El mes de enero del año 77 no sólo fue el de la promulgación tras el refrendo popular de la joya de la Corona de los reformistas (la Ley para la Reforma Política, promulgada el día 4), fue, además, el mes con la más sangrienta de las semanas que transcurrirían durante toda la Transición. De entre los sucesos acontecidos en aquellos días de enero (periodo llamado por algunos la semana trágica de la Transición), la culminación fue la matanza de varios abogados laboralistas el día 24, en la madrileña calle de Atocha, a manos de pistoleros ultraderechistas, sangrientos defensores del búnker cada vez más derrotado. De la virulencia de la situación y del perfil de navaja por el que se deslizó el proceso que caminaba hacia la democracia dan idea dos situaciones, de un lado el hecho de que la totalidad de los diarios, incluido uno de los voceros del búnker, El Alcázar, acordaran publicar el día 29 de enero un editorial conjunto, común, que llevó como título “Por la unidad de todos”; y de otro que entre el día 28 de enero y el 31 de marzo de ese mismo año un real-decreto de aquella fecha prorrogado un mes más tarde dispuso la suspensión (“respecto de aquellas personas sobre las que recaiga la sospecha fundada de colaborar a la realización o preparación de actos terroristas”) en todo el territorio nacional de la vigencia de los artículos quince y dieciocho del Fuero de los Españoles todavía en vigor, esto es, de aquellos artículos que obligaban a contar con un mandato judicial para entrar en un domicilio y que ponían en 72 horas el límite de detención, agotadas las cuales el arrestado debería de ser liberado o ser entregado a la autoridad judicial.
El día 3 de enero, Adolfo Suárez y su familia se habían trasladado, desde el céntrico palacio de Villamejor, en el paseo de la Castellana, al también madrileño palacio de la Moncloa, para mejorar las medidas de seguridad sobre su persona y su entorno ante la escalada terrorista. Desde entonces es la residencia oficial del presidente del Consejo de Ministros, vale decir, del Gobierno.
De otro lado, una relación de los (nada más y nada menos que 37) reales decretos e incluso leyes que allanaban el camino al consenso porque ya eran parte del cambio pueden ayudar a entender la efervescencia de aquellos meses del año 1977, desde enero hasta las elecciones generales de junio: la supresión del franquista Tribunal de Orden Público y de toda la legislación a él asociada, en enero; la legalización de partidos políticos de febrero, que no era sino un hábil retoque del llamado Estatuto de Asociaciones Políticas del tardofranquismo (ya modificado por un real decreto-ley de junio del año anterior, todavía bajo Arias Navarro, al cual de hecho “revisa parcialmente”, aquel del discurso con que se abre este segundo capítulo) que eliminaba la arbitrariedad gubernamental a la hora de ser admitido en el Registro de Asociaciones Políticas; las medidas de gracia de marzo que permitieron que docenas de presos vascos salieran a la calle y la ampliación ese mes además de los supuestos de la amnistía del año anterior; las normas electorales también del mismo mes, como de marzo es la regularización del derecho de huelga; la Ley de abril sobre regulación del derecho de asociación sindical (de libertad sindical, en suma, que supone la legalización ese mismo mes de CCOO, UGT, USO, la nacionalista vasca Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos –ELA-STV− y el nacionalista catalán Solidaritat d'Obrers de Catalunya –SOC–, así como la de la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo −CNT− y otras organizaciones sindicales ya en mayo); la supresión del Movimiento Nacional por medio de un real decreto-ley de 1 de abril, titulado nada más y nada menos que “sobre reestructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las Asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento”; la libertad de expresión promulgada ese mismo día también…
Extraído del libro del autor titulado La Transición, recientemente publicado por Sílex ediciones.
