Roma confía en prolongar el tira y afloja con las autoridades comunitarias y retrasar la apertura de un “procedimiento por déficit excesivo” que conllevaría una supervisión comunitaria con imposición de objetivos presupuestarios, controles financieros y, en último término, sanciones económicas
Ya se conoce el acuerdo entre Londres y la UE que concreta las condiciones del Brexit y que tiene como una de sus principales consecuencias convertir al Parlamento británico y al propio Gobierno conservador de Theresa May en un polvorín que, pese a las primeras apariencias, puede estallar en cualquier momento con imprevisibles consecuencias políticas. Al mismo tiempo, el Gobierno de Italia presentaba su nuevo proyecto presupuestario de 2019 con las mismas previsiones de crecimiento del PIB (1,5%) y déficit público (2,4%) que el que fue rechazado por la Comisión Europea (CE) el pasado 23 de octubre.
Roma mantiene el pulso y reafirma su desafío, sin olvidarse de trasladar la presión de la opinión pública italiana sobre la Comisión Europea: señala los desastres excepcionales sufridos (las lluvias torrenciales de las últimas semanas y el derrumbe del puente Morandi de Génova a mediados de agosto) para pedir a la Comisión que valore con flexibilidad la necesidad de aumentar su déficit público; se compromete a considerar un límite infranqueable el déficit del 2,4% del PIB previsto para 2019 y a reducirlo en 2020 al 2,1%; prevé un aumento excepcional de ingresos del 1% del PIB (alrededor de 18.000 millones de euros) mediante la venta de inmuebles públicos. Y reitera que sus objetivos son cumplir el programa con el que ganó las elecciones y relanzar el crecimiento para reducir los desequilibrios (déficit y deuda) de las cuentas públicas.
La Comisión Europea considera que en 2019 el crecimiento de la economía italiana será inferior (1,2%) y el déficit público superior (2,9% del PIB) a las previsiones del Gobierno de Italia. Y teme, con fundadas razones, que en 2020 los desequilibrios aumentarán, pues nada hay en el proyecto de presupuestos que permita abordar los graves problemas de oferta que sufre la economía italiana y que no pueden encontrar ningún tipo de solución con políticas presupuestarias expansionistas o con incentivos a la demanda doméstica que, sin cambios en la oferta productiva, acabarán concretándose en mayores desequilibrios de las cuentas públicas y exteriores imposibles de financiar. Lo que agravaría el ya excesivo peso de su deuda pública y de su deuda bruta externa (en torno, en ambos casos, al 130% del PIB).
Ninguna de las partes pretende convertir la confrontación en crisis abierta; pero ninguna de las partes puede ceder ni está dispuesta a ello. Se abre así un compás de espera. Una tensa espera que, previsiblemente, durará hasta que el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 muestre el alcance de la redistribución de fuerzas y poder que decida la ciudadanía europea.
Roma confía en prolongar el tira y afloja con las autoridades comunitarias y retrasar la apertura de un “procedimiento por déficit excesivo” que conllevaría una supervisión comunitaria con imposición de objetivos presupuestarios, controles financieros y, en último término, sanciones económicas. Espera llegar a las próximas elecciones al Parlamento Europeo con una confrontación limitada con la Comisión Europea que le proporcione réditos electorales. Supone que, tras las elecciones europeas, el Parlamento Europeo y la nueva Comisión Europea reflejarán una nueva relación de fuerzas más favorable al populismo de derechas y a su proyecto de deconstruir la UE, reduciéndola paulatinamente a una zona de libre comercio y circulación de capitales, en la que los Estados miembros recuperarían la mayor parte de las competencias cedidas en materia monetaria y presupuestaria. Y, tras ese paso, el gran salto de llevar a cabo un desmantelamiento ordenado y negociado de la eurozona.
La extrema derecha y las derechas neosoberanistas se sienten fuertes y han renunciado a su poco realista y arriesgado objetivo de salir del euro: su ascenso electoral y el propio curso de las negociaciones del Brexit, con su impacto negativo sobre la economía británica y sobre las fuerzas conservadoras y populistas del Reino Unido favorables a la salida de la UE, parecen haber tenido una significativa influencia sobre ese cambio de posición.
Hemos entrado en una nueva etapa política en la construcción de la unidad europea que puede acabar en implosión del euro, reversión del proyecto europeísta y vuelta a los nacionalismos excluyentes
La Comisión Europea, por su parte, está sometida a múltiples restricciones y presiones: en primer lugar, es la institución encargada de garantizar el cumplimiento de las reglas europeas a propósito de la consolidación presupuestaria y las políticas de austeridad, al margen de la idoneidad, potencial eficacia o conveniencia de la normativa vigente; en segundo lugar, está presionada por los países del norte de la eurozona para que haga cumplir a los países del sur de la eurozona las normas comunitarias existentes; y en tercer lugar, no puede darle bazas electorales a un Gobierno que busca debilitar a las instituciones europeas y deteriorar el propio proyecto de unidad europea para reconvertirlo en una suma de Estados con mínimas y débiles instituciones comunitarias vaciadas de la mayoría de las competencias que actualmente detentan. Además, el reciente anuncio de Merkel, sobre su paulatina retirada de la escena política, resalta la imagen de un fin de época en el que el liderazgo de la derecha europeísta pierde a su principal referente y da paso a un nuevo liderazgo que será, sin duda, más débil y más condicionado por el ascenso del populismo xenófobo de extrema derecha.
Mucho me temo que la Comisión Europea confía demasiado en que, a la vista de las dificultades políticas para imponer un rigor presupuestario que ha fracasado y unas reglas presupuestarias mal diseñadas, de difícil aplicación y probada ineficacia, sean los mercados financieros, aumentando los intereses de la deuda pública italiana, los que impongan su disciplina y hagan entrar en razón al Gobierno italiano. Sin tener en cuenta, los altos riesgos de desestabilización financiera y bancaria, en Italia y en buena parte de los países del sur de la eurozona (incluyendo a Francia), que tal dejación de funciones a favor de los mercados financieros podría acarrear. Así, desde mediados de mayo de este año, cuando comenzaron las negociaciones para formar el nuevo gobierno populista de derechas italiano en el que domina la extrema derecha xenófoba y antieuropeísta, la prima de riesgo de la deuda publica italiana se ha doblado, rondando el 3% y acarreando un sobrecoste en intereses de 1.500 millones de euros en apenas 6 meses. Incapaces de emprender la reforma institucional de la eurozona y de superar las injustas y contraproducentes políticas de austeridad impuestas en 2010, las instituciones y los líderes europeos se agarran al clavo ardiendo de los mercados financieros para imponer un rigor presupuestario del que nada bueno cabe esperar, lo imponga Bruselas o los inversores.
Hemos entrado en una nueva etapa política en la construcción de la unidad europea que puede acabar en implosión del euro, reversión del proyecto europeísta y vuelta a los nacionalismos excluyentes e identitarios de la primera mitad del siglo XX. Las izquierdas y las fuerzas progresistas deben despertar e impulsar los cambios de políticas económicas e institucionales que permitan reducir el malestar social, superar el deterioro económico y contrarrestar el grave desafío neosoberanista de la derecha y la extrema derecha populistas y xenófobas.
