A través de la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno pretende incorporar nuevas restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, sin perder de vista que, al mismo tiempo, introduce la prisión perpetua que, aunque se llame revisable, conlleva una concepción de la pena como venganza; medidas de seguridad, basadas no en la comisión de un delito, sino en la suposición de que una persona es peligrosa para la sociedad, recordando la franquista Ley de Peligrosidad Social, o la extensión de la pena de prisión frente a las penas alternativas, configurando una visión alejada del art. 25.2 de la Constitución y su orientación de penas a la resocialización de los condenados.
Estas reformas, de marcado carácter ideológico, tienen un único objetivo: cercenar las libertades democráticas, para con ello acallar la protesta social, cuestión ésta muy propia de gobiernos autoritarios.
Acompasar, como de hecho está haciendo el Gobierno, las políticas de austeridad con una política de recortes sociales y con recortes también en materia de derechos civiles y libertades democráticas, atenta contra al principio fundamental de respeto a los derechos humanos, además de cercenar elementos básicos de la propia democracia. Con ello, el gobierno pretende convertir el conflicto social en un continuo conflicto de orden público.
Querer convertir el conflicto social en conflicto de orden público, algo que ya ha pretendido este gobierno en el desarrollo de las dos huelgas generales que en esta legislatura se han producido, no es sino una visión y una respuesta autoritaria y un profundo desatino que suele acarrear consecuencias no deseadas.
El proyecto del Código Penal incorpora una amplia modificación de toda una serie de figuras que se encuadran en lo que se llaman los “Delitos contra el orden público”.
El derecho de reunión y el de manifestación son dos de ellos, junto con el anunciado en relación al de huelga.
El objetivo declarado con estas reformas de contribuir a facilitar instrumentos penales que corrijan los comportamientos que se consideran atentatorios a dicho orden público y que, en la mentalidad del gobierno, exigen de su endurecimiento en el tratamiento penal.
Esa supuesta insuficiencia del marco penal, sostiene el gobierno, consiste en la debilidad de la respuesta que se viene ofreciendo a toda una serie de conductas que se expresan en los conflictos, protestas, manifestaciones y concentraciones, lo que se hace por dos vías: aumentando la sanción penal a comportamientos que ya venían siendo tratados con la versión vigente del Código, y sobre todo, incorporando al catálogo de conductas delictivas comportamientos que hasta el momento, o eran irrelevantes penalmente, o sólo tenían un tratamiento sancionador administrativo. Por tanto, estamos en un terreno claro de endurecimiento de la respuesta penal ante las expresiones del conflicto social y las vías de protesta ciudadana.
Asistimos a un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática.
Las reformas anunciadas limitan las libertades ciudadanas, y lejos de ofrecer vías de integración y de expresión articulada de los conflictos sociales, opta por la postura represora.
La posición de CCOO y UGT es radicalmente contraria a estas reformas, basándonos en los principios democráticos que emanan de la Constitución.
Es inaceptable que el Gobierno pretenda incorporar a través de estas reformas, nuevas restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales que más implicados están en la preservación de un sistema democrático, y son cauce de participación social en los asuntos públicos, así como expresión del pluralismo político e ideológico.
Por Rodolfo Benito Valenciano y Frederic Monell i Lliró
