@jgonzalezok / Días antes de la cumbre del clima convocada por el presidente norteamericano, Joe Biden, Brasil dio muestra acabada de su política ambiental y de su nulo compromiso con las metas que viene acordando en los últimos años la comunidad internacional. Brasil era una referencia mundial en la defensa del medio ambiente, sobre todo tras la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992. Pero, desde la elección de Jair Bolsonaro, a fines de 2018, el país se ha convertido en un paria internacional, aislado y condenado por la Unión Europea y los Estados Unidos.
Muestra de ello fue la destitución del superintendente de la Policía Federal en el estado de Amazonas, Alexandre Saraiva, tras denunciar ante el Supremo Tribunal Federal al propio ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, por graves delitos y connivencia con madereros y mineros ilegales, así como de usurpadores de tierras indígenas. La denuncia se produjo después de una mega operación de la Policía Federal, en la que se incautó madera por unos 20 millones de euros. Según la denuncia del jefe policial -que es doctor en Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Amazonia- el ministro obstruyó la operación, la mayor en la historia de Brasil para proteger a los empresarios involucrados. Y lo acusó de integrar una organización criminal y patrocinar directamente intereses privados e ilegítimos ante la administración pública.
Bolsonaro será uno de los 40 líderes mundiales que participarán en la cumbre virtual que tiene como principal objetivo debatir metas para frenar el calentamiento global. Su intervención, de unos tres minutos, tendrá lugar el jueves 22, el primero de los dos días de la reunión. Contrariamente a lo que sucedió en ocasiones anteriores, se espera que adopte un tono moderado y se comprometa a aumentar las operaciones contra la deforestación en la Amazonia. En concreto, poner fin a la tala ilegal de árboles en la mayor selva del mundo de aquí al 2030. A cambio, pedirá fondos millonarios a la comunidad internacional.
En 2019 y 2020 la tasa de deforestación de la Amazonia aumentó un 29%
El problema es que ninguna promesa en su boca es creíble. En 2019 y 2020, la tasa de deforestación de la Amazonia aumentó un 29%. Solo este pasado mes de marzo, el área devastada fue de 810 kilómetros cuadrados, el triple en comparación con el mismo mes del año pasado y el peor en los últimos diez años. También es un récord negativo el acumulado de enero a marzo.
El gobierno de Bolsonaro desactivó en la práctica el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) y el ICMBio (Instituto Chico Mendes), los dos órganos federales de fiscalización ambiental. Lo mismo ha tratado de hacer con diversas Organizaciones No Gubernamentales. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), se vio sometido a ataques del gobierno, que acusó a dicho estamento de ser un organismo opositor, por cuenta de las mediciones científicas, efectuadas con satélites, que ponen de manifiesto la magnitud de la deforestación.
En el último año, el IBAMA gastó menos del 40 %del presupuesto destinado a la fiscalización y el combate a la tala ilegal y a los incendios intencionados en la selva amazónica y otras zonas protegidas -como El Pantanal-, a pesar del aumento de la deforestación. El secretario ejecutivo de la ONG Observatorio del Clima, Márcio Astrini, citado por el diario O Globo, lamentó la lentitud en el uso de los recursos ya disponibles: “Si el ministro Salles estuviera interesado en proteger la Amazonia, no estaría pidiendo más recursos o intentando crear un fondo totalmente nuevo con dinero extranjero. Estaría intentando que funcione el Fondo Amazonia, usando los recursos que ya existen. Pero el problema, para Salles, es que todos esos mecanismos que ya existen tienen reglas de uso, y él quiere dinero para usarlo como quiere”.
En los últimos meses, el gobierno de Bolsonaro dictó nuevas medidas que dificultan la fiscalización de los órganos de control. La principal impide que maderas ilegales ya comercializadas sean aprehendidas si el fiscal no consigue probar que el comprador sabía del origen del producto o tenía algún tipo de vínculo con dicho delito. En la práctica, los fiscales no tienen herramientas para probar dicho vínculo. También se flexibilizaron las normas para exportar madera, al retirarse la exigencia de una autorización especial para productos forestales de origen nativo.
El gobierno de Bolsonaro, por otra parte, intenta involucrar a la Policía Militar, en detrimento de los órganos de fiscalización ambiental -con la competencia técnica y legal necesaria- en la lucha contra este tipo de delitos. La intención sería integrar dicha fuerza en el Sistema Nacional de Medio Ambiente. Esto supone una politización de la fuerza, que es mimada por el presidente Bolsonaro y que constituye una parte importante de su base de apoyo.
Desde el comienzo de su gobierno, el presidente brasileño protestó por el exceso de fiscalización y de multa a los madereros que explotan ilegalmente la Amazonia
Desde el comienzo de su gobierno, el presidente brasileño protestó por el exceso de fiscalización y de multa a los madereros que explotan ilegalmente la Amazonia. Hace exactamente un año, el 22 de abril del 2020, el ministro Salles fue el autor de una frase que todo Brasil pudo escuchar, ya que el entonces ministro de Justicia, Sergio Moro, pidió que se liberara la grabación del Consejo de Ministros de ese día. Ahí, entre otras cosas, Salles propuso que se aprovechara que toda la atención estaba puesta en la situación derivada de la pandemia del Covid-19, para desmontar los órganos de control y la legislación ambiental.
Para el gobierno norteamericano, Brasil debe mostrar resultados tangibles y se espera que sea en el corto plazo. John Kerry, el representante de Biden para el clima, pidió “acciones inmediatas” de Bolsonaro contra la tala ilegal y el compromiso del gobierno con las comunidades indígenas y la sociedad civil sobre las cuestiones ambientales. Esta reunión sobre el clima es fundamental para las relaciones futuras entre Brasilia y Washington, que deben superar la actual fase de desconfianza, como consecuencia del alineamiento de Bolsonaro con el ex presidente Trump y su demora en reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones.
La cumbre de esta semana es previa a la Conferencia de las Partes sobre el Clima (COP-26), cumbre de la ONU que tendrá lugar en noviembre en Glasgow (Escocia). Estados Unidos y China son los mayores emisores de los gases de efecto invernadero, con el 15% y el 28%, respectivamente. Al mismo tiempo, ambos se disputan el liderazgo global en la diplomacia ambiental, una vez que Biden acabó con la oposición negacionista de su antecesor, Donald Trump, que abandonó el Acuerdo de París en junio de 2017.
El Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken reconoció que China es el mayor productor y exportador de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y vehículos eléctricos. Y tiene casi un tercio de las patentes mundiales de energía renovable. En las vísperas del encuentro, China y EEUU divulgaron un comunicado conjunto en el que se muestran de acuerdo en acordar metas más ambiciosas para el clima.
