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25 de julio de 2010, 10:11
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 21.7.2010
...Pero es la petición que ha presentado la Fiscalía al considerarle culpable de un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y de cinco delitos contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para Carlos Fabra en un escrito en el que además reclama al presidente de la Diputación y del PP de Castellón el pago de una multa de más de 2,3 millones de euros por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 1999 y 2003, así como una indemnización de más de 886.000 euros. Por el delito continuado de tráfico de influencias, el fiscal Anticorrupción reclama un año de cárcel, otros cuatro por cohecho y dos por cada uno de los cinco delitos contra la Hacienda Pública. El escrito también solicita hasta diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Por otra parte, la Fiscalía solicita una pena de 8 años de cárcel para su esposa, Maria Amparo Fernández y el pago de 896.000 euros de multa al acusarle de cinco delitos contra la Hacienda Pública. Para los otros dos acusados, Vicente Vilar y su esposa, la petición es de cuatro años y multa de 600.000 euros.
Concretamente, la Fiscalía señala que Fabra habría ralizado labores de intermediación a favor de la firma de productos fitosanitarios Naranjax SA, propiedad de Vicente Vilar y su esposa, Montserrat Vives, ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de dichos productos. Para ello, el presidente de la Diputación de Castellón, valiéndose de su cargo, mantuvo reuniones con el entonces ministro Jesús Posadas, con el secretario de Hacienda y diputado por Castellón Juan Costa, con el director del gabinete de Presidencia, Alfredo Timermans del Olmo, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos.
Estos encuentros se produjeron en 1999 y en el año 2000 Carlos Fabra constituyó una sociedad (Carmacas SL) de la que era administrador único y titular del 90% de participaciones sociales y que utilizó parte de su facturación para "ocultar los pagos" realizados por Vicente Vilar.
El escrito también refleja que durante el período 1999 a 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández "tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados". De este modo, especifica que en 1999 los ingresos no declarados de Fabra fueron de 518.388 euros; de 328.520 euros en 2000; de 295.317 en 2001; de 369.876 en 2002; 358.256 en 2003 y 217.212 en 2004 (algo más de dos millones de euros en total). En el mismo período, constan ingresos no declarados de su esposa por valor de unos 1,6 millones.
Dicha "ocultación de ingresos", apunta la Fiscalía, dio lugar a que fueran "defraudados" a la Hacienda Pública diversas cantidades anuales, todas ella superiores a 120.000 euros. En el caso de Fabra estas fueron de 253.254 euros en 1999, y de 158.976, 141.302, 174.836 y 158.105 en los sucesivos ejercicios hasta 2003. Igualmente, las cifras de Fernández alcanzaron entre 1999 y 2003 los 162.295 euros, 145.835, 124.963 y 153.276 euros.
El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules (Castellón) decidió el pasado 1 de junio dar por concluidas las diligencias de investigación de caso Fabra, después de más de seis años, al transformarlas en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado. El instructor entiende que los hechos cometidos son constitutivos de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del tribunal del jurado. Según el juez instructor, a los delitos mencionados hay que sumar otros contra la Hacienda Pública.
La causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, abarca a un total de 13 imputados, después de que un empresario, Vicente Vilar, le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Estos se centraban en la mediación del dirigente del PP para tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios.
...Pero es la petición que ha presentado la Fiscalía al considerarle culpable de un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y de cinco delitos contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para Carlos Fabra en un escrito en el que además reclama al presidente de la Diputación y del PP de Castellón el pago de una multa de más de 2,3 millones de euros por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 1999 y 2003, así como una indemnización de más de 886.000 euros. Por el delito continuado de tráfico de influencias, el fiscal Anticorrupción reclama un año de cárcel, otros cuatro por cohecho y dos por cada uno de los cinco delitos contra la Hacienda Pública. El escrito también solicita hasta diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Por otra parte, la Fiscalía solicita una pena de 8 años de cárcel para su esposa, Maria Amparo Fernández y el pago de 896.000 euros de multa al acusarle de cinco delitos contra la Hacienda Pública. Para los otros dos acusados, Vicente Vilar y su esposa, la petición es de cuatro años y multa de 600.000 euros.
Concretamente, la Fiscalía señala que Fabra habría ralizado labores de intermediación a favor de la firma de productos fitosanitarios Naranjax SA, propiedad de Vicente Vilar y su esposa, Montserrat Vives, ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de dichos productos. Para ello, el presidente de la Diputación de Castellón, valiéndose de su cargo, mantuvo reuniones con el entonces ministro Jesús Posadas, con el secretario de Hacienda y diputado por Castellón Juan Costa, con el director del gabinete de Presidencia, Alfredo Timermans del Olmo, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos.
Estos encuentros se produjeron en 1999 y en el año 2000 Carlos Fabra constituyó una sociedad (Carmacas SL) de la que era administrador único y titular del 90% de participaciones sociales y que utilizó parte de su facturación para "ocultar los pagos" realizados por Vicente Vilar.
El escrito también refleja que durante el período 1999 a 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández "tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados". De este modo, especifica que en 1999 los ingresos no declarados de Fabra fueron de 518.388 euros; de 328.520 euros en 2000; de 295.317 en 2001; de 369.876 en 2002; 358.256 en 2003 y 217.212 en 2004 (algo más de dos millones de euros en total). En el mismo período, constan ingresos no declarados de su esposa por valor de unos 1,6 millones.
Dicha "ocultación de ingresos", apunta la Fiscalía, dio lugar a que fueran "defraudados" a la Hacienda Pública diversas cantidades anuales, todas ella superiores a 120.000 euros. En el caso de Fabra estas fueron de 253.254 euros en 1999, y de 158.976, 141.302, 174.836 y 158.105 en los sucesivos ejercicios hasta 2003. Igualmente, las cifras de Fernández alcanzaron entre 1999 y 2003 los 162.295 euros, 145.835, 124.963 y 153.276 euros.
El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules (Castellón) decidió el pasado 1 de junio dar por concluidas las diligencias de investigación de caso Fabra, después de más de seis años, al transformarlas en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado. El instructor entiende que los hechos cometidos son constitutivos de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del tribunal del jurado. Según el juez instructor, a los delitos mencionados hay que sumar otros contra la Hacienda Pública.
La causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, abarca a un total de 13 imputados, después de que un empresario, Vicente Vilar, le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Estos se centraban en la mediación del dirigente del PP para tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios.
