Si quedaba alguna duda respecto del terrorismo de Estado que está tiñendo de sangre las calles de Colombia, el informe presentado por la Corte Penal Internacional de ese país la disuelve. La violación sistemática de los derechos humanos que comenzó a finales de abril incluye asesinatos, torturas y violación sexual. Así lo afirman de forma unánime las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han podido confirmar ayer los 22 tipos de conductas violatorias cometidas por integrantes de la Fuerza Pública, el Ejército y la Policía.
El modus operandi que aplica la fuerza represora de Colombia es similar al que desplegaron los carabineros chilenos bajo las órdenes de Sebastián Piñera en 2019 y que ocasionó la muerte de medio centenar de personas. El informe que deberá analizar la Corte Penal señala que entre el 28 de abril y el 2 de junio se registraron en Colombia al menos 3.825 violaciones a los derechos humanos. La certeza de civiles desaparecidos tras detenciones arbitrarias ha sido registrada por los firmantes del documento que hicieron hincapié en la gravedad de estos hechos que no registran antecedentes en la historia de la democracia colombiana.
Las prácticas aberrantes de las fuerzas de seguridad del gobierno de Iván Duque incluyen además operativos similares a los que se sucedían durante las dictaduras sangrientas del Cono Sur. Allanamientos a domicilios de titulares de organismos defensores de Derechos Humanos, privaciones ilegítimas de la liberad, tortura y desaparición.
La mayoría de las víctimas mortales son jóvenes de entre 13 y 26 años
Se contabilizan ya más de 70 asesinatos cometidos por la policía, el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y grupos paramilitares. La mayoría de las víctimas mortales son jóvenes de entre 13 y 26 años; muchos de ellos de la ciudad de Cali.
Pero el asesinato es sólo una de las estrategias aberrantes del gobierno de Iván Duque. La otra es la judicialización de “enemigos” con la complicidad de la Fiscalía General de la Nación. Mientras se detiene y se les priva de la libertad a los “sospechosos de terrorismo”, los medios de comunicación del poder económico concentrado alimentan la idea de “culpabilidad” pretendiendo justificar el accionar del Estado en los allanamientos que tienen como finalidad encarcelar a jóvenes –la mayoría de ellos de bajos recursos y que no cuentan con ingresos para pagar un abogado- con el objetivo de intimidar y desbaratar la protesta social.
Los ojos del mundo no miran hacia Colombia con la misma perplejidad con la que mirarían hacia Venezuela si fuese de aquel país desde donde proviniesen tan impactantes noticias. Los medios hegemónicos hacen un gran esfuerzo para disfrazar lo que a todas luces es Terrorismo de Estado.
