Las voces disonantes con la decisión del gobierno de Alberto Fernández en materia de inmigración aún resuenan en los medios de comunicación alineados con la oposición. "El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos al pretender que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron", escribió Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri
La derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia firmada por Mauricio Macri en enero de 2017 ha provocado un aluvión de críticas de la derecha argentina que siempre se las ingenió para asociar a la inmigración con la delincuencia en sus trillados discursos xenófobos y discriminatorios. Sin embargo la derogación del decreto 70/17 no fue una decisión aislada del gobierno argentino. Desde que Mauricio Macri iniciara su cruzada anti-inmigración, diversos organismos de Derechos Humanos hicieron foco en los aspectos más sonantes del decreto a través del cual se iniciaron en el país las expulsiones de inmigrantes que, según advertía Amnistía Internacional, “eran violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales del ser humano”.
El decreto firmado por Mauricio Macri fue un instrumento jurídico con el cual se criminalizó a la población migrante. Los medios del poder real no dudaron en acompañar la xenófoba decisión del gobierno de Cambiemos, dándole cámara y micrófono a los rostros de la derecha que desde los platós televisivos pretendieron naturalizar la asociación entre inmigración y delincuencia que caló rápidamente entre los seguidores del proceso macrista.
La norma derogada por el gobierno de Alberto Fernández tiene aspectos irreconciliables con la Constitución argentina y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos
El Decreto de Necesidad y Urgencia que el gobierno de Alberto Fernández decidió derogar tiene aspectos irreconciliables con la Constitución argentina y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que resaltan la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias..
El macrismo, en sintonía con las decisiones de Donald Trump respecto a la inmigración, había endurecido las políticas con argumentos falaces que la prensa del poder económico concentrado repitió en grandes titulares. Que los inmigrantes “vienen a delinquir” se convirtió entonces en sentido común, desdibujando en parte la propia historia de la construcción argentina, en la que el inmigrante, desde tiempos remotos, ha sido un factor determinante en el crecimiento y desarrollo del país. La Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos observaron con detenimiento las políticas migratorias del gobierno de Mauricio Macri, señalando que “los Estados deben respetar los derechos humanos de la población migrante, respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa”.
La derecha argentina ya enarbola las banderas del odio, alentando a su tropa a manifestarse en las calles. La excusa esta vez es la derogación de un decreto que a todas luces atentaba contra los derechos fundamentales del ser humano.
