“Si los riesgos del mar considerara,
ninguno se embarcara; si antes viera
bien su peligro, nadie se atreviera
ni al bravo toro osado provocara.
Sor Juana Inés de la Cruz
Solo el azar ha querido que en el mismo día se solapasen dos noticias sin aparente relación entre ellas.
La primera da cuenta “a través de parte”- en el artículo de José Manuel Calvo publicado en El País (06/02/2019)-, de las desavenencias habidas con Izquierda Unida (IU) en torno a la Operación Chamartín, con ocasión de las conversaciones para formar una candidatura conjunta dentro de la plataforma Más Madrid, publicitada ya por sus siglas MM, que algunos burlonamente han descodificado como polisémico acrónimo de Más Macronia.
La prosecución por el camino emprendido, con una nueva aprobación municipal apresurada, situaría irreversiblemente la Operación de lleno en los tres ámbitos del universo judicial, terreno en el que el Ayuntamiento de Madrid, precisamente, tiene más que acreditada su mala fortuna
Ese mismo periódico ha rechazado la publicación de la presente respuesta, que le había sido solicitada no ya como réplica en sentido administrativo, sino en la esperanza de contribuir a un debate de ideas libre e independiente y a fin de contrarrestar algo la abrumadora presión publicitaria que DCN&BBVA está desplegando estos días en y por todos los medios y sin reparar en gastos.
La segunda de esas noticias informa de que el Tribunal de Cuentas ha detectado sobre costes por valor de 7.637 millones de euros en los convenios urbanísticos de las estaciones del AVE en 13 capitales españolas, entre los cuales naturalmente no figura el de Madrid-Chamartín, por la principal razón de que en éste, tras 25 años de inacción, esos sobre costes habrían sido, hasta el momento, exclusivamente los de publicidad, y quién sabe si también, en una parte, los de ‘mediación’.
Al poner ambas noticas en relación, la imaginación construye de inmediato una diacronía bastante realista y verosímil en la que tras el antetítulo tan común en tantas películas de ficción- “10/20 años después”-,el mismo Tribunal nos volvería a informar de lo ocurrido con Chamartín.
Esta Operación, de tan compleja naturaleza en todas sus dimensiones y alcance, no es fácil de entender. Solo mediante un paciente análisis de sus poliédricos aspectos se alcanzará una idea cabal de lo que es y representa.
Ello requiere aproximarse y contemplarla al menos desde los siguientes ángulos:
- el jurídico, que a su vez se despliega en tres jurisdicciones: la penal (anticorrupción), la civil y la administrativa, única esta última en la que de momento ya ha entrado
- el económico, particularmente en su doble dimensión de privatización de ganancias y socialización de pérdidas.
- el empresarial, que debería entenderse como la eficiente organización de la producción de ese espacio, facilitando la libre entrada, evitando el dominio monopólico y creando un marco de transparencia que posibilite la libre competencia.
- el financiero, con la posmoderna innovación neoliberal que se pretende instaurar, por la que se invierten los papeles de prestamista y prestatario al pasar el Banco a ostentar esta última condición, mientras que a una entidad pública - o sea al Estado en último término- se le asigna el primero de esos dos papeles
- el político, tanto en el plano local o municipal, con sus diversas derivadas: política urbanística, de suelo, de actividad económica, de vivienda, ambiental, de movilidad, etc…; pero también desde un más general punto de vista de la economía política (la producción de valor, la circulación del dinero, la generación y apropiación de ´rentas´, la distribución, con su mayor equidad o iniquidad).
- y finalmente el propiamente urbanístico: tanto el de su impacto en el territorio -lo que pomposamente algunos siguen llamando ´modelo´ de ciudad-; como el de la ordenación interna, efectuada desde la ‘disciplina’, en tanto proyecto concreto de una pieza de aquélla.
Son todos ellos aspectos de los que en otro tiempo- quizás con excesiva ambición- pretendió ocuparse la urbanística y el llamado planeamiento urbano, antes de quedar pulverizado por la visión leguleya y la práctica burocrática que han terminado por arrasarlo.
Ignoro los términos en que se ha producido el desencuentro del que el concejal Calvo ha levantado acta, pero lo que éste refleja en sesgada crónica, da toda la impresión de que poco o nada de lo antedicho hasta aquí ha estado presente.
Antes bien, su artículo es algo así como la rutinaria y burocrática respuesta a unas alegaciones, formuladas asimismo en parecidos términos formales.
Cinco son las alegaciones que- según Calvo- esgrime IU como condiciones que habrían de incorporarse al Proyecto que el Ayuntamiento ha hecho suyo -tramitándolo-, y que en consecuencia habría que alterar para que fuese aceptable:
- Reducir su edificabilidad, prescindiendo para ello de virtuales derechos provenientes de infraestructuras (las existentes en el pasado y las futuras)
- Restablecer el equilibrio de usos en el reparto entre vivienda y actividades terciarias.
- Incrementar el % de vivienda protegida en consonancia con el actual predomino público en la estructura de la propiedad del ámbito.
- Acomodar los nuevos equipamientos no solo a lo determinado legalmente para el nuevo desarrollo como mínimo, sino a lo requerido para paliar los señalados déficits de los barrios colindantes.
- Tanto la iniciativa del planeamiento como su ejecución deberían ser públicas en este caso.
A tan sintéticos enunciados Calvo responde con tediosas peroratas, todas ellas aquejadas de un mismo mal, por desgracia cada vez más frecuente y extendido: no es que en ellas esté solo la mitad de la verdad, sino que ésta no alcanza, en el mejor de los casos, ni a una modesta quinta parte, mientras con ‘trilera’ habilidad se oculta el resto.
Así en el primero de esos puntos, además de no decir nada sobre la inquietante progresión ascendente de esa edificabilidad a lo largo del tiempo, ni del abultado incremento respecto a la propuesta municipal de mayo de 2016 cuando acertadamente el Ayuntamiento dio por clausurado el abusivo planeamiento precedentemente elaborado, se refugia en una legalidad de 2001 (la funesta ley 9/2001 propiciada con el aznarato y mil veces remendada), ocultando que fue confeccionada ad hoc precisamente para alterar lo que al respecto establecía tanto la anterior legislación como la normativa del propio Plan General respecto a la Operación de marras.
En el segundo no solo se encubre la alteración estructural que supone el drástico cambio en la composición de usos, por la cual el terciario pasa a ser ahora predominante en un sector concebido y así calificado como residencial, sino que además, frente a la aparente reducción de edificabilidad de la que se alardea, se camufla que dicha transformación da lugar a un jugoso incremento del ‘aprovechamiento' con notable mejora de la rentabilidad privada.
En el tercero con un descaro muy próximo al cinismo más descarnado, se oculta el dato crucial de la actual proporción de suelo ya público (superior al 80% del ámbito y cifrado en las 3/4 partes de los derechos que se generan), ello por no hablar del eufemismo mediante el que se trata de asimilar lo que en el Plan se denomina “vivienda sujeta a algún tipo de protección pública” con lo que son viviendas públicas para alquiler social.
En el cuarto -en fin- además de dar por buenos los raquíticos estándares en que Esperanza Aguirre convirtió los originales de la Ley mediante una de sus reformas (tan múltiples como iletradas)-, cubre con un manto de silencio la famosa losa de hormigón -ella por sí sola del tamaño de todo AZCA- concebida como zona verde sobre el haz de vías, con la doble misión de cumplir de modo vergonzante con los antedichos estándares y al tiempo “generar edificabilidad” (en la jerga al uso), incluso en los agujeros de aquélla, como así pretende el ‘promotor’, tal y como impúdicamente se recoge en el último de los “contratos secretos”.
Para terminar, en el quinto el desparpajo se lleva más allá del límite de la honestidad intelectual al sostener que se comparte sin problema la reclamación del ‘alegante’ por cuanto la iniciativa del planeamiento ha sido pública, así como lo será su ejecución, ya que en su gestión mediante el sistema de compensación “estarán representados tanto los propietarios públicos como los privados”.
Se pretende de ese modo en primer lugar, asimilar y equiparar tal iniciativa -que no es sino mera tramitación administrativa- con el protagonismo en la ideación y formación de un Proyecto, cuando lo cierto es que existen sospechas fundadas de que hasta la propia producción material de su última versión haya sido obra del ‘promotor’ en vez de serlo de los servicios técnicos municipales.
Y, en segundo lugar, en lo que a la ejecución respecta, se oculta el hecho de que en el más ‘apetitoso’ de los ámbitos delimitados al efecto (el Centro de Negocios) se ha tenido buen cuidado para que la posición mayoritaria y por tanto dominante en la correspondiente Junta de Compensación, la ostente precisamente DCN/BBVA, el privilegiado comprador de los terrenos públicos detentados hasta ahora por RENFE / ADIF.
Cuando Calvo afirma que la operación Chamartín no es sino un ‘significante vacío’, denota no haber reparado todavía en que en la desambiguación de ese sintagma, mientras unos lo traducen como un “proyecto precioso y superimportante” -lo más del business friendly-, para otros no es sino friendship capitalism, pero en su castiza versión de escopeta nacional de toda la vida.
En cualquier perspectiva de confluencia futura, juntos o separados, al sostener las partes visiones tan discrepantes, lo razonable sería decretar una moratoria en la tramitación del Proyecto, para llevar a cabo,en profundidad, un análisis y una reconsideración del mismo en todas sus multifacéticas dimensiones, estableciendo para ello previamente Objetivos claros y nuevas Bases de Partida.
Bastarían tan solo seis meses, en un proceso con más de 25 años de duración hacia atrás y no menos hacia adelante.
Por el contrario la prosecución por el camino emprendido, con una nueva aprobación municipal apresurada, situaría irreversiblemente la Operación de lleno en los tres ámbitos del universo judicial, terreno en el que el Ayuntamiento de Madrid, precisamente, tiene más que acreditada su mala fortuna.
Sería sorprendente que la hoy alcaldesa y anteriormente jueza optara por esa incierta y arriesgada senda.
Non serviam
Jesús Gago Dávila | Arquitecto y socio del Club de Debates Urbanos
