La reforma pretendía otorgar más atribuciones a los Ayuntamientos en materia de educación, sanidad, obras públicas y orden público, acercando la administración a los ciudadanos
Antonio Maura planteó la necesidad de reformar el poder local para conseguir tres objetivos: terminar con el caciquismo, moralizar la vida pública y descentralizar la Administración con el fin de que fuera más eficaz. Consideraba que el poder de los caciques radicaba en el apoyo que recibían de los distintos poderes, incluido el local. Así pues, uno de los proyectos estrellas del denominado “Gobierno largo” (1907-1909) fue el de la Ley de Administración Local, presentada en el año 1907, en línea con su proyecto de “revolución desde arriba” para evitar la que procedía desde “abajo”.
La reforma pretendía otorgar más atribuciones a los Ayuntamientos en materia de educación, sanidad, obras públicas y orden público, acercando la administración a los ciudadanos. Pero este ambicioso objetivo no iba acompañado de una reforma paralela de las haciendas locales para que los Ayuntamientos pudieran hacer frente a esas nuevas competencias asignadas, reforma que implicaba profundos cambios en el sistema tributario y que la oligarquía dominante no estaba muy dispuesta a asumir.
La segunda novedad de la reforma tenía que ver con la relación entre el poder central y los Consistorios, aminorando el clásico intervencionismo del gobierno. Se limitaba el nombramiento gubernamental de alcaldes a los municipios de más de veinte mil habitantes, aunque en el debate parlamentario, el Gobierno de Maura aceptó una mayor limitación, es decir, que solamente se nombraría a los alcaldes de poblaciones que superasen los ciento cincuenta mil habitantes, es decir, las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga.
Pero si este proyecto, por un lado, parecía dar un giro liberalizador, en relación con la tradicional postura de los conservadores en materia local, por otro lado, introducía una novedad que empañaba el supuesto avance. Se pretendía que en los Ayuntamientos hubiera una representación corporativa, algo que ya existía en el Senado, es decir, que hubiese un cupo de concejales –un tercio- que representasen a las corporaciones existentes, aunque quedaban excluidas las de signo político y religioso. Se abría la puerta a que la derecha económica entrase en los ayuntamientos donde se debatían y aprobaban cuestiones que les interesaban, como las relativas a abastos, infraestructuras, construcción, etc. Se permitía, pues, la llegada a los plenos municipales de los empresarios y financieros, sin tener que pertenecer a un partido político ni concurrir a unas elecciones.
Un último aspecto importante de la reforma local tuvo que ver con la posibilidad de que se creasen Mancomunidades, es decir, asociaciones de Diputaciones, como un primer paso para generar cierto autogobierno regional, intentando atraerse a la Lliga Regionalista. Cualquier intento de descentralización regional siempre concitó una fuerte oposición en las Cortes.
La reforma no salió adelante y se enfangó en el Parlamento, aunque Maura se empeñó en buscar el consenso y en que saliera adelante, imprimiendo un ritmo parlamentario inusitado, pero concitó una fuerte oposición entre los sectores más extremistas de la oligarquía dominante, aunque también de los liberales y republicanos, por diversos motivos. Algunos historiadores consideran que hubo un claro obstruccionismo parlamentario. En este sentido, parece interesante un breve publicado en El Socialista en el número del 31 de julio de 1908 hablaba de maniobras de diputados republicanos, aunque en ese momento se denunciaba el hecho de que los diputados republicanos no habían cumplido con su palabra y habían contribuido a la aprobación de un importante paquete de artículos del Proyecto. Los socialistas intentaban demostrar que los obreros no podían confiar en los republicanos.
Cuando se entraba en el final del proceso legislativo, en el verano del año 1909, estalló la crisis de la Semana Trágica, que terminó con el Gobierno largo y con el propio Maura como presidente del Consejo de ministros. El intento de reforma local protagonizado por Maura no prosperó.
El PSOE emprendió una activa campaña de protesta contra el proyecto de Ley de Administración Local, calificado de reaccionario, como se explicaba en el balance final del año 1908 (nº 1190 de El Socialista).
El Partido publicó en El Socialista, en su número 1140, una resolución tomada el día 4 de enero de 1908 ante la ofensiva parlamentaria de Maura. Por eso había que proceder a combatirlo enérgicamente con la celebración de actos. Las razones para rechazar la reforma se basaban en el voto corporativo por el que la tercera parte de los concejales no sería elegida por el sufragio universal, y en que los diputados provinciales serían elegidos por los Ayuntamientos, impidiendo que pudieran ir representantes obreros. Pero, además, se denunciaba que el Gobierno podía nombrar a los alcaldes de localidades con más de veinte mil habitantes. Otro aspecto que parecía intolerable de la reforma tenía que ver con el funcionamiento interno de los Ayuntamientos, ya que, en vez de reunirse en pleno de forma periódica, solamente lo harían dos veces al año, por lo que la Comisión, formada por el alcalde y dos tenientes de alcalde no sería debidamente fiscalizada, con lo que era más fácil cometer abusos y actos de favoritismo y “compadrazgo”, es decir, corrupción.
Había que persuadir en los actos sobre lo importante que era este asunto para los trabajadores por la vulneración del sufragio universal, pieza clave en la estrategia política del Partido. En la resolución se añadía un modelo de instancia dirigida al presidente del Congreso de los Diputados para las reuniones y mítines donde se pedía la retirada del proyecto.
El PSOE organizó más de cien mítines para demostrar que el proyecto legislativo iba en contra de la acción política de la clase trabajadora y contra su intervención en la política municipal, uno de los objetivos más genuinamente socialistas, además de en las Diputaciones. Hemos comprobado la gran actividad en mítines de ese año por toda la geografía española, como daba cuenta periódicamente El Socialista en una sección que se abrió y que llevaba el significativo título de “Contra la obra de Maura”. Estos actos se compaginaron con otros contra la legislación sobre la huelga y sobre la dedicada a la represión del terrorismo, que fueron asuntos a los que se dedicaron campañas intensas en esos mismos momentos.
Uno de los actos más importantes contra la reforma tuvo lugar en Madrid a finales de enero de 1908, organizado por la Agrupación Socialista Madrileña en el Teatro de Variedades, y presidido por Largo Caballero (ver nº 1142 de El Socialista). García Cortés denunció que el proyecto iba contra el sufragio universal al plantear la representación corporativa en los Ayuntamientos. Verdad era que permitiría la entrada de las Sociedades Obreras como corporaciones, y seguramente habría concejales socialistas, pero el PSOE quería ediles socialistas elegidos de forma plenamente democrática. Maura no podía con esta reforma comprar a los socialistas. Pero, además, el proyecto permitía la entrada de miembros de los sindicatos controlados por la patronal y los católicos. Por su parte, Francisco Mora calificó el proyecto como reaccionario por no democrático. Mora insistió en la importancia del sufragio universal como baza fundamental del Partido para entrar en las instituciones con el fin de aprovecharse de las mismas a favor de los trabajadores. Pablo Iglesias explicó cómo Maura con este proyecto ejemplificaba el combate del capitalismo contra el sufragio universal en aquel momento histórico, poniendo el ejemplo de lo que ocurría en Prusia, asunto que tuvo su eco en varios artículos de El Socialista en ese mismo año. Aunque el proyecto podría beneficiar en algunos sitios, en principio, a los obreros, había que combatirlo porque a la larga beneficiaba a la burguesía al impedir que realmente los representantes verdaderos de los obreros alcanzasen la mayoría en los Consistorios. Iglesias disertó contra el sistema corporativo, un asunto que, desde la perspectiva histórica, nos interesa sobremanera cuando decenios después regrese el corporativismo con otro modelo a través de la Dictadura de Primo de Rivera y genere debate en el seno de la familia socialista. Al final del acto se pidió solicitar al Parlamento que rechazase el proyecto, siguiendo la resolución de 4 de enero.
