El grado de desarrollo de la política de vivienda en España es de los más bajos de toda Europa
La demanda potencial de vivienda social es actualmente de 1,5 millones de hogares. Para atender las necesidades residenciales presentes y futuras hasta el 2030 sería necesario incrementar el parque de alquiler social en unos 2,65 millones de nuevas unidades, lo que elevaría su peso hasta el 15% de las viviendas principales.
Esta es una de las principales conclusiones del informe 'El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo', elaborado por la Fundación Alternativas.
Actualmente, el grado de desarrollo de la política de vivienda en España, medido a partir del peso de la vivienda de alquiler social respecto el total de viviendas principales y en el porcentaje del PIB que representa el gasto público del sistema de ayudas directas al pago de los costes residenciales, es de los más bajos de toda Europa.
El informe, elaborado por Carme Trilla Bellart, economista, especialista en mercado y políticas de vivienda y presidenta de la Fundación Hábitat3-Tercer Sector Social de Cataluña; y Jordi Bosch Meda, doctor arquitecto y experto en política en vivienda, exclusión residencial y planificación urbana, pone el acento en el retroceso “sin precedentes” que se está viviendo en España en materia de política de vivienda y “que puede acabar consolidando a España entre los países europeos con un menor nivel de protección social en este campo y con los mayores índices de exclusión residencial”.
Desde el siglo pasado, las actuaciones públicas se han centrado en el fomento de la propiedad, principalmente a través de la vivienda protegida, de forma particularmente intensa durante los años 60 y 70, y, en menor grado, durante los 80 y la primera mitad de los años 90. Pero es a partir del ciclo expansivo 1997-2007 (y más aún en la última década) cuando se produce un descenso radical a niveles apenas perceptibles de la vivienda protegida respecto del conjunto de la construcción, dejando más del 90% de la producción para el sector privado libre.
El informe pone de manifiesto que el marco normativo que se ha articulado alrededor de la vivienda protegida “nunca ha velado por preservar su función social”, permitiendo que viviendas protegidas pudieran ser descalificadas e incorporadas de nuevo en el mercado libre a precios de mercado, como es el caso de la EMVS en Madrid. “Un sinfín de propietarios pudieron apropiarse y especular con los recursos públicos que, en su momento, se destinaron para fomentar la construcción de sus viviendas protegidas; y lo que es peor, ello impidió que el sector público pudiera dotarse de recursos residenciales con lo que poder atender las necesidades de las generaciones venideras”.
La escasez del mercado de alquiler es la punta de lanza de este modelo basado en la propiedad y favorece la tendencia alcista de los precios, advierten los autores. El sistema de ayudas al pago del alquiler es ínfimo, dejando a España es el país de la Unión Europea donde los hogares inquilinos deben destinar el mayor porcentaje de sus ingresos a satisfacer los costes de su vivienda.
En base al vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 “no se recoge ninguna medida efectiva de fomento de la vivienda protegida o social”, lo que favorecerá aún más a las grandes empresas promotoras y constructoras, así como a los fondos buitre que se están haciendo con el mercado de la vivienda en España.
