martes 18/5/21
SE ACELERA EL PAQUETE DE MEDIDAS

El Gobierno de Letta supera la moción de confianza en la Cámara Baja

El Gobierno italiano tiene luz verde para acelerar la aprobación de un paquete de medidas para impulsar la economía del país, entre ellas, la supresión de la financiación pública de los partidos políticos y el control de su financiación privada.

letta

El Gobierno de Enrico Letta ha superado la moción de confianza a la que se ha sometido en la Cámara de Diputados con el objetivo de acelerar la aprobación de un paquete de medidas para impulsar la economía del país.

La moción de confianza, la segunda a la que se enfrenta el Ejecutivo, ha sido avalada por 427 diputados, mientras que 167 han votado en contra, principalmente los miembros del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Izquierda Ecología y Libertad (SEL) y Liga Norte.

Ayer, el ministro de Relaciones con el Parlamento, Dario Franceschini, optó por la vía de la moción de confianza ante la imposilidad de cerrar rápido un acuerdo con todas las fuerzas políticas sobre el decreto ley presentado por el Gobierno, ya que la oposición había presentado cientos de enmiendas.

El Ejecutivo esperaba que de este modo se pudiera acelerar la aprobación, ya que el Parlamento tiene otros seis decretos y otras medidas importantes pendientes de aprobación antes de la pausa estival.

El primer ministro italiano, Enrico Letta, ha reafirmado su intención de seguir adelante con el proyecto de ley que ha presentado su gobierno para la supresión de la financiación pública de los partidos políticos. «No daremos pasos atrás» en este sentido, ha escrito el jefe del ejecutivo transalpino en su perfil en Twitter.

«El proyecto de ley que hemos presentado es una buena reforma. ¿Por qué bloquearlo?», ha recalcado.

Las declaraciones llegan tan sólo tres días después de que la coalición de gobierno superara su primera gran prueba de fuego, al ser rechazada de manera clara -226 votos frente a 55- la moción de censura contra el viceprimer ministro Angelino Alfano.

El «número 2» de Letta fue tachado de ceder ante presiones por parte de Kazajistán para expulsar y entregar a la esposa y a la hija del disidente kazajo Mujtar Ablyazov, reclamado por el dictador del país asiático.

No obstante, el diario «Il Corriere della Sera» aseguraba la semana pasada que la exrepública soviética estaría dispuesta a permitir el regreso de las dos familiares de Ablyazov, aunque con el requisito de incluir una cláusula que permitiera el retorno de ambas en caso de que se lleve a cabo un juicio en el país kazajo.

El líder socialdemócrata señaló en su día que el parlamento aprobaría«de inmediato» la norma, y que de la financiación pública de los partidos políticos se pasaría a la «incentivación fiscal de las contribuciones voluntarias de los ciudadanos».

Así, la nueva regulación fijará el tope anual de dinero público a recibir por las formaciones en 60 millones de euros, cantidad que sólo se daría si todos los contribuyentes destinaran el 2 por 1000 de su declaración de la renta a tal propósito.

La propuesta, aunque goza de gran aceptación entre la ciudadanía, ha causado gran agitación dentro de las formaciones políticas. Y, especialmente, entre los tesoreros de los principales grupos, que alertan de que, de salir adelante, la ley supondrá el despido de miles de empleados de los partidos y comprometería las cuentas de las formaciones.

El ministro de las Reformas Constitucionales, Gaetano Quagliarello, ha afirmado que el Gobierno «está disponible para la confrontación, pero no para las calendas griegas», y que el ejecutivo no permitirá que las negociaciones se estanquen. Aún así, el primer ministro ha advertido que, si los diputados no aprueban la medida,presentará un decreto ley después del verano.

Mediante una página web, los grupos deberán ofrecer un registro de todas sus actividades, tanto económicas como organizativas.

La propuesta, prometida por Enrico Letta tras tomar posesión del cargo, contempla una reducción progresiva en las aportaciones del Estado a los grupos políticos, hasta ser totalmente suprimidas en un periodo fijado en tres años.

A partir de ahí, las aportaciones voluntarias de los ciudadanos serán el único medio de financiación canalizado por organismos públicos. El resto, lo deberán obtener por otras vías.

La norma, que también obligará a las formaciones a hacer públicas sus cuentas, hace especial hincapié en el acceso de la ciudadanía al funcionamiento interno de los partidos a través de Internet. Mediante una página web, los grupos deberán ofrecer un registro de todas sus actividades, tanto económicas como organizativas.

El Gobierno de Letta supera la moción de confianza en la Cámara Baja
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