jueves. 18.04.2024
fabricas textil
Fábricas de Etiopía de las cadenas de suministro de marcas de ropa europeas.

Hace pocos días señalábamos el interés de una información de diversos medios de Bangladesh sobre el rescate de un millón de trabajadores de Bangladesh por parte de la Unión Europea, en relación con sus pérdidas de empleo y de retribución como consecuencia del Covid-19.

Señalábamos también cierta sorpresa por la aparente falta de interés: 1) de la UE para dar a conocer tal iniciativa, 2) de los medios de comunicación europeos para hacerse eco de la misma, y 3) del sindicalismo europeo y global para intervenir en la promoción y gestión de lo que tan directamente afectaba a condiciones de vida y de trabajo en ese país, importante proveedor del consumo europeo del vestido.

Buceando en esa información hemos encontrado nuevos datos que acentúan nuestra sorpresa y que consideremos útil aportar y comentar.

Se trata de un ambicioso proyecto de la Unión Europa denominado TEAM EUROPE dotado de 20.000 millones de euros y destinado a “ayudas a países emergentes socios de Europa”, una importante movilización de fondos para la lucha contra la pandemia del Covid-19 “para mitigar la propagación del virus y reducir los efectos indirectos sobre la estabilidad económica y social en los países socios”.

Este proyecto trata de combinar los recursos de desarrollo colectivo de la UE, de sus Estados miembros y sus respectivas instituciones financieras y coordinar los organismos de ejecución, uniendo además esfuerzos con otros grupos de interés y socios multilaterales como: BM, FMI, ADB, y en particular el Banco Europeo de Inversiones, así como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Constituye la contribución europea a la respuesta global de ayudas a los países emergentes que se estima en unos 88.000 millones de dólares norteamericanos (USD)

Entendemos que no se trata de una expresión de altruismo (o no sólo de altruismo), sino del evidente interés europeo en evitar un aumento del caos en los países emergentes y con ello de un mayor desequilibrio mundial, sobre todo en un momento en el que la retirada de capital extranjero en los países emergentes en lo que va de año parece situarse ya en unos 60.000 millones de USD. Pero es también un interés del sindicalismo europeo, de los trabajadores del mundo desarrollado, contribuir a una adecuada utilización de estos fondos como un instrumento más para conseguir un reequilibrio mundial, una globalización de derechos. 

Con ese proyecto la UE ha asignado 334 millones de euros para Bangladesh, con posibilidad de ampliación, en cuyo desglose cabe señalar lo siguiente:

  • 263 millones de euros se destinan a la protección social en el país. De ellos, 113 (93 aportados directamente por la UE y 20 por el Gobierno alemán) directamente a complementar la retribución de los trabajadores de las empresas de exportación a Europa que estén en paro como consecuencia de la pandemia, y otros 150 aportados por la Agencia Francesa de Desarrollo para medidas de protección social más generales.
     
  • 64,8 millones de euros (UE y gobierno alemán) se destinan a ampliar la intervención de la ONU para las comunidades de acogida en Bangladesh, particularmente de los rohingya en Cox’s Bazar.
     
  • 5,5 millones de euros (UE, OMS y gobierno de Suecia) para fomentar los sistemas de investigación sanitaria.
     
  • 714.383 euros (UE y gobierno alemán) para “las necesidades más urgentes de las personas extremadamente pobres y vulnerables” de Dhaka y zonas rurales del país, incluyendo campañas de concienciación para reducir la propagación del virus.

Llama la atención, insistimos, la escasa o nula atención a estas informaciones por parte de las diversas instituciones europeas, y, particularmente para nosotros, por parte de las instituciones sindicales. Una atención a las fuentes de las diversas aportaciones nacionales y europeas, y una atención más directa a la administración y destino de estas ayudas en los diversos países emergentes “socios de Europa”.

Nuestra sorpresa resulta de la ausencia, o falta de información de la presencia, del sindicalismo organizado, del sindicalismo europeo y global, en la medida que las cuantías y procedencia de los fondos asignados, así como su distribución, están tan directamente relacionados con los más inmediatos intereses y actividades sindicales de este momento en defensa de las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas. Se trata de hecho de la necesidad sindical de intervenir para conseguir la mayor democratización de los sistemas de obtención y de distribución de fondos para objetivos sociales.

Sorprende asimismo la aparente desvinculación de esta iniciativa de otras, como es el reciente Acuerdo “Call for Action”, coordinado por la OIT y por el cual la Confederación Sindical Internacional (ITUC-CSI), la Organización Internacional de Empleadores (IOE), la Federación Sindical Internacional de Industria (IndustriALL Global Union), junto con las principales marcas de ropa (Inditex, H&M, C&A, Adidas, Primark, PVH, Tchibo, Ralph Lauren ,…), asumían el compromiso de hacer frente a las graves consecuencias del Covid-19 para la industria, el empleo y los salarios en las cadenas de suministro mundiales de las grandes marcas de la industria del vestido. La imprecisión aún de los compromisos de este Acuerdo exige un desarrollo en el que se establezcan medios y objetivos, precisando las concretas aportaciones de fondos de las multinacionales del sector, así como de los gobiernos, organizaciones empresariales y empresarios de las fábricas productoras, junto con la necesaria definición y aplicación de la gestión de los mismos.

El TEAM EUROPE, con el conjunto de fondos mundiales previstos, debería ser una buena ocasión para establecer formas conjuntas de trabajo con todas las iniciativas en marcha, desarrollando las necesarias formas de participación e intervención social, particularmente sindical. Se trataría en definitiva de avanzar, y no sólo en palabras, en el objetivo que la CSI ha definido como nuevo contrato social mundial.

Víctor Garrido e Isidor Boix


20.000 millones de euros de la Unión Europea para los países emergentes “socios de Europa”