viernes 25/6/21

Las milicias y el narco penetran en la política de Brasil

Solo el 1,9 % del área total de la ciudad de Río de Janeiro está libre del control de grupos criminales

bras

@jgonzalezok | Desde 2018, 23 personas fueron asesinadas en el estado de Río de Janeiro por causas políticas. Según el Grupo de Investigación Electoral de la Universidad Federal del Estado, la principal línea de investigación de la policía en muchos de los casos apunta a la participación de milicias paramilitares, que se han convertido en el principal integrante del crimen organizado.

Uno de los crímenes que más conmovió a la opinión pública se produjo el 14 de marzo de 2018, cuando la concejal Marielle Franco (PSOL, izquierda), fue asesinada junto con su chofer, en Río de Janeiro. Más de dos años y medio después, el crimen todavía no fue esclarecido totalmente, ya que se apresó a los autores materiales pero se desconoce quién ordenó el asesinato. Pero no hay duda que fue obra de las milicias que actúan en el estado. Esta muerte sirvió para poner en primer plano la existencia de estos grupos paramilitares, que mantienen una disputa territorial con el narco y que siguen ganando terreno.

El principal sospechoso del crimen de Marielle Franco es Adriano Magalhães da Nóbrega, un ex policía militar relacionado con Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil. Las sospechas sobre el hijo del mandatario son algo más que simples suposiciones, ya que empleó a la madre y la esposa del miliciano, que murió el pasado 9 de febrero, en un enfrentamiento con la policía de Bahía.

Los paramilitares de las milicias ya son un estado paralelo con influencia en la política, el sistema judicial y con un control territorial que hace muy difícil que el Estado pueda brindar los servicios mínimos para la población

Una porción importante del territorio de Río de Janeiro, está bajo el dominio de las milicias, integradas por policías militares, bomberos y agentes penitenciarios. La mitad de los barrios de la ciudad está ocupada por milicias y uno de cada tres habitantes vive en áreas controladas por dichas organizaciones paramilitares. De hecho, las milicias controlan un área casi cuatro veces superior a la que domina el narcotráfico. Y un cuarto del territorio carioca está todavía siendo disputado por milicias y narcos. En la lucha por la expansión de las milicias, tiene protagonismo principal Wellington da Silva Braga, por el que se ofrece una recompensa, que heredó el liderazgo de su hermano, Carlos Alexandre Braga, más conocido como Carlinhos Três Pontes, muerto en enfrentamiento con la policía.

Pero hay dos datos impactantes: solo un 1,9 % del área total de la capital carioca no sufre ninguno de los grupos criminales. A nivel del estado, un reciente estudio del diario O Globo estableció que las milicias están instaladas en, al menos, 14 municipios. El segundo detalle es que las milicias ya matan más que el narcotráfico. Y la violencia paramilitar no ahorra excesos: desde cabezas cortadas a centenares de tiros sobre una sola víctima, con el objetivo de sembrar el terror y mantener la autoridad sobre el territorio controlado.

Junto a estos hechos impresionantes, hay una constatación de facto: solo la protección política pudo permitir el desarrollo de las milicias. El propio presidente Bolsonaro, en su carrera como parlamentario, hizo apología de estos grupos y son varias las relaciones confirmadas del mandatario con distintos jefes de milicias. Ya en 2008 afirmó: “Quieren atacar al miliciano, que pasó a ser el símbolo de la maldad y peor que los narcotraficantes”.

Bruno Paes Manso, autor de A República das Milícias: dos escuadrões da morte à Era Bolsonaro, declaró hace unos días al salir su libro que la relación entre Bolsonaro y las milicias es ideológica. En entrevista a Brasil de Fato, el autor añadió que “Bolsonaro defiende una violencia redentora, capaz de establecer el orden, no obstante el Estado de Derecho y las leyes. Esto forma parte de la carrera de Bolsonaro”.

Para Paes Manso, la milicia es el principal problema por su capacidad para infiltrarse en las instituciones, en todas las esferas: “El tráfico nunca consiguió tener eso. Siempre fue asociado al miedo a las drogas, a la guerra permanente, al desorden de la violencia imprevisible. El político que defiende al narcotraficante es visto como traidor. La milicia se fortalece contraponiendo eso, con el marketing de defensa del orden. Así, consigue la tolerancia de varios grupos en un estado traumatizado por la violencia”.

Estos grupos comenzaron a asentarse en barrios populares, en favelas manejadas por el narcotráfico, donde la acción del Estado estaba ausente. En principio llegaron con el discurso de protección a la población y el combate el tráfico de drogas, pero han pasado a competir y recientemente a colaborar con las poderosas organizaciones criminales del tráfico asentadas desde hace décadas en las zonas más pobres del Estado.

Las milicias se dedican a la extorsión a cambio de supuesta protección -tanto a comerciantes como a habitantes en general- y al cobro ilegal por acceso a servicios básicos, muchas veces con conexiones clandestinas, como Internet, gas, agua y luz; también controlan el transporte alternativo, el sector inmobiliario de las favelas. Un fenómeno identificado más recientemente ha sido la asociación de las milicias con  alguna de las tres grandes organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en Río. A este respecto, Fabio Correa, del Ministerio Público de Río, le dijo al diario O Globo que la alianza de las milicias con el narco beneficia a ambos, “pues cuando el narcotráfico pasa a vender en otros barrios, la milicia amplía su fuente de ingresos”.

El fenómeno, en su actual configuración, es relativamente reciente. Pero ya en la década del 60 hubo grupos de exterminio o escuadrones de la muerte que actuaban contra la delincuencia. Fue por eso que, inicialmente, tuvieron la simpatía de cierta parte de la población. Pero la visión de la gente empezó a cambiar en 2008, cuando dos periodistas del diario O Dia, que investigaban las relaciones de los milicianos con candidatos de una favela carioca, fueron secuestrados y torturados.

Un reciente editorial del diario O Estado de S.Paulo señaló que la policía federal alerta que el uso de dinero del crimen para el financiamiento de candidaturas crece en todo el país. Una situación que pone en riesgo la seguridad pública y el estado de derecho.

Ante las elecciones municipales del próximo 15 de noviembre, una decisión judicial parece beneficiar a las milicias. Para evitar casos de violencia policial excesiva se establecieron parámetros y controles externos de operaciones en las favelas y otras zonas carenciadas de Río. Esto crea una zona libre de actuación para candidatos aliados a las milicias y al tráfico de drogas. Los milicianos no solo actúan a favor de determinados candidatos, ellos mismos ya están compitiendo en las elecciones y utilizan su influencia o sus amenazas para conseguir los votos. Datos periodísticos divulgados durante esta campaña establecieron que más de 30 policías militares, detenidos o condenados por homicidio, extorsión, corrupción y tortura están en las listas de candidatos de Río.

Entre los casos emblemáticos de milicianos candidatos está el de Márcio Cardoso Pagniez, más conocido como Marcinho Bombeiro, que fue presidente de la Cámara Municipal de Belford Roxo, municipio del estado de Río. En septiembre del año pasado fue denunciado por encabezar una milicia conocida como Tropa do Marcinho. A pesar de que está preso, su campaña electoral sigue sin ningún impedimento. Y al menos dos candidatos de la Baixada Fluminense son parientes de jefes narcos presos.

Zeca Borges, coordinador de un teléfono que recibe quejas de los ciudadanos (Disque Denúncia), señaló a O Globo: “La mayoría de los relatos que recibimos apunta a amenazas de represalias a la población si el candidato apoyado por el grupo (las milicias) no es electo”. Por ejemplo, con un aumento de las llamadas tasas de seguridad. El poder de las milicias llega al extremo de que, en las últimas semanas, pasaron a exigir un dinero adicional a sus víctimas, para dedicarlo a la paga extra de diciembre para sus sicarios.

El ex ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann, escribió recientemente en un artículo en el Estado de S.Paulo que, “como quien controla el territorio controla el voto, las milicias y el crimen organizado pasaron a colocar en los parlamentos municipal y estadual sus representantes, formando sus grupos. Estos, a su vez, pasaron a indicar sus representantes o aliados para cargos en el Ejecutivo en el área de seguridad pública, en una verdadera metástasis”.

Una situación que plantea un enorme desafío para la seguridad pública y que pone en grave peligro el estado democrático. De hecho, los paramilitares de las milicias ya son un estado paralelo con influencia en la política, el sistema judicial y con un control territorial que hace muy difícil que el Estado pueda brindar los servicios mínimos para la población. Y ya se sabe que allí donde el Estado está ausente, se hace presente el crimen organizado. 

Las milicias y el narco penetran en la política de Brasil
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