viernes. 29.03.2024
El presidente de Uruguay, Jose Mugica, (d) junto al vicepresidente Danilo Astori.
El presidente de Uruguay, Jose Mujica, (d) junto al vicepresidente Danilo Astori.

Una encuesta difundida el pasado fin de semana en Uruguay resalta que el 56% de los consultados estaría de acuerdo con aumentar los impuestos al agroEl Consejo de Ministros que este lunes, según se había anunciado, iba a aprobar un nuevo y polémico impuesto al campo, ni siquiera llegó a tratar el tema, lo que puede significar que no ha habido acuerdo en las propias filas del gobierno. El nuevo impuesto es una iniciativa personal del presidente, José “Pepe” Mujica, con el que no está de acuerdo su vicepresidente, Danilo Astori, al menos en su idea original.

Aunque los casos no son comparables, esta medida ha levantado un fantasma al recordar la guerra entre el campo y el gobierno argentino, en 2008, que causó un gran desgaste al gobierno recién estrenado de Cristina Fernández de Kirchner. En Argentina, el conflicto significó además la ruptura política y personal de la presidenta y el vicepresidente, Julio Cobos, que nunca más volvieron a hablarse.

Anunciado hace unas tres semanas por sorpresa, una encuesta difundida el pasado fin de semana en Uruguay resalta que el 56% de los consultados estaría de acuerdo con aumentar los impuestos al agro. Una mayoría que lo diferencia con el caso argentino, donde el conflicto por la llamada resolución 125, que imponía retenciones (impuestos) a la exportación de granos hizo bajar la imagen positiva de Cristina Kirchner del 56% en diciembre del 2007, al 20% en marzo del 2008.

El proyecto de Mujica prevé grabar los campos con más de 2.000 hectáreas, con un mínimo de 8 dólares la hectárea y un máximo de 16 dólares, que se aplicará a quien tenga más de 10.000 hectáreas. La idea es evitar la concentración de la tierra en pocas manos, proceso que se ha agudizado en los últimos años. Así como combatir la extranjerización. Once empresas extranjeras son propietarias de más de un millón de hectáreas.

La recaudación que se logre con este nuevo impuesto, unos 60 millones de dólares anuales, irá destinada a obras de infraestructura, carreteras, puentes, vías férreas e incluso caminos rurales. Una cifra que para algunos críticos es absolutamente insignificante ante las grandes inversiones que se deberían hacer para mejorar una red vial notoriamente deficiente.

MUJICA CONSIDERA QUE LOS GRANDES TERRATENIENTES CONTRIBUYEN POCO

Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierraInicialmente el proyecto enfrentó al presidente, José Mujica, con su vicepresidente, Danilo Astori, mucho más ortodoxo en su enfoque económico, considerado incluso como neoliberal por algunos sectores del propio gobierno. Astori tenía el apoyo de los ministros de Economía, Ganadería y Transporte.

Para el presidente Mujica los grandes terratenientes contribuyen poco, sobre todo teniendo en cuenta la importante revalorización de la tierra en la última década. Se calcula que subió ocho veces entre 2002 y 2010. El agro aporta por impuestos aproximadamente el 6% del PBI, mientras que el resto de la sociedad contribuye con el 30%. Según datos extraídos de la página Web de la presidencia, “en Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra”.

Para el vicepresidente Astori hay que gravar más la renta que los patrimonios, de acuerdo con la reforma del modelo tributario que se adoptó en 2007. Considera que puede verse afectada la credibilidad del país y afectar las inversiones. E incluso dijo que podría tener un efecto contrario al deseado, de revertir el proceso de concentración de la tierra.

Pero no fue ese el único frente contrario a la iniciativa presidencial dentro del Frente Amplio. Los sectores más radicales creen que el nuevo impuesto debería dedicarse a un fondo para el reparto de tierras.

La polémica que se dio en el interior del gobierno y el Frente Amplio, tuvo su reflejo en la oposición y los sectores afectados. Sobre todo porque no hace tanto tiempo, el 13 de febrero pasado, el presidente desmintió que se pensara en nuevos impuestos para el campo: “no, no, bolazos no, no estamos para asustar a la gente”, dijo en aquella oportunidad.

El programa del Frente Amplio establece que “el proceso de extranjerización de la tierra y establecimientos agroindustriales que se constata en los últimos años, principalmente por parte de inversores de los países vecinos, debe ser desestimulado promoviendo el control nacional”.

La Asociación Rural del Uruguay se mostró radicalmente en contra, señalando que tal posibilidad va en contra de “políticas que hasta ahora venían siendo estables y predecibles”. Para José Bonica, titular de la entidad, este es un cambio de reglas. Miguel Sanguinetti, presidente de la Federación Rural, amenazó con salir a contar las rutas, señalando que es ligero el argumento de repartir ganancias extraordinarias que no existen.

Gabriel Oddone, un conocido economista uruguayo, señaló por su parte que ahora “lo que más preocupa es que para tomar decisiones de inversión está comenzando a ser mucho más importante un fortísimo análisis político que un buen análisis económico”.

EL CAMPO ES EL PRINCIPAL SECTOR PRODUCTIVO DEL PAÍS

Unos 1.100 propietarios, que tendrían más de 2.000 hectáreas, podrían verse afectados por los nuevos impuestosUruguay tiene unos 16 millones de hectáreas de tierra dedicada a uso agropecuario. Según cifras oficiales, un tercio de esta superficie estaría en manos de 1.100 propietarios, que tendrían más de 2.000 hectáreas, y por tanto susceptibles de verse afectados por los nuevos impuestos. En América Latina los impuestos patrimoniales son bajos, una media del 1% del PBI, según la CEPAL.

El campo es el principal sector productivo del país. Y en los últimos años se ha visto favorecido por un incremento en los precios internacionales de los granos, la carne y la lana. De hecho Uruguay, aún con su pequeña superficie en comparación con la Argentina, ha sobrepasado a su vecino en la exportación de carne. Se espera que este 2011 exporte por valor de 1.400 millones de dólares, el doble que en el 2004, mientras que Argentina espera recaudar este año 1.200 millones, después de alcanzar en el 2009 un pico de 1.800 millones.

La idea de impulsar este nuevo impuesto a los terratenientes, se produce después de que el presidente Mugica enfrentara una importante crisis interna, al desactivar la votación en el Parlamento de una ley para declarar inválida la llamada Ley de Caducidad, que pretendía revertir la impunidad a los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Aquella crisis tuvo un costo político para el presidente uruguayo, que se ha visto reflejado en las últimas encuestas de popularidad.

El último sondeo conocido indica que su índice de aceptación ha caído al 44%, el menor en sus 15 meses de gobierno. Hace un año, contaba con la aprobación del 73%, muy por encima del 48% de los votos que obtuvo en la primera vuelta de las elecciones. El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), que integra el gubernamental Frente Amplio, se mostró preocupado con la caída en las encuestas, aunque confió en que en la medida que se adopten decisiones de izquierda se van a recuperar los índices más favorables.

Crisis netamente política, porque los últimos datos económicos del país siguen siendo muy auspiciosos. En el primer trimestre del año se registró un crecimiento del 6,8% respecto al mismo período del año anterior. El año pasado el crecimiento del PBI fue del 8,5% y las previsiones para este año hablan de entre el 6 y el 7%. En el caso del campo, el crecimiento fue del 4,1%.

Impuesto a los grandes terratenientes en Uruguay