“Nunca entendí por qué los ricos en Argentina pagan tan pocos impuestos”, le confesó durante un encuentro celebrado en Berlín en abril de este año la Canciller alemana Ángela Merkel al presidente argentino. La observación de Merkel apuntaba al sistema tributario que durante el mandato de Mauricio Macri se cebó con los más pobres, al tiempo que benefició a los evasores y propietarios de grandes fortunas.
Según datos de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), la recaudación durante 2018 del impuesto al valor agregado (IVA), le significó al Estado la suma de 1.104 billones de pesos, lo cual representó un 32,7 por ciento de todo lo recaudado en impuestos durante ese período. El nivel más alto de participación en ese monto provino de los sectores más pobres, mientras que el aporte de los millonarios representó un porcentaje menor. Los grandes grupos económicos no solamente tuvieron una escasa participación en el total de lo recaudado, sino que además se beneficiaron mediante la evasión fiscal.
El debate sobre el impuesto a las grandes fortunas comenzó a principios de año. El oficialismo planteó la necesidad de un aporte solidario con el objetivo de palear la crisis económica generada por la pandemia. La reacción de la oposición no se hizo esperar. Los voceros del poder económico concentrado no dudaron en articular una agenda mediática mediante la cual objetaron el proyecto del gobierno, aduciendo un sinfín de argumentos falaces y recurriendo al trillado fantasma del “comunismo”.
Sin embargo el impuesto a los grandes patrimonios no es un invento argentino, sino que ha sido impulsado por aquellos países del primer mundo a los que la derecha criolla siempre recurrió cuando necesitó buenos ejemplos. España, Suiza, Italia y Rusia avanzan con tributos similares para combatir los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo los medios de comunicación hegemónicos argentinos tildan de “demagógica” una ley que pretende achicar las desigualdades en medio de la grave crisis económica y social que atraviesa el país.
El impuesto impulsado por el gobierno de Alberto Fernández se cobrará por única vez y alcanza sólo a los 12 mil argentinos que poseen un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. La ley que promueve el oficialismo logró este martes media sanción en el Congreso, y se ganó el rechazo de los grupos de poder económico concentrado. La iniciativa se traslada ahora al Senado. Y mientras se discute si las 12 mil personas más ricas del país deben hacer un aporte extraordinario por única vez, cinco millones de niños malviven bajo la línea de la pobreza.
