@jgonzalezok | Por primera vez desde que es vicepresidenta electa de la Argentina, y a días de asumir su nuevo cargo, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo que declarar este lunes en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor de un empresario amigo. El juicio se inició el pasado 21 de mayo, pero su declaración recién se produjo ocho días antes de convertirse en vicepresidente de la Nación.
Hay trece imputados en esta causa, pero es Cristina Fernández de Kirchner la principal acusada, al fallecer su marido, Néstor Kirchner. Se la considera como la jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado, al direccionar obra pública vial a favor del empresario Lázaro Báez, también imputado. En la causa se estudiaron 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, donde los Kirchner iniciaron su carrera política. Más de la mitad de las mismas quedaron sin concluir, pero fueron pagadas por el Estado.
La empresa beneficiaria fue el Grupo Austral, por más de 46.000 millones de pesos. La compañía era de Lázaro Báez, ligado personal y comercialmente con la familia Kirchner. Era un simple empleado bancario hasta que conoció a Néstor Kirchner, y tuvo un incremento patrimonial del 12.127 % entre el 2004 y el 2015.
Cristina Kirchner había dicho que, sin transmisión en vivo de sus palabras, su declaración era “una ficción”. Su abogado, Carlos Beraldi, aludió a una “circunstancia única en la historia de la Argentina”. Pero el tribunal decidió que la debida publicidad del juicio no exigía su difusión en vivo
Además de la ahora vicepresidente electa, están imputados ex altos funcionarios, fundamentalmente del ministerio de Planificación, como Julio de Vido, José López y Carlos Kirchner, primo del ex presidente fallecido.
Según la acusación, los contratos estuvieron plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles. Parte del dinero defraudado se destinó a “enriquecer el patrimonio de los expresidentes”, según la Justicia. La acusación contempla también que el empresario beneficiado fue fundamental para lavar el dinero, mediante la contratación ficticia de habitaciones en los hoteles o en otras propiedades de la familia Kirchner.
En su presentación este lunes, Cristina Fernández volvió a sostener como único argumento que era una perseguida política, a través del llamado “lawfare”, es decir, la utilización de la Justicia para perseguir a los líderes populares. Y afirmó que la causa por la que está siendo juzgada responde a un plan ordenado por el gobierno saliente, de Mauricio Macri, a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. También aseguró que el gobierno de Macri tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no, o a qué empresario había que presionar: “El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidente de la República”. Y apelando a la ironía, afirmó: “Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no sé cómo tuve tiempo para gobernar, porque me la pasaba haciendo asociaciones ilícitas”.
Cristina Fernández calificó de “corsarios judiciales” a los fiscales de la causa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. No ahorró acusaciones contra el juez Claudio Bonadio, que lleva casi todas las causas en su contra. E incluso criticó el nombramiento de dos de los integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Quizá lo más insólito en la vista fue que la vicepresidente electa pidió que se cite a declarar a Alberto Fernández, el presidente electo, alegando que él era el jefe de Gabinete en ese entonces y, por tanto, el encargado de ejecutar el presupuesto nacional. “Van a tener un problema porque van a tener que citar al presidente de la República, pero será interesante escuchar lo que tiene que decirles”, señaló.
A pesar de que el tribunal denegó la petición para que la vista fuera televisada, dos canales ligados al kirchnerismo -Crónica tv y C5N-, transmitieron una parte de su declaración, tomando la señal de los monitores instalados en la sala de prensa. Cuando el tribunal se dio cuenta de la maniobra ordenó a las cámaras de dichos canales que abandonaran la sala.
Cristina Kirchner había dicho que, sin transmisión en vivo de sus palabras, su declaración era “una ficción”. Su abogado, Carlos Beraldi, aludió a una “circunstancia única en la historia de la Argentina”. Pero el tribunal decidió que la debida publicidad del juicio no exigía su difusión en vivo, ya que “se encuentra garantizada a partir de la libre concurrencia de la ciudadanía que lo desee a la sala de audiencias, la acreditación y asistencia de medios de prensa y la permanente transmisión en sala de periodistas de todo cuanto ocurre en el debate”. Esto, para el tribunal, asegura que la opinión pública y los medios de comunicación pueden tomar conocimiento y dar publicidad de la forma en que lo estimen conveniente.
Con la declaración, este lunes, del testimonio de Cristina Fernández, se cierra la etapa de las declaraciones indagatorias. Empezará entonces el turno de los testigos. Esta es una de las diez causas abiertas contra la ex mandataria, algunas de las cuales tienen conexión directa con la de los contratos viales en Santa Cruz. La única que no está relacionada con la corrupción es la que investiga el memorándum con Irán, firmado en 2013, donde se la acusa de haber impulsado un pacto de impunidad con dicho país por el atentado de la mutual judía AMIA, en julio de 1994.
El futuro de todas estas causas, no obstante, está en el aire. La vuelta del kirchnerismo al poder le proporciona enormes posibilidades de influir en el curso de las mismas. Sin descartar un posible indulto por parte del nuevo presidente electo, Alberto Fernández, que llegó a la máxima magistratura gracias al dedo de la propia Cristina Fernández. Alberto Fernández negó en varias oportunidades que tenga intención de ejercer el perdón presidencial, pero siempre se pueden alegar razones de diversa índole para una medida de gracia.
Pero tal vez no se necesite una medida de esta naturaleza, que puede causar revuelo político. Basta con que algunos organismos del Estado, como la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Información Financiera, querellantes en la mayoría de los casos de corrupción, se retiren, lo que puede llevar a cerrar estas causas. Estos organismos tendrán a partir del 10 de diciembre nuevos titulares, que responderán políticamente al gobierno, que sostiene la idea de que son causas políticas.
