Quien debe digerir esta transformación socio-laboral es el creciente porcentaje de empleados franceses que ganan el salario mínimo
Todo se remonta a 1906. La Asamblea Nacional promulgó una ley que establecía el domingo como día de descanso “para empleados y obreros”. La norma entró en vigor un 13 de julio, como una suerte de ofrenda pagana previa a la celebración de la fiesta nacional. Se pretendía así evitar que el empleado se viese obligado a trabajar más de seis días por semana. Eran los tiempos de Fallières, Clemenceau o Jaurès, años en los que la reciente ley sobre la laicidad del Estado convivía con una población mayoritariamente católica y practicante que no concebía el domingo como un día cualquiera.
Sin embargo, los artículos 2 y 3 de esta misma ley dejaban la puerta abierta a decenas de interpretaciones que el transcurso de las décadas convertirían en un debate social. En aquellos sectores en los que el descanso dominical comprometiera el funcionamiento normal de la actividad, la jornada de reposo podía ser transferida a cualquier otro día de la semana. Se enumeraban, así, determinadas actividades como la hostelería, la venta de flores o de prensa o el transporte ferroviario, entre otras.
En un contexto de crisis en el que la tasa de paro supera el 10 por ciento, el presidente François Hollande reavivó hace unos días el debate sobre el trabajo dominical en una entrevista en el diario Le Monde, evocando la posibilidad de “reglamentar la apertura de los espacios comerciales los domingos”. “Reglamentar” debe interpretarse como flexibilizar. Hollande continúa así la senda “socio-liberal” de su célebre Pacto de Responsabilidad anunciado a principios de 2014, que tiene como objetivo la recuperación del crecimiento económico asentado en el fortalecimiento de la competitividad del sector privado.
Por su parte, el Medef -la patronal francesa- no solamente quiere reabrir el debate sino que ha exigido en numerosas ocasiones la modificación de la ley para que los asalariados que deseen trabajar puedan hacerlo libremente y para que los clientes puedan consumir los siete días de la semana para impulsar la actividad económica. Para defender esta posición, la Cámara de Comercio de París afirmó en un informe que la liberalización de la apertura dominical de los comercios en Francia se traduciría en un crecimiento anual del 0,4 por ciento en el PIB.
A finales de 2013, el debate se focalizó en el sector del bricolaje y la jardinería. El gobierno socialista de Jean-Marc Ayrault había autorizado a través de un decreto la apertura de los establecimientos de este sector los domingos. Semanas más tarde, el Consejo de Estado anulaba la medida, esgrimiendo serias dudas sobre “su legalidad”. En el texto presentado a los medios, el órgano supremo de la jurisdicción administrativa francesa indicaba que el descanso semanal “debe ejercerse, en principio, los domingos”.
Ya desde 2009, sin embargo, una nueva legislación pretendía corregir la “rigidez” de la ley de 1906 para adaptarla al fenómeno contemporáneo del turismo de masas. Así, los minoristas y los establecimientos de la gran distribución cuyos comercios se sitúan en zonas de interés turístico pueden hacer rotar el día de descanso semanal si lo desean. Así, los comercios en los Campos Elíseos o en Montmartre, así como en numerosas localidades costeras de Bretaña o de la Costa Azul, pueden abrir libremente los domingos sin necesidad de una autorización prefectoral excepcional.
Quien debe digerir esta transformación socio-laboral es, lógicamente, el creciente porcentaje de empleados franceses que ganan el salario mínimo: casi dos millones de asalariados en el sector privado según el último informe del ministerio de Trabajo de diciembre de 2013. Los cargos intermedios o ejecutivos no se verían apenas afectados por esta liberalización del trabajo dominical que caería sobre los hombros de los trabajadores en situación de mayor precariedad.
En todo caso, demasiados aspectos deben tenerse en cuenta para aprehender este debate: la aceptación por parte de los asalariados de que el día de descanso semanal sea rotatorio; la presencia de una remuneración adicional; la compensación en días de vacaciones; el derecho a rechazar el trabajo dominical sin ningún tipo de sanción ni discriminación de parte de la dirección y, fundamentalmente, la conciliación de la vida familiar y laboral. La voluntad de la ley de 1906 era uniformizar el descanso de todas las clases sociales, fuera cual fuera la actividad desarrollada por cada ciudadano. Se sacralizaba el domingo como gran jornada de ocio (o de espiritualidad para los creyentes) ajena a toda actividad de consumo. Los paseos en familia del domingo serán, de ahora en adelante, un privilegio de determinadas clases sociales.
