Con acusaciones mutuas de intransigencia, el conflicto estudiantil entró en un punto muerto después de 9 semanas de movilizaciones. “Nada es gratis en la vida, alguien tiene que pagar”, dijo el presidente, Sebastián Piñera, al encabezar la promulgación de la Ley sobre Calidad de la Educación. Un paso importante, según el mandatario, “que va a permitir mejorar la calidad, la transparencia y mejorar la rendición de cuentas de todos los establecimientos educacionales que reciben subvenciones del Estado”.
Piñera anunció además el envío al Congreso de dos proyectos de ley para ayudar a los estudiantes que, en su mayoría tienen que pedir créditos para pagar la universidad: uno para reprogramar la deuda de 110.000 estudiantes morosos y otro para rebajar los intereses de estos créditos, que actualmente están a un promedio de 5,3%, por encima de los créditos hipotecarios.
Y eso es todo por el momento, por parte del gobierno. El portavoz, Andrés Chadwick, dijo que no habrá una nueva propuesta porque consideran que la que se entregó el pasado lunes, de 21 puntos y rechazada por los estudiantes, contiene todos los temas.
El mensaje no fue bien recibido por los estudiantes, dispuestos a seguir su lucha por una educación pública de calidad y gratuita. La presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, expresó su decepción ante la falta de respuesta del gobierno a sus demandas. “Lamentablemente eso demuestra que no solo no hay voluntad de avanzar en los cambios estructurales que nuestra educación requiere, sino que hay una crisis de la democracia en Chile, porque este gobierno no quiere o no puede responder a las demandas de la gran mayoría”.
La única posibilidad de diálogo sería con el Congreso. “Si hay un proyecto de ley que vaya a favor de las propuestas para mejorar la educación, encontramos que es una buena iniciativa y vamos a discutirlo, si esto no sucede no estamos dispuestos a instancias de diálogo”, dijo también la dirigente estudiantil.
Ante la posibilidad de que la Iglesia Católica actuase como mediadora, la respuesta fue tajante: “no necesitamos ninguna mediación y menos de la iglesia”, dijo Vallejo, militante del Partido Comunista, que está destacándose como un importante referente político, que está sacando de quicio a los elementos más retrógrados del gobierno. Juan Pablo Camiruaga, vicepresidente de Renovación Nacional (partido del presidente Piñera), la insultó vía Twitter, respondiendo a un llamamiento de Vallejo para nuevas manifestaciones: “Andate a dormir a tu casa, ya nos aburriste, déjate de desordenar el país, cabra de mierda”, fue su exabrupto. En Chile, el término cabra, cabro chico y algunas variantes, son en realidad menos ofensivos de lo que parece, se puede usar para referirse a cualquier adolescente. No obstante el dirigente de RN tuvo que pedir disculpas y reconocer que sus dichos fueron machistas.
La profundidad de la crisis que ha desatado este conflicto ha llevado a que se empiece a hablar de una crisis institucional. Es lo que ha hecho el ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006):“la ciudadanía no se siente representada por las instituciones, que están deslegitimadas”, señaló. El ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, líder del Partido Progresista y estrella ascendente en el panorama político chileno, dijo por su parte que “Chile es un país pobre en materia de derechos, que sigue estando en el club de los países desiguales y paupérrimos”.
La representación de los estudiantes ha planteado hacer un plebiscito sobre sus propuestas, pero choca contra la legislación, vigente desde la dictadura. Entretanto continuarán las movilizaciones: el próximo jueves, 18, habrá una nueva marcha por la educación, y los días 24 y 25 de agosto, huelga general convocada por la CUT (Central Única de Trabajadores).
Con casi 2.000 detenidos, estas nueve semanas de movilización estudiantil tienen también estas cifras: 260 policías y 36 civiles heridos y 66 millones de horas lectivas perdidas. Además han provocado el hundimiento en la aprobación del presidente, por debajo del 30 %, y solo un 10 % de los chilenos cree que el gobierno está manejando bien la política educativa.
