El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado este martes que el acuerdo con el PSOE está "cerca" de alcanzarse pero que aún hay "escollos importantes", por lo que ha pedido a los socialistas "un último esfuerzo" y ha condicionado cualquier pacto a una reforma exprés de la Constitución para la regeneración democrática.
Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa después de que este lunes mantuviera en el Congreso un encuentro con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al mismo tiempo que los socialistas participaban en la reunión 'a cuatro' con Podemos, Compromís e Izquierda Unida-Unidad Popular.
El líder de la formación naranja ha explicado que esa reforma exprés implicaría que en los primeros tres meses haya una supresión de los aforados, que se rebaje de 500.000 a 250.000 el número de firmas para la presentación de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), que se despolitice la justicia, modificando el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que se limite a ocho el mandato de los presidentes del Gobierno y que se eliminen las Diputaciones provinciales, un punto, éste último, en torno al que el partido de Rivera ya había llegado a un consenso con los socialistas.
El PSOE tiene grandes coincidencias con los cinco objetivos para una reforma exprés de la Constitución exigida por Ciudadanos menos la que se refiere a la eliminación de las diputaciones.
Ambos partidos coinciden en limitar a dos mandatos la Presidencia del Gobierno, reducir los aforamientos, facilitar las iniciativas legislativas populares y despolitizar la Justicia.
LAS DIPUTACIONES, EL ESCOLLO DEL ACUERDO
Las diputaciones pueden ser, de esta forma, el escollo del acuerdo para esa reforma de la Carta Magna. Los socialistas se opusieron a esta medida durante toda la campaña para las pasadas elecciones generales, aunque su programa para el 20D sí incluye la promesa de "modernizar las diputaciones provinciales". En concreto, se proponía reformular su papel "como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes" y dotarles de "competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia".
En el resto de propuestas, el programa socialista es muy parecido al de Ciudadanos. Así, habla literalmente de "establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno" y de "limitar los aforamientos al ejercicio de la actividad política" y promover que las comunidades autónomas los supriman también en los Estatutos de Autonomía.
Rivera ha anunciado que quiere "eliminar" los aforamientos, pero después ha precisado que su partido lo que quiere es eliminar esta figura para los casos de corrupción, pero mantenerla para los asuntos que no tengan que ver con la actividad política, porque el objetivo no es "desproteger la libertad de expresión de un diputado".
Además, los dos partidos apuestan por potenciar la iniciativa legislativa popular (ILP), aunque difieren en el número de firmas que serían necesarias para su presentación: Ciudadanos quiere reducirlo a 250.000 y el PSOE, a 300.000.
Finalmente, los dos partidos están de acuerdo en despolitizar la Justicia, modificando el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su programa electoral, el PSOE hablaba de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para "redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del poder judicial, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y corregir las funciones del CGPJ" para "asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramiento de sus integrantes, composición, colegialidad y pluralidad".
Rivera ha explicado que ambas formaciones han alcanzado un principio de acuerdo sobre la forma de elegir a los miembros del CGPJ. Lo harían un grupo de técnicos que no pertenezcan a partidos políticos, los candidatos se presentarían a un concurso público y se celebraría una vista en el Congreso, donde finalmente se votaría.
