jueves. 28.03.2024

Poco antes de declarada la pandemia de Covid-19 la Organización de las Naciones Unidas expresó al gobierno argentino su preocupación por el estado nutricional que experimentaban los niños y niñas de la provincia de Salta, ubicada al norte del país, y que alberga la mayor cantidad de familias cuyos ingresos no cubren la canasta básica. En el primer semestre del año la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) confirmó que el 45, 5 por ciento de los salteños viven bajo el umbral de la pobreza, una cifra que se eleva de la media nacional que, según el mismo organismo, el de 40,9 por ciento.   

Salta fue noticia durante varios días seguidos antes de declarada la pandemia. Las muertes por desnutrición y suicidios entre miembros de la comunidad wichi -una de las 31 etnias indígenas del país- se convirtieron en portada de los medios nacionales durante el mes de enero. Sin embargo cuando el hambre se acentuó en el norte argentino, durante la presidencia de Mauricio Macri, estos mismos medios ignoraron por completo una situación dramática que ahora ha vuelto a desaparecer de la agenda mediática.

Bajo la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey (2007-2019), más de un millón de hectáreas de la provincia de Salta fueron arrasadas para el monocultivo de la soja y la ganadería. Los wichis fueron desplazados y marginados en pos del beneficio de los grandes terratenientes y miembros de la Sociedad Rural.

Durante aquel período en el que se beneficiaron a las multinacionales agro ganaderas y forestales, la desigualdad creció exponencialmente en la provincia de Salta, pero afectó de manera particular a los niños y niñas wichis que comenzaron a sufrir las consecuencias del hambre. El afán de lucro se tradujo entonces en un exterminio silencioso. Al igual que en el Amazonas brasileño, los pueblos originarios se vieron obligados a ceder tierras -que les correspondían ancestralmente- para la explotación de grandes compañías.

El agua se convirtió en veneno. Las fumigaciones con agro tóxicos derivaron en ríos contaminados. Ancianos y niños wichi comenzaron a morir sin prensa.  El hambre y la sed, la desnutrición, la falta de trabajo, la desidia gubernamental y la ambición desbocada de la oligarquía del norte argentino se transformaron en los factores determinantes de una injusticia invisible a los ojos de la opinión pública.  Ocho niños fallecidos a causa del hambre, otros tantos por beber el agua envenenada por las multinacionales que desplazan su maquinaria de sol a sol. “El agua de la lluvia es la que podemos extraer con una bomba que funciona pocas horas al día. Los niños se deshidratan y mueren sin que nadie haga nada”, denunciaba a un medio local y en plana pandemia la maestra wichi Rosa Rodríguez, quien también sostuvo que a principio de año cuatro adolescentes de la comunidad se quitaron la vida.

La pandemia ocupa la agenda de los medios hegemónicos, los mismos que invisibilizan el extermino silencioso o que, según la necesidad editorial, tildan de “tragedia” lo que a todas luces es un genocidio cuyos responsables tienen nombre y apellido. 

Wichis, un genocidio silencioso