@jgonzalezok | El nuevo gobierno argentino, con Alberto Fernández a la cabeza, asume en una situación de crisis extrema, como, por lo demás, es casi la norma en su historia. Niveles insoportables de pobreza, inflación fuera de control, reservas escasas, control de cambios, déficit fiscal crónico, recesión -crecimiento negativo de más del 5,5 % en los dos últimos años- y un contexto internacional desfavorable son algunos de los problemas en la mesa de Alberto Fernández. Pero el más urgente es el de la deuda, ya que Argentina está de nuevo al borde de un nuevo default o suspensión de pagos.
En su primer discurso como presidente, Fernández afirmó que el gobierno de Macri dejó el país en un default virtual. Reiteró la voluntad de pagar las obligaciones, pero señalando que sin crecimiento no hay capacidad de pago.
Jorge Colina, sostiene que lo impagable es el déficit fiscal, no la deuda. Sobre todo porque “hay una sociedad que no es propensa a la responsabilidad fiscal, por el contrario, demanda siempre mayor gasto público con una gran reticencia a pagar impuestos”
Para lidiar con la economía, pero específicamente con la deuda, Alberto Fernández designó como ministro de Economía a Martín Guzmán, profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York), y discípulo del Nobel de Economía Joseph Stiglitz. El pasado 20 de noviembre, antes de ser designado ministro, Guzmán presentó en una reunión de la ONU en Ginebra una propuesta para encarar el tema de la deuda argentina: una extensión de plazos para los pagos del capital, dos años de gracia para los intereses y cierre de todo el proceso en marzo de 2020. En tan breve tiempo, hay que encarar las negociaciones con el FMI y con los acreedores privados.
El anuncio del nuevo gobierno de postergar la discusión sobre el presupuesto del 2020 para el mes de marzo o abril, no ayuda a despejar las incógnitas que tienen los acreedores internacionales, y que deben ser convencidos de que, a la larga, Argentina tiene voluntad de pagar. Los acreedores, antes de conceder una prórroga o una quita, van a exigir que Argentina dé pruebas de que su plan tiene viabilidad fiscal.
El gobierno quiere reactivar la economía a través del consumo. Habrá subidas para jubilados y dinero extra para planes sociales. Y la máquina de imprimir billetes ya está trabajando a todo vapor. Es decir, el déficit fiscal se profundizará. La pretendida versión de que Argentina cumplirá con su deuda, solo será posible mediante la multiplicación de los panes y los peces.
El calendario de pagos de aquí a fin de año comienza ya el 12 de diciembre, cuando las nuevas autoridades aún no han calentado el asiento. Ese día vencen letras del Tesoro (Letes) por valor de 174 millones de dólares y 15.752 millones de pesos (unos 262,5 millones de dólares). Pero antes de terminar el año, el mismo 31 de diciembre, tiene que afrontar otras obligaciones por 752 millones de dólares. Estos pagos parecen ser asumibles con las reservas que quedan en el Banco Central, cuyo monto exacto se desconoce. Pero lo que Argentina debería pagar en 2020 es inasumible: son 21.100 millones de dólares, el 13,4 del PBI.
Por tanto, existe el peligro de que Argentina vuelva a fallar en sus obligaciones, como sucedió ya en otras ocho ocasiones a lo largo de su historia. La primera vez fue en 1827, apenas con 17 años de vida independiente; la última, en 2014, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entró en disputa con los llamados “fondos buitre”.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) incluyeron en su relato el mito del desendeudamiento y trataron de instalar la idea de que Macri había recibido un país sin deudas, y que éste se convirtió en un endeudador serial. Sin embargo, convendría olvidar la propaganda y ceñirse a los datos.
Macri, en efecto, recurrió al FMI, que le concedió a Argentina préstamos por 56.300 millones de dólares, todo un récord para la entidad. A tal punto que, como señala el economista Guillermo Calvo, “si Argentina no le paga al FMI, el FMI se funde”. Se desembolsaron unos 44.300 millones y el resto quedó pendiente, a la vista del resultado de las elecciones. Alberto Fernández dijo que renunciaba a recibir lo que quedaba del acuerdo.
Antes del default de 2001, la deuda argentina era de 144.000 millones de dólares. Durante el kirchnerismo, hubo una renegociación de la deuda, con quitas importantes, pero en 2014 nuevamente se cayó en default, dejando al gobierno de Macri el problema con los “fondos buitre”.
Cuando Cristina Kirchner abandonó la Casa Rosada en 2015, dejó una deuda pública de 254.000 millones de dólares, 110.000 millones más de lo que el país tenía en 2005. Gran parte de esta deuda público tiene que ver con la decisión de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su viuda y sucesora, Cristina Fernández (2007-2015), de obligar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Anses (Seguridad Social), a comprar bonos del Estado.
A pesar de que Alberto Fernández dijo en campaña que gran parte de la deuda asumida con el FMI durante el gobierno de Macri sirvió para financiar la fuga de capitales, el ex ministro Hernán Lacunza explicó que se destinaron 50.000 millones de dólares a pagar intereses y capital de la deuda anterior a 2015 y 19.000 millones para financiar el déficit fiscal heredado.
La deuda también financió el gradualismo del gobierno de Macri, que suponía que un programa de shock incendiaría el país. El gobierno también debió hacer frente al pago al Club de París, y a fallos en contra de Argentina en el CIADI por estatizaciones varias. Financiar el déficit heredado también se llevó su parte. Y la crisis cambiaria del 2018, que triplicó el valor del dólar, echó leña al fuego a la hora de incrementar la deuda.
Uno de los principales problemas de la Argentina, que tuvo Macri, sus antecesores y que también tendrá Alberto Fernández, es que la deuda está en dólares y el país no genera los dólares suficientes. Es más, desde el 2011 el comercio internacional de Argentina se contrajo un 26,6 %.
La deuda, también, es consecuencia de déficits crónicos. El economista de IDESA Jorge Colina, sostiene que lo impagable es el déficit fiscal, no la deuda. Sobre todo porque “hay una sociedad que no es propensa a la responsabilidad fiscal, por el contrario, demanda siempre mayor gasto público con una gran reticencia a pagar impuestos”.
