En un acto llevado a cabo en el Salón de las Mujeres, en la Casa Rosada (sede del gobierno nacional, equivalente al Palacio de la Moncloa), el martes pasado Cristina Fernández firmó el decreto 936/11 que establece: “Se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual , con la explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”.
“Con la firma de este decreto hemos dado un gigantesco paso no solamente en la lucha contra la trata de personas sino también contra la discriminación, porque la oferta sexual, fundamentalmente publicada en el rubro 59, no solamente es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas sino también es una profunda discriminación hacia la condición de las mujeres”, sostuvo la presidenta.
En este sentido, denunció “la doble moral y la hipocresía” de ciertos medios que en sus primeras planas denuncian el problema de la trata pero no tienen inconveniente de lucrarse en las páginas de clasificados con los avisos de oferta sexual, que les dejan “pingües ganancias”.
El acto comenzó con la proyección de un video en el que se mostraba una portada del periódico Clarín, en la que se informaba que el gobierno de los Estados Unidos cuestionaba a la Argentina por la falta de políticas para la trata de personas con fines de explotación sexual, seguida por un desmentido de los Estados Unidos publicado por otro medio. A continuación el video presentaba un compilado de imágenes de las páginas de anuncios clasificados de Clarín, en el que se ofertan “servicios útiles para la mujer y el hombre”, el rubro 59.
Ello es extensivo a otros medios del país como La Nación, Ámbito Financiero, Crónica, La Razón, Diario El Popular y El Argentino, que cuentan también con el rubro 59. No obstante, Clarín se lleva en torno al 90% de cerca de los 900 mil pesos mensuales (en torno a 150 mil euros) que reportan estos anuncios clasificados.
“No se puede, en las primeras páginas de los periódicos, exigir al Gobierno (que) luche contra la trata de personas y luego, en las páginas comerciales, poner los avisos donde se vehiculiza la más formidable y vergonzante, no solamente trata de personas sino también la humillación a la condición femenina porque la discriminación es crear estereotipos (…) como objetos de consumo…”, sostuvo la presidenta.
Dejó claro que el objetivo no son las mujeres en situación de prostitución sino los medios y los responsables de la explotación sexual: “Esto nos es para nada una condena a las mujeres que son objeto de ese comercio. Es una condena a los medios y a los que instrumentan este tipo de cosas, sea a través de la explotación directa o a través de la propagandización de esa explotación a través de los medios de comunicación social”.
Para su aplicación, se crea una Oficina de Monitoreo de la Publicación de los Avisos de Oferta de Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia, que deberá vigilar el cumplimiento del decreto en conjunto con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Consejo Nacional de las Mujeres.
El decreto se fundamenta en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, en vigencia desde 2008; en la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que establece que el Consejo Nacional de las Mujeres deberá disponer acciones coordinadas con otras jurisdicciones para “prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes e imágenes” en medios de comunicación que “estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres”; y los múltiples tratados internacionales que, al aprobarlos en el Congreso, quedan automáticamente incorporados a la Constitución Nacional.
Cabe recordar que en España el tema se instaló en la agenda pública en 2009 y, como consecuencia, el Consejo de Estado emitió este año un dictamen favorable al establecimiento de la prohibición de este tipo de publicidad en publicaciones de interés general como los periódicos. En el informe se sostiene que una de las razones que llevan a avalar la prohibición es “la de impedir que la prostitución pueda ser considerada como una actividad económica situada en el mismo plano ético que cualquier otra actividad lícita”. La crisis por la que atraviesa España parece haber frenado la búsqueda de consenso en el Parlamento para la sanción de una ley en ese sentido.
Presentación de Cristina Fernández del decreto de prohibición de publicación de avisos de comercio sexual:
