sábado 12/6/21
ARGENTINA

Crece la presión sobre Alberto Fernández para que indulte a Cristina Kirchner

La Constitución argentina equipara los delitos de corrupción con la traición a la Patria y atentado contra el orden democrático.

alberto fernandez
Alberto Fernández

@jgonzalezok / El presidente argentino, Alberto Fernández, sostuvo en la campaña electoral del 2019 y ya como presidente, que en la Argentina no había presos políticos, sino “detenidos arbitrarios”. Y ante la creciente presión para que aplique alguna forma de perdón a la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, muy complicada por delitos de corrupción, reiteró que, por ahora, no habrá indulto, aunque las presiones para encontrar una salida política se han vuelto a disparar.

En realidad, las declaraciones de Alberto Fernández sobre el tema recorren una línea sinuosa. Es capaz de rechazar, con matices, la existencia del lawfare (persecución política a través de la Justicia), y al mismo tiempo atacar duramente a los jueces que se significaron por llevar adelante causas de corrupción contra el anterior gobierno kirchnerista (2003-2016). Nada más ser designado candidato, advirtió que los jueces “tendrían que rendir cuentas por las barrabasadas que habían hecho”, llegando a citar por sus nombres a algunos de estos magistrados.

Respecto del indulto, hasta ahora ha sido bastante coherente. En campaña dijo: “El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto, los presidentes no están para perdonar a nadie”. Ya en la Casa Rosada, el 29 de abril del pasado año, insistió: “Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”. Era ya época de pandemia y cuarentena y se multiplicaban las presiones para una salida masiva de la cárcel de los ex funcionarios, con la excusa del Covid-19.

Todo indica que se esperaba que el simple cambio de gobierno influiría sobre los jueces para desarmar las causas. Es sabido que la Justicia argentina es sensible a las necesidades del poder, más allá de algunos jueces valerosos e independientes. Lo que sucede es que, en este caso, las causas estaban ya muy avanzadas y con pruebas demoledoras. Incluso, para desarmar la idea del lawfare, se da la circunstancia de que las causas habían comenzado durante el último gobierno de Cristina Kirchner (2007-2011).

Cristina Kirchner y el grupo de funcionarios con causas abiertas presionan al presidente para que resuelva su situación, no importa de qué manera

Transcurridos 13 meses desde la llegada al poder, y con sus cuentas con la Justicia aún pendientes, Cristina Kirchner y el grupo de funcionarios con causas abiertas presionan al presidente para que resuelva su situación, no importa de qué manera. Algunos hablan de solución política y usan el argumento de que, si no se hace nada, en breve será Cristina la que esté en la cárcel.

En las últimas semanas se multiplicaron las declaraciones pidiendo una medida de gracia, coincidiendo con la decisión de la Corte Suprema de anular la prisión domiciliaria del ex vicepresidente, Amado Boudou, condenado a poco más de cinco años de prisión por la compra irregular de una imprenta que fabricaba papel moneda. Una causa en la que hay condena firme y que llegó a la Corte Suprema, por lo que no hay posibilidad de más recursos.

Entre los que salió a pedir el indulto está el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, amigo personal de Boudou, que habló de indulto para el ex vicepresidente “y todos los presos políticos”. Y añadió que “sin el indulto van a seguir los presos políticos, el indulto es un acto de gobierno que existe en todas las constituciones”. Esto le valió una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente integra, por violar la Constitución y los tratados internacionales contra la corrupción. Y se recuerda que el artículo 36 de la Constitución argentina equipara los delitos de corrupción a los de traición a la patria y atentado contra el orden democrático, siendo excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Los delitos de corrupción fueron declarados imprescriptibles en 2016 por el juez Leopoldo Schiffrin y dos años más tarde por la Cámara de Casación Penal Federal.

ALBERTO Y CRISTINA

Este pasado 10 de enero, se publicó un anuncio pagado pidiendo la libertad para Amado Boudou. Entre los firmanes, algunos funcionarios del gobierno y ex presidentes de la región como Rafael Correa, Evo Morales, Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo y Ernesto Samper. El texto afirma: “La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente. Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política”. Afirma también el documento que se está frente a una venganza de los sectores poderosos para castigar a quien tomó decisiones, como la estatización de los fondos privados de pensión: “La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras”. Aunque la solicitada es a favor de Boudou, la última frase reclama la libertad del ex vicepresidente “y de todos los presos y presas políticas”.

Las presiones sobre Alberto Fernández pueden ser insoportables y el avance de la vicepresidenta sobre el mandatario es evidente

Las presiones sobre Alberto Fernández pueden ser insoportables y el avance de la vicepresidenta sobre el mandatario es evidente. Alberto Fernández es obligado una y otra vez a desdecirse de sus propias opiniones y a anular decisiones de gobierno, para alinearse con la voluntad de su vice, obsesionada por quedar limpia. Así hay que entender que en una entrevista reciente, el mandatario dijera: “De lo que estoy seguro es que, en la Justicia, nosotros tenemos que meter mano, sin ninguna duda”. Inmediatamente se dio cuenta de lo que había dicho y matizó: “Meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente, con leyes, hay que cambiar procedimientos, hay que cambiar formas. La Justicia es el único de los poderes que, en estos treinta años de democracia, no fue revisado su funcionamiento en detalle, y creo que ha llegado la hora de que lo hagamos”.

En el primer año de gobierno, se insistió en una reforma general de la Justicia, se pidió el juicio político para el Procurador General (jefe de los fiscales); se intentó manipular el traslado de jueces que tenían causas de corrupción contra Cristina; se intenta cambiar la forma de elección del nuevo Procurador, para asegurarse un nombramiento afín; y se entró en una lucha frontal contra la Corte Suprema, con la posible ampliación de la misma con jueces militantes. Se ha llegado a pensar en un tribunal paralelo a la Corte Suprema de Justicia, que el kirchnerismo considera hostil, para estudiar lo que se consideran “sentencias arbitrarias”. Algunos especialistas ven en esto un intento de licuar el poder de la Corte Suprema.

Para sacarse la presión de encima, Alberto Fernández mencionó la posibilidad de una amnistía, en este caso competencia del Congreso. El detalle importante es que Cristina Kirchner, además de vicepresidenta, preside el Senado. Y que su hijo Máximo es el jefe del bloque de diputados oficialistas. Es decir, serían juez y parte, ya que ambos están acusados en causas de corrupción. Y sería, realmente, una autoamnistía. Con la particularidad de que se estaría amnistiando a personas que no tienen todavía condena firme. El constitucionalista Félix Lonigro le dijo al diario Clarín que tanto el indulto como la amnistía no corresponde aplicarlas a procesados, porque las que se indultan o amnistían son penas, “si no, estás indultando a un presunto inocente”.

Crece la presión sobre Alberto Fernández para que indulte a Cristina Kirchner
Entrando en la página solicitada Saltar publicidad