Se cumplen ya treinta y siete días de la protesta en Colombia y aunque el volumen de las manifestaciones ha disminuido se mantiene y se extiende a más y más territorios del país. Municipios y regiones que no se habían manifestado en las primeras semanas de la protesta ahora lo hacen teniendo como principales protagonistas a las comunidades indígenas y a las comunidades campesinas. Los jóvenes siguen siendo el actor principal de las movilizaciones en las grandes ciudades y en las ciudades intermedias.
La represión no cesa y por el contrario ha recrudecido como la principal herramienta puesta en marcha por el Gobierno de Uribe-Duque para hacer frente a una movilización que ha sido la más grande y la más duradera en muchas décadas. Más de un mes de movilizaciones y de cortes de carreteras que se han convertido en el objetivo militar más invocado, porque son esos cortes o bloqueos los que más afectan a la economía al impedir la circulación de mercancías y personas dentro de las ciudades, y entre ciudades y regiones afectando tanto las exportaciones como las importaciones.
La respuesta del régimen ha sido el incremento de la represión
Es obvio que los bloqueos afectan también a los ciudadanos que tienen problemas para el abastecimiento de los alimentos que además suben sus precios, pero también afectan la movilidad interna de la ciudadanía y de los trabajadores que afrontan dificultades cotidianas para llegar a sus puestos de trabajo.
Pese a ello y de acuerdo con las más recientes encuestas, el 76% de los entrevistados están de acuerdo con el Paro y dentro de la juventud la cifra supera el 90%. Cuestión inexplicable para el régimen y para los grandes medios de comunicación que no cesan de entrevistar a personas en los noticieros indagando por las dificultades que tienen las personas para movilizarse en las grandes ciudades. Dan cuenta todos los días de la muerte de pollitos en la industria avícola por la no llegada de los alimentos para esas aves. En fin, sobredimensionan las violaciones que las ha habido a la Misión Médica y en ella la muerte de dos bebes que hay que rechazar, pero que en los espacios de los grandes medios buscan apuntalar la narrativa de un movimiento que viola los derechos de los terceros no involucrados en las movilizaciones. Buscan con ello desacreditar al movimiento de manera intencionada y provocar su rechazo. No obstante, el Paro Nacional sigue gozando de aceptación popular.
La respuesta del régimen ha sido el incremento de la represión. En la noche del 28 de mayo, en la ciudad de Cali -a donde se había desplazado para hacer frente a la crisis y la protesta, y en donde quedó al frente de un Consejo de Seguridad- el presidente Iván Duque se habría reunido, según la columnista Cecilia Orozco, con Álvaro Uribe -quién manda en realidad en el país. El mismo Uribe que había criticado a Duque en entrevista al diario El País, por no asumir la mano dura para hacer frente a la protesta-. Allí Duque dio a conocer el decreto 575 de “asistencia militar a las autoridades departamentales y municipales” contenidas en el Código Nacional de Policía. Por medio de ese decreto se militariza el manejo de la protesta en 8 departamentos del país y en 13 ciudades, comenzando por las que mayor intensidad han mostrado en la protesta: Cali, Buenaventura en el Valle del Cauca, Popayán y Pasto en el suroccidente, Bucaramanga en el oriente del país y Pereira en el centro occidente. La orden es que con el respaldo del Ejército y la Armada Nacional se proceda al desbloqueo de las vías. Así mismo que se judicialice a los protestantes que se encuentran en los bloqueos, a los cuales califica de actos criminales.
Como lo advirtió Rodrigo Uprimny en un examen del decreto, éste muestra serios vicios de inconstitucionalidad, al menos por cuatro razones principales. (1) Ordena levantar mediante la fuerza los bloqueos desconociendo que no todos los bloqueos o cortes de carretas y de vías son ilegales ya que son acciones consideradas legítimas, mientras no afecten de manera grave los derechos de terceros. (2) Frente a bloqueos que afecten derechos desproporcionadamente y de manera grave los derechos de terceros, las autoridades están en la obligación de priorizar el diálogo con los manifestantes para el levantamiento pacífico antes de utilizar la fuerza. (3) El decreto no precisa la proporcionalidad necesaria en el uso de la fuerza cuando se agota el recurso del diálogo y la concertación y omite la consideración de los estándares legales en materia de protección de la protesta, de respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. (4) Al no aclarar que la “Asistencia Militar” nunca puede ser usada para levantar los bloqueos o las protestas también cae en un lugar inconstitucional. Y agrega Uprimny que solo se podría utilizar al Ejército para proteger la protesta que a todas luces no es lo que se busca con este decreto. Concluye que es una salida autoritaria y antidemocrática al tiempo que exhorta al dialogo y a la negociación al gobierno y a los manifestantes a levantar los bloqueos y buscar otras formas de protesta.
El resultado ha sido el incremento de la represión y la muerte de manifestantes. Desde el 28 de abril y con corte al 31 de mayo, Indepaz registra 71 asesinatos relacionados con la protesta, enlista 346 desaparecidos, de los cuales los organismos de control registran que 119 personas, hecho sumamente grave, además de 22 violaciones o vejámenes contra mujeres por parte de miembros de la fuerza pública. Son cada vez más las denuncias que muestran a civiles disparando contra los manifestantes, algunos de los cuales han sido identificados en las redes sociales.
Dificultades para hacer cumplir las normas antidemocráticas
Pese a que el decreto 575 amenaza con sanciones a los alcaldes y gobernadores que no cumplan con la orden, hasta ahora lo que ha sucedido no debe tener para nada contento al gobierno, que esperaba por una parte la resistencia de los manifestantes y por otra la sumisión de las autoridades territoriales. Lo que ha sucedido es todo lo contrario: en la mayor parte de los puntos de bloqueo no ha habido resistencia activa de los manifestantes, pues en la mayor parte del territorio las autoridades territoriales han procedido al dialogo y a la negociación con los manifestantes y se han levantado los bloqueos en una buena parte del país. En algunos departamentos y municipios se han instalado en cambio mesas de negociación como en el caso de Cali, en el departamento del Cauca, así como en el departamento del Huila. Las autoridades locales han procedido de acuerdo con los protocolos en materia de protección de la protesta y de los derechos humanos de los manifestantes. Hasta ahora y como se dice popularmente se quedaron con los crespos hechos. Era a mi juicio lo que procedía por parte de los manifestantes y de las autoridades locales.
También fue correcta la decisión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que entregó registro de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública como también de los desmanes contra los uniformados por parte de los manifestantes a la delegada de las Naciones Unidas en Colombia y a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, para que presenten una evaluación de los hechos de violencia y hagan un seguimiento a las investigaciones que no se hacen con la celeridad que se requiere por parte de los organismos de control colombianos cooptados por el gobierno de Duque. Se libra una verdadera batalla entre las autoridades locales y el gobierno nacional por el tratamiento que se debe dar a la protesta. Las autoridades locales que han sido relegadas por el gobierno Nacional en el manejo de la protesta y que en la práctica no ejercen autoridad sobre los cuerpos de policía que están militarizados y rígidamente centralizados y solo obedecen al gobierno nacional, se han negado a dar carta cabal a la represión. De manera acertada la mayor parte de las autoridades territoriales han optado por el diálogo y la concertación con los manifestantes.
La presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Otro hecho muy significativo que limitará la deriva autoritaria en el manejo de la protesta y que obligará a los organismos de control colombianos a superar su omisión en las investigaciones sobre los actos criminales de la Fuerza Pública y de grupos paramilitares que han operado en completa impunidad contra de las protestas sobre todo en el Valle del Cauca, Cauca y Pereira, lo constituirá la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hará presencia en Colombia durante tres días a partir de este martes 8 de junio. Como se recordará, el gobierno de Uribe-Duque se opuso inicialmente a dicha visita, que había sido solicitada por la sociedad civil colombiana y aceptada por la CIDH que pidió autorización al gobierno colombiano para hacerla de manera oficial. Hasta último momento la canciller y vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, se opuso argumentando que, en contra de toda evidencia, los organismos de control colombianos estaban investigando y que el gobierno estaba cumpliendo con los protocolos en el manejo de las protestas a pesar de que los hechos y las cifras mostraban que no era así. De manera intempestiva y después de la reunión que sostuviera con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, Ramírez, en nombre del gobierno, autorizó la presencia en Colombia de la delegación de la CIDH. Muy seguramente este cambio de postura obedeció a las exigencias del Departamento de Estado, presionado por un creciente número de parlamentarios demócratas, así como por la influyente prensa norteamericana que ha publicado los desmanes de la fuerza pública colombiana en el tratamiento de la protesta.
La visita y el informe de la Comisión pondrán presión al gobierno colombiano: de eso no nos cabe la menor duda. Son tan graves los hechos derivados de la brutalidad policial, es tal el grado de impunidad con los que ha actuado la fuerza pública colombiana, que el informe será muy crítico y pondrá en la picota pública nacional e internacional al gobierno colombiano y a los organismos de control que, sumisos al gobierno de Uribe-Duque, no cumplen con sus obligaciones constitucionales.
Entre tanto, el gobierno insiste en negarse a negociar en el plano nacional con el Comité del Paro. No suscribió el acuerdo al que habían llegado sus delegados en la mesa de negociaciones sobre el punto previo de garantías para la protesta y la movilización social. Ha condicionado cualquier negociación con la exigencia del levantamiento total de los bloqueos y pese a la declaración del Comité Nacional del paro que fijó su posición llamando al levantamiento de los bloqueos, se niega a instalar la mesa de negociaciones.
La estrategia del gobierno a mi juicio es la de agotar la protesta dilatando la negociación para que la protesta se debilite. Reprimir para ocasionar temor y miedo. No quiere ceder a las justas reclamaciones del paro. Ceder implica aumentar el gasto social para palear el hambre y la pobreza y eso tiene un costo fiscal. El proyecto de renta básica permanente tiene un costo total del 3.7% del PIB, unos 34 billones de pesos. Se requieren por lo menos 24 billones de recursos adicionales. Un programa de subsidio a las nóminas de pequeñas y medianas empresas y un plan de empleo público tiene un costo aproximado de dos puntos del PIB, unos 18 billones de pesos. A ello habría que sumar el costo del programa de matrícula cero para la educación superior. Y la reforma tributaria que viene cocinando el gobierno busca recursos por unos 14 billones de pesos. Por eso no negocia porque si lo hace y cede requiere recursos y ello implica gravar a los ricos y super ricos y es lo que no quiere hacer. Ese es en el fondo el pulso en que estamos.
Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur
