El juicio por la catástrofe marítima del 'Prestige', ocurrida en noviembre de 2002 frente a la costa gallega, ha comenzado este lunes con peticiones de suspensión, por parte del letrado del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, y con escasa expectación de público. En él, la Fiscalía ha pedido que se admita un informe pericial que eleva los daños a más de 4.000 millones.
La vista ha comenzado poco después de las 9.30 horas en el recinto ferial ExpoCoruña con la presencia de tres de los cuatro acusados, el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras; el jefe de Máquinas, Nikolaos Argyropoulos y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. El cuarto imputado, el primer oficial Irineo Maloto, está en paradero desconocido.
La Fiscalía ha pedido la admisión de un informe pericial "que va más allá del daño ambiental y abarca la totalidad de los daños"
Con la lectura de los hechos y de las penas que se solicitaban, dio comienzo el juicio diez años después de la catástrofe. Las petición de nuevas testificales e informes periciales o, por el contrario, la solicitud de nulidad de otros, han centrado toda la sesión, con medio centenar de acusaciones, entre ellas el Ministerio Público.
La Fiscalía ha pedido la admisión de un informe pericial "que va más allá del daño ambiental y abarca la totalidad de los daños", ha recalcado el fiscal de Medio Ambiente de Galicia Álvaro García Ortiz en referencia a un estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Aunque en la vista no se ha cuantificado los daños, este informe evalúa el impacto económico y ambiental en más de 4.000 millones.
Mientras, el abogado del Fondo Internacional de Compensación de Daños por la Contaminación de Hidrocarburos (Fidac) ha instado también al tribunal a aceptar otro informe sobre el daño económico para que haya "un reparto justo" entre las partes, según ha expuesto.
A su vez, la propietaria y naviera del buque, Mare Shipping, ha pedido que se acepten los testimonios de testigos e informes que, según esta parte, confirmarían "la negativa de la Administración española a darle refugio al barco". "Unos testimonios que contradicen la versión de López Sors", ha avanzado.
TESTIFICALES
En cuanto a las testificales, la Fiscalía ha pedido que declaren como testigos doce perjudicados franceses que no pudieron ejercer la acción popular en España y que lo haga también el que fue el representante galo en la catástrofe.
A ellos, ha sumado la Abogacía del Estado las testificales de personas que intervinieron en el dispositivo de lucha contra la contaminación, entre ellos el comisionado del Ministerio de Medio Ambiente, Xoán Novoa, o del comisionado de Fomento, Francisco Alonso.
Ha calificado de "beligerante" la postura del Estado español con su defendido y ha remarcado que algunos miembros del entonces Gobierno del PP tildaron de "pirata" a Mangouras
Por su parte, la abogada de López Sors ha pedido que comparezcan también el exdirector de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo (Sasemar), Javier Gárate, y el que fuera director de operaciones, Jesús Uribe.
LA "SOMBRA" DE LA SUSPENSIÓN
Durante el juicio, ha planeado la "sombra" de la suspensión, planteada por el abogado del capitán del 'Prestige', para quien se han vulnerado "derechos fundamentales" de su cliente, al tiempo que ha puesto en duda que España puede garantizarle "un juicio justo".
Así, ha calificado de "beligerante" la postura del Estado español con su defendido y ha remarcado que algunos miembros del entonces Gobierno del PP tildaron de "pirata" a Mangouras. Mientras, la abogada de López Sors ha avanzado que pedirán la suspensión si finalmente se admite una pericial de la defensa del capitán para "estudiarla".
A su vez, el letrado de oficio del jefe de máquinas ha aprovechado la sesión para denunciar que en siete meses de trabajo ha cobrado "455,30 euros". Por ello, ha planteado su renuncia o que la Sala pida a la Xunta una "retribución adecuada" para seguir con su defensa.
NUMEROSOS MEDIOS ACREDITADOS
Los acusados griegos han permanecido en el juicio escuchando las traducciones de las intervenciones, que se han hecho a varios idiomas, entre ellos el francés dada la presencia de medios de comunicación de este país.
Esta expectación mediática, con 200 periodistas de 40 medios de comunicación acreditados, no se ha traducido en la presencia de público en la sala, ya que apenas hubo una veintena en el transcurso del día.
Las traducciones han provocado la única "anécdota" de la jornada después de que el abogado de la plataforma Nunca Máis optase por emplear el castellano en vez del gallego al interferir las palabras de la traductora con las suyas cuando usaba este idioma.
El juicio, cuya primera sesión se ha prolongado durante algo más de cuatro horas, continuará este miércoles con la intervención de nuevo de las partes personadas para impugnar o hacer alegaciones a las pruebas que se han propuesto.
PETICIONES DE CÁRCEL
Los acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los cuatro y los doce años de prisión. En concreto, la Fiscalía reclama para el capitán 12 años de cárcel por un delito contra el medio ambiente y otro de daños en espacios naturales protegidos.
Mientras, el letrado que representa a 70 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria solicita 9 años de prisión para los tres miembros de la tripulación, a los que acusa también la Abogacía del Estado.
La plataforma Nunca Máis solicita cinco años para el capitán y el exdirector general de la Merina Mercante. Por el contrario, las defensas reclaman la absolución ya que rechazan que su actuación en los días de la catástrofe sea constitutiva de delito.
El abogado de Mangouras únicamente considera que se podrían imponer penas pecuniarias. Los acusados prestarán declaración a partir del 13 de noviembre, coincidiendo con el décimo aniversario de la catástrofe que provocó el vertido de más de 64.000 toneladas de fuel.
El juicio tratará de determinar también la responsabilidad civil de la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Daños por la contaminación de hidrocarburos (Fidac) y subsidiaria de la naviera Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.
