El acuerdo del Consejo de Ministros favorecerá "a las personas con falta de solvencia económica" que estén protegidas o no por la Asistencia Social, y se implementará mediante un contrato que obliga a las acciones constructivas en los términos pactados tras la entrega del subsidio.
De acuerdo con la medida publicada en el sitio digital de la Gaceta Oficial, el Gobierno dará prioridad a las familias afectadas por catástrofes como ciclones e inundaciones, y a los "casos sociales críticos".
En concreto, el subsidio respaldará la compra de materiales de construcción y el pago de mano de obra para reparar, conservar y edificar viviendas "por esfuerzo propio", como se denomina en la isla a las acciones constructivas de los particulares.
Su financiación procederá de las recaudaciones del Estado por la venta de materiales de construcción en todo el país cada año.
En el caso de la construcción de una vivienda, el Estado financiará espacios básicos de 25 metros cuadrados por un valor que no exceda los 80.000 pesos cubanos (unos 3.333 dólares).
Para "acciones de conservación menores" el subsidio incluirá un monto de hasta 5.000 pesos cubanos (208 dólares) y para otros trabajos de "mayor complejidad" la cifra se incrementa hasta 10.000 pesos cubanos (417 dólares).
El diario oficial Granma, portavoz del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único), explicó hoy que la medida se corresponde con la decisión oficial de "eliminar las gratuidades indebidas y los subsidios excesivos, bajo el principio de compensar a las personas necesitadas y no subsidiar productos de manera general".
Esa política aparece recogida en el plan de ajustes económicos aprobado en abril pasado por el VI Congreso del PCC, que además de la progresiva eliminación de subsidios promueve acciones como una pequeña y controlada apertura a la iniciativa privada o el "adelgazamiento" de las infladas plantillas del sector estatal.
La escasez y depauperación de las viviendas es uno de los principales problemas sociales y económicos en Cuba, que con 11,2 millones de habitantes tenía hasta 2010 un déficit reconocido de unas 600.000 casas, en parte por los destrozos que causaron tres huracanes en 2008.
Según datos oficiales, más del 50 por ciento de las construcciones en la isla están en mal estado y unos 8,5 de cada 10 edificios necesita reparaciones.
El Gobierno del presidente Raúl Castro ha tomado varias medidas dirigidas a paliar la situación.
En 2010 abrió la concesión de licencias de construcción y liberó la venta de materiales - cuyos precios fueron rebajados recientemente - y en 2011 autorizó la compraventa de casas entre particulares y facilitó de modo general otros traspasos de propiedad.
Además, el Gobierno implantó en noviembre pasado nuevas modalidades de créditos bancarios para el sector no estatal que, entre otras opciones, benefician los préstamos para la rehabilitación de viviendas.
