir delitos dentro de la fuerza que comando y aún desconociendo, si ha existido o existiera hasta la actualidad dicho pacto, desde este momento doy la orden de su revocación inmediata”. En este sentido hizo un llamamiento para obtener información, dentro y fuera de la fuerza, para delimitar la posible responsabilidad material del ejército.
Junto a esta declaración institucional, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general (aviador) José Bonilla, dijo al diario El Observador que hay que esclarecer el asesinato de Julio Castro y juzgar a sus asesinos. “La situación no es reflejo de las Fuerzas Armadas de hoy ni de ningún tiempo, una cosa es matar en un enfrentamiento y otra cosa es ejecutar a una persona”, señaló.
Durante los 12 años que duró la dictadura militar, unos 200 uruguayos fueron hechos desaparecer; la mayoría en Argentina, gracias a la colaboración en las tareas represivas de los gobiernos militares de la región, en la llamada Operación Cóndor. Además, unos 10.000 ciudadanos fueron detenidos y 7.000 procesados. Los máximos dirigentes del grupo Tupamaros, incluido el actual presidente Mujica, sufrieron durísimas condiciones de reclusión y permanecieron como rehenes del régimen: sobre ellos pendía la amenaza de matarlos ante cualquier acción armada de sus compañeros aún en libertad.
Este año el parlamento uruguayo fracasó en un nuevo intento de derogar la Ley de Caducidad, que impidió investigar y perseguir las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En agosto de este año, no obstante, el presidente Mujica había decidido excluir el caso de Julio Castro de dicha ley. Además, otra norma legal, también de este año, evitó que esos mismos delitos prescribieran, al declararlos de lesa humanidad. Y gracias a vericuetos legales, el ex dictador Gregorio Álvarez y una docena de militares y policías, pudieron ser condenados a distintas penas de cárcel.
Reconoció que el ejército argentino había cometido actos atroces y crímenes de lesa humanidad, “cometidos en la empresa de envilecimiento más grande de nuestro país en dos siglos de historia”
Este primer gesto de los militares uruguayos nos recuerda que al otro lado del Río de la Plata se derribaron todos los obstáculos para juzgar a los genocidas de la dictadura argentina. Un libro que está próximo a salir, del general Martín Balza, jefe del Ejército bajo el gobierno de Carlos Menem, recuerda uno de los momentos que marcaron un cambio fundamental en la actitud de la cúpula militar argentina.
El 25 de abril de 1990, cinco años después de que Menem indultara a los militares condenados antes de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Balza decidió acudir al programa de televisión Tiempo Nuevo, de gran audiencia en la época. Allí reconoció que el ejército argentino había cometido actos atroces y crímenes de lesa humanidad, “cometidos en la empresa de envilecimiento más grande de nuestro país en dos siglos de historia”.
El libro de Balza, algunos de cuyos pasajes adelanta el diario Clarín, desvela que no quiso comunicar cuál iba a ser el contenido de su intervención televisiva, ni al ministro de Defensa ni al de Interior, que lo convocaron al saber que iría al programa. “Estaba seguro que si las autoridades políticas lo hubieran conocido, me habrían ordenado, como mínimo, atenuar su contenido y no estaba dispuesto a aceptar corrección alguna”, escribe Balza, hoy embajador en Colombia.
