Tras la cumbre europea del pasado 23 de abril, las espadas siguen en alto. Los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países miembros de la UE ratificaron las medidas acordadas el 9 de abril por los ministros de Finanzas de la eurozona para atender los problemas urgentes relacionados con la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales inmediatos. Nada se avanzó, en cambio, en la definición del imprescindible plan de recuperación económica que Europa deberá impulsar en un futuro próximo si quiere evitar que la hibernación de la actividad económica y sus destructivos impactos se prolonguen durante años o décadas.
Aclaremos algo esencial para entender la importancia de lo que se dirime en el debate del Consejo Europeo. A diferencia de la gestión de la Gran Recesión de 2008, basada en recortes, austeridad y devaluación salarial, la gestión de la actual crisis se está haciendo desde unos parámetros completamente diferentes.
El Banco Central Europeo garantiza que las tasas de interés y las primas de riesgo de las deudas de todos los Estados miembros, incluidos los más endeudados y vulnerables, se mantengan en niveles moderados y con costes financieros soportables.
La Comisión Europea ha relajado las reglas presupuestarias establecidas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (es la primera vez que se activa su cláusula de salvaguardia), para evitar las restricciones presupuestarias que en el pasado maniataron la capacidad de actuación de los Estados y justificaron los recortes.
A través del Eurogrupo (los ministros de Finanzas de la eurozona) se concretó una notable movilización de fondos, mediante préstamos (no sujetos a otra condicionalidad que no sea la de dedicarlos a la lucha contra la pandemia y sus negativos impactos económicos y sociales), que permitirán una atención más eficaz a las personas contagiadas y el fortalecimiento del sistema sanitario. Y en el terreno económico y social, ofrecer liquidez suficiente para que los impagos de empresas, autónomos y hogares no crezcan como una bola de nieve y concluyan en insolvencia y quiebra masiva de empresas, con la correspondiente desaparición definitiva de empleos, capital productivo y crecimiento potencial, o en una reducción drástica de los ingresos de los hogares que desemboque en un desastre humanitario y un mayor hundimiento de la demanda interna.
Gracias a esas decisiones de las instituciones comunitarias, el Gobierno de coalición progresista entre PSOE y UP tiene la capacidad y los márgenes financieros y presupuestarios suficientes para encarar la crisis sanitaria y sus negativos impactos económicos y sociales, al menos en esta primera fase de contención y control de la pandemia. Y así lo está haciendo, intentando que ningún sector social, y especialmente los más vulnerables, se queden sin la protección del Estado. Seguramente, tanto las instituciones comunitarias como las españolas han cometido errores, torpezas y retrasos que podrían haberse evitado, pero lo que importa resaltar en cuanto a la acción política a desarrollar en los próximos meses por el Gobierno Sánchez es que dispone de los recursos necesarios y las garantías suficientes para evitar el desastre sanitario, económico y social que, sin las medidas aprobadas por las instituciones comunitarias y por este Gobierno progresista, podría haberse producido.
Nada, sin embargo, está asegurado. En la situación de incertidumbre radical que ha generado esta crisis (en la que no es posible estimar la probabilidad de los diferentes escenarios potenciales), no se puede descartar que la pandemia global se descontrole o que la crispación política en España se extreme y, por tanto, no cabe desconsiderar ninguna hipótesis, incluidos los escenarios catastróficos.
¿Dónde está, entonces, el problema político que tiene que dirimir el Consejo Europeo en los próximos meses y que una parte de la izquierda ha tendido a simplificar como un dilema entre partidarios y contrarios de la emisión conjunta de deuda pública o eurobonos?
El problema central está en que la mayoría de los países del sur de la eurozona no podrá abordar la financiación de las tareas que conlleva la fase de recuperación económica
El problema central está en que la mayoría de los países del sur de la eurozona, tras el fuerte aumento de los déficits públicos y exteriores provocados por la recesión y la consiguiente montaña de deuda acumulada, no podrá abordar la financiación de las tareas que conlleva la fase de recuperación económica. De ahí la reclamación de solidaridad a sus socios. Solidaridad y cooperación en beneficio de las economías y la ciudadanía de los países del sur de la eurozona, pero también en interés del conjunto de la UE, ya que su objetivo, además de salvar vidas y superar la pandemia, es reducir los altos costes y riesgos que provocaría un estancamiento prolongado de las economías del sur de la eurozona en el conjunto de las economías de la UE, incluidos los países del norte que disponen de esa financiación.
El contenido del debate pendiente y la encrucijada que plantea
La UE no está en riesgo inminente de desaparición o suicidio. El mercado único, el euro y las conexiones y complicidades de todo tipo forjadas durante las últimas décadas entre los Estados miembros son demasiado valiosos como para que sus beneficiarios estén dispuestos a tirarlos por la borda.
La elección que está en juego en el debate político y social que se desarrollará en las próximas semanas, quizás meses, es más prosaica, pero no por ello menos importante, porque es la elección real que determinará el futuro de la UE y de la ciudadanía europea: hacer lo mínimo para que Europa no quede paralizada por el estancamiento económico, las divergencias productivas y de renta o las divisiones políticas entre los Estados miembros o hacer lo necesario para que el proyecto de unidad europea se renueve y pueda responsabilizarse de forma solidaria y cooperativa de los problemas de todos y cada uno de los Estados miembros. En ese debate se dirime también el papel de la UE en el escenario mundial, como espectadora de su propia decadencia o como protagonista y muñidora de acuerdos multilaterales y propuestas de solución al principal reto que afronta la comunidad internacional: la construcción de un nuevo modelo de capitalismo y globalización que sustituya al modelo neoliberal que imperó en las últimas cuatro décadas y que presenta síntomas evidentes de agotamiento y crisis, tras provocar costes, riegos y desórdenes globales insostenibles.
La cumbre europea sólo acertó a mencionar un nombre provisional del futuro fondo de recuperación económica y la cantidad aproximada que podría alcanzar, en torno a 1,5 billones de euros. Todas las diferencias sobre la financiación, reparto, destino o utilización de ese fondo siguen en pie. Incluidas las dos que han marcado la división entre el norte y el sur de la eurozona en el Consejo Europeo y entre izquierdas y derechas en los debates del Parlamento Europeo: de dónde saldrán esos fondos (cómo y quién los aportará) y qué forma adoptarán (transferencias o préstamos). Inmediatamente después de acordar esos dos asuntos, habrá que aclarar otro de no menor importancia: a qué se dedicarán esos fondos, si se trata simplemente de reanimar las estructuras y especializaciones productivas existentes y el modelo de crecimiento previo o se hace más hincapié en las inversiones modernizadoras y útiles de futuro que acompañen a las nuevas tendencias que han comenzado a operar o que se desarrollarán en un futuro próximo.
La crisis está acelerando la transformación de la producción y la demanda y no va a ser suficiente con reanimar el tejido productivo y empresarial existente antes de la crisis
Cambios y tendencias emergentes de muy diferente tipo: la descarbonización de la actividad económica; la relocalización de empresas estratégicas en territorio europeo y la sustitución de cadenas de valor globales por regionales (para estar más cerca de la demanda potencial y reducir los costes y riesgos económicos y medioambientales asociados al trasiego de mercancías a larga distancia); el fortalecimiento de la sanidad pública y de los servicios de cuidados a las personas; el papel clave del sistema educativo y la formación profesional continua; el redimensionamiento a la baja del comercio internacional (que perjudica a los países que sustentan en mayor medida su crecimiento en la demanda externa); los nuevos hábitos de consumo y compra; el impulso de las energías renovables o la necesaria frugalidad en el consumo de materiales y energía. La crisis está acelerando la transformación de la producción y la demanda y no va a ser suficiente, para recuperar la situación y el bienestar anterior, con reanimar el tejido productivo y empresarial existente antes de la crisis. La competencia decisiva será la disputa por dirigir, controlar y gestionar esos cambios.
En el Consejo Europeo, los países del norte de la eurozona, entre los que Holanda juega el papel de ariete, rechazan cualquier modalidad de transferencia permanente de rentas y la mutualización de riesgos que conllevaría la emisión conjunta de deuda pública que reclaman los gobiernos de los países del sur de la eurozona y los grupos políticos verdes, socialdemócratas y de izquierdas en el Parlamento Europeo.
Es hartamente improbable que la emisión de eurobonos pueda ser en los próximos meses un punto de encuentro o acuerdo en el Consejo Europeo. Sin embargo, es probable que la idea de la mutualización puntual de riesgos y costes acabe abriéndose paso para financiar con fondos europeos la imprescindible reactivación económica de la UE a partir de finales de este año o en 2021, cuando se haya conseguido un cierto control de la pandemia.
Para alcanzar ese acuerdo, será clave la búsqueda de fórmulas intermedias, menos cargadas de una significación política federalista que implique una unión permanente de transferencias, como la propuesta realizada en el último Consejo Europeo por el Gobierno Sánchez o las adelantadas por la Comisión Europea para propiciar el necesario acuerdo entre todas las partes.
Naturalmente, esas fórmulas intermedias de mutualización de riesgos y costes suponen negociación y cesiones, pero no tienen que implicar ningún tipo de renuncia por parte de los países del sur de la eurozona ni de la izquierda a seguir defendiendo las ventajas y bondades de la propuesta de emisión de eurobonos para que en un futuro próximo pueda llevarse a cabo. Que el acuerdo en torno a la emisión de eurobonos no sea factible ahora, tampoco debería suponer una rebaja en la necesaria presión para reforzar los rasgos sociales de las iniciativas comunitarias a través de un reaseguro de desempleo o una renta mínima contra la pobreza y la exclusión adecuados a los diferentes niveles de renta de los Estados miembros.
Finalmente, en las próximas semanas o meses habrá acuerdo. Ese plan de inversiones para reactivar la economía europea es imprescindible y todos los gobiernos, fuerzas económicas y agentes sociales son conscientes de ello. Lo que no sabemos es si el alcance de ese acuerdo será suficiente. La UE tiene que elegir entre dejarse maniatar por las divergencias, la desigualdad, las divisiones y la insolidaridad que afirmarán su decadencia o intentar renovarse e influir en el diseño del futuro. En las próximas semanas se irá definiendo una respuesta.
