Martín Pallín ha criticado que se defienda a un "torturador" como el inspector Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', por "una parte integrante del sistema español"
El primer aniversario de la Ley que reformó la justicia universal para introducir nuevas limitaciones a los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos en el extranjero ha reunido a víctimas y a juristas que han lamentado que "corren malos tiempos para la justicia universal" y han exigido derogar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que restringió este principio.
Así se han pronunciado abogados personados en los casos del genocidio del Tíbet, de seguidores del movimiento religioso Falung Gong o de los asesinatos del jesuita español Ignacio Ellacuría o el cámara José Couso, junto a representantes de la Asociacion Pro Derechos Humanos de España (APDRHE) o la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que han hecho público un manifiesto que pide acabar con este "dislate legislativo" y "devolver" la jurisdicción universal al ordenamiento español "de forma plena y coherente con el Derecho Internacional".
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha considerado que "corren malos tiempos para la justicia universal" en España y ha calificado de "repugnante" reducir este debate a una cuestión ideológica. "La jurisdicción universal no es de derechas ni izquierdas", ha remachado, para aseverar que se trata de una cultura de civilización y derechos.
"Muchos Estados se sienten molestos cuando se les mete el dedo en el ojo. Está pasando en España con la jueza argentina, muchos se preguntan ¿a qué viene a meterse en nuestros problemas?", ha apuntado Martín Pallín, para criticar que se defienda a un "torturador" como el inspector Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', como "una parte integrante del sistema español".
DESMONTANDO MITOS Y FALACIAS
Vergara ha desmentido que fuera una "extravancia" implantada en España, puesto que este principio se está extendiendo en países como Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Bélgica, Argentina, Sudáfrica, Madagascar o Senegal, que tienen abiertos procesos contra dictadores, criminales de guerra o autores de delitos de piratería en cumplimiento de sus obligaciones internacionales
Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Manuel Vergara, ha desmontado durante su intervención los "mitos" y las "falacias" que rodean a la jurisdicción universal y ha advertido de que "no es una cosa del pasado, sino del presente y del futuro".
En primer lugar, Vergara ha desmentido que fuera una "extravancia" implantada en España, puesto que este principio se está extendiendo en países como Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Bélgica, Argentina, Sudáfrica, Madagascar o Senegal, que tienen abiertos procesos contra dictadores, criminales de guerra o autores de delitos de piratería en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
El director del departamento jurídico de FIBGAR ha denunciado que "los Estados más fuertes hayan utilizado la economía como un arma política o diplomática para protegerse y no aplicar la justicia universal", al tiempo que ha instado a "eliminar las guaridas" que dan cobijo a los criminales y ha destacado que sean las víctimas, y no la Fiscalía, las que hayan dado un paso al frente en busca de justicia.
Vergara ha rechazado culpar a estas causas del mal funcionamiento y el atasco de la justicia española o mantener que "no sirven para nada" puesto que no acaban en condenas. A este respecto, ha recordado que solo son competencia de la Audiencia Nacional y ha puesto de relieve el "efecto reparador" que proporcionan a las víctimas o las condenas a piratas juzgados bajo este principio.
Finalmente, los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APRDHE) Maite Parejo y Vidal Martin han analizado la incidencia de la reforma de 2014 en los casos del genocidio del Tibet o del asesinato de cinco jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, en El Salvador.
En este punto, Vidal Martin ha recordado que en abril el viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, termina de cumplir una condena de 21 meses en Estados Unidos y advertido de que "su extradición a España significaría la inmediata apertura de juicio oral".
Por su parte, Parejo se ha mostrado confiada en que esta regulación seguirá avanzando pues se trata de una "carrera de fondo", mientras que Raúl Maíllo, de la Asociación Libre de Abogados (ALA) y personado en el caso Couso', ha enumerado también las "trabas y complicaciones" de la causa.
