jueves. 28.03.2024
La propuesta defiende que haya una partida de 'memoria histórica' en los PGE. (En la imagen: voluntarios trabajan en la exhumación de una fosa franquista).

La propuesta incluye la obligatoriedad de una partida de 'memoria histórica' en los Presupuestos Generales del Estado como subvención finalista para, entre otras cuestiones, la exhumación de fosas

Una comisión promotora, integrada entre otros por el abogado Eduardo Ranz (especializado también en derecho laboral), impulsará una ley complementaria de la Ley de Memoria Histórica de 2007 bajo la fórmula de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que será registrada en el Congreso de los Diputados una vez que salga investido el futuro presidente del Gobierno.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Nuevatribuna, reconoce y amplía los derechos de la Ley de 2007, aprobada en pleno el 31 de octubre de ese año y publicada en el BOE de 27 de diciembre, estableciendo medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y posterior Dictadura.

Tanto la exposición de motivos, como el articulado y disposiciones adicionales, han sido apoyados explícitamente por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha mostrado su “disposición y compromiso” con esta iniciativa. De hecho fue uno de los primeros en conocer el texto y en reunirse personalmente con Eduardo Ranz. El letrado, involucrado en varias causas de reparación de la Memoria (ha sido el artífice de la primera sentencia contra un Ayuntamiento por no retirar la simbología franquista) cuenta en declaraciones a Nuevatribuna que, si un primer momento, el expresidente entendió que la ley debía servir para el “reconocimiento moral”, diez años después de su aprobación la vía adecuada debe ser la vía penal para el cumplimiento sin excusas de los preceptos marcados por la normativa de 2007.

La interpretación actual de la Ley de Amnistía, junto con la ausencia de delito autónomo de desaparición forzada, y la falta de Ley de acceso a archivos, “garantizan la impunidad a todos los casos de desapariciones forzadas”. A juicio de los promotores, “para realizar un completo ejercicio de la verdad, es fundamental el pleno acceso a archivos relacionados con la memora histórica, tanto públicos como privados, militares y eclesiásticos, y la tipificación del delito de desaparición forzada”.

La iniciativa incide en la necesidad del acceso público a los archivos; actuaciones legales y acceso a la Justicia en materia de exhumaciones con una subvención finalista recogida en los Presupuestos Generales del Estado; y retirada de simbología de exaltación de Guerra civil y dictadura (a día de hoy, una docena de pueblos mantiene ‘apellido’ franquista).

Asimismo, propone como ‘Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas’ el día 31 de octubre de cada año, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura, coincidiendo con el aniversario del 31 de octubre de 1978, fecha en que fue aprobada la Constitución Española, en sesión plenaria conjunta, del Congreso de los Diputados y del Senado.

Igualmente se propone una mención especial de género, y un reconocimiento a tantas personas que fueron perseguidas por amar diferente. Igualmente se propone la regularización del personal a pie de fosa, tanto de personal director como de voluntarios o estudiantes.

Una vez registrado, en el plazo de 9 meses prorrogables otros tres, el texto deberá obtener 500.000 firmas.

Impulsan una ILP para reforzar la Ley de Memoria Histórica