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29 de septiembre de 2010, 11:53
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 28.9.2019
En la memoria de todos está muy reciente el pulso entre el juez Garzón y las defensas de los principales cabecillas de la trama Gürtel para anular las cintas de las conversaciones entre los abogados y sus defendidos. Finalmente, los abogados se llevaron el gato al agua aunque no sin antes provocar un encendido debate sobre el valor probatorio y la legalidad de unas grabaciones que afectaban a los imputados y a unos letrados bajo sospecha de haber participado activamente en los delitos de los que se les acusa.
Ahora, con motivo del juicio contra la mayor red de corrupción que ha operado en España -y en la que ya se encontraba el germen de Gürtel- se vuelve a plantear el mismo problema. Y para abonar la teoría de que las escuchas no 'valen', nada mejor que arremeter contra quien las ha realizado y contra la institución de la que ha partido la orden, es decir, la Policía, el fiscal y el juez.
Este martes, el abogado que defiende a varios acusados José Antono Choclán ha asegurado que en la instrucción del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), "se ha confundido la fase judicial de investigación y se ha convertido en una vulgar actuación policial o policiaca, sin que ningún órgano, ni el juez ni el ministerio fiscal, haya velado por los derechos fundamentales de los imputados".
El letrado ha considerado que la causa se instruyó en su mayor parte "con opacidad y en secreto" y se sitúa en un "modelo inquisitivo de instrucción". Además, ha aludido a que el juez "se autoatribuye el asunto porque desconfía de la ecuanimidad del resto de sus compañeros jueces de los juzgados de Marbella y desconfió incluso de todos sus compañeros de España". "Se comportó sin tener jurisdicción nacional como un juez central", ha apuntado el letrado, quien ha afirmado que "no se comportó de un modo imparcial en el sentido exigible constitucionalmente". "Mostró un interés personal entendido como el resultado de mayor provecho el éxito de unas tesis acusatorias", ha apostillado.
Asimismo, esta defensa ha indicado que el instructor tuvo "un interés en la actuación de la causa" y adoptó durante el proceso "sistemáticamente detenciones masivas", insistiendo en que en este proceso "hay una realidad objetiva, que no ha habido órgano alguno, ni el juez de garantías ni el ministerio fiscal que haya tutelado el derecho de los acusados". Por esto, pidió la nulidad de todo lo actuado de la fase de instrucción y se ha adherido a lo planteado por las defensas anteriores, al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales, al igual que plantearon otras defensas, como la del acusado Sergio Santana.
Su letrado, Miguel Criado, ha lamentado la inconcreción de los escritos de acusación y ha considerado que "no se puede esperar a la prueba para saber de que nos tenemos que defender". Además, se adhirió al resto de cuestiones previas y ha solicitado a la Sala que resuelva estas alegaciones antes de continuar con las declaraciones.
Este lunes, -primer día del juicio-, ya tuvimos un aperitivo de la que sin duda va a ser la estrategia central de las defensas cuando la abogada de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción del caso Malaya, atacó el origen de las investigaciones que han conducido hasta el banquillo de los acusados a 95 personas, que se enfrentan a más de 500 años de cárcel y cerca de 4.000 millones en multas. La letrada Rocío Amigo arremetió contra las intervenciones de los teléfonos de Juan Antonio Roca, que permitieron establecer las primeras conexiones entre el que era asesor de urbanismo de Marbella con sus presuntos testaferros, y el registro practicado en la sede de Maras Asesores, donde la Policía halló documentos considerados la prueba palpable de que Roca cobraba sobornos de los empresarios y pagaba a los concejales para que ajustaran sus decisiones a sus intereses.
PIEZAS ESENCIALES DE LA ACUSACIÓN
Las escuchas y el registro son esenciales para mantener la acusación en los términos que la plantean la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Marbella, la Junta y Hacienda. Sin embargo, la letrada sostiene que son ilegales. Es la teoría del fruto del árbol prohibido. En la primera sesión de las cuestiones previas del macro juicio de Malaya, la abogada cuestionó sin miramientos la labor desarrollada por el juez de instrucción, Miguel Ángel Torres, al indicar que ordenó intervenir varios teléfonos de Juan Antonio Roca agarrándose exclusivamente a las declaraciones efectuadas en otro procedimiento por el jefe de los servicios jurídicos de urbanismo. Aquella "manida declaración" cuando se investigaba la ampliación del techo edificable del hotel Guadalpín valió una denuncia de la Fiscalía por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias. Estos cargos fueron engordando con cada escrito del juez "por arte de magia", que añadió primero cohecho y blanqueo y más tarde coacciones, usurpación de funciones y amenazas.
La abogada argumentó que no se agotaron otras vías de investigación, como por ejemplo la patrimonial, antes de intervenir los teléfonos primero de Roca y después de una serie de personas de su entorno con la simple excusa de que solía hablar con ellos. Para la defensa se trata, en definitiva, de una investigación prospectiva, en la que no se trató de esclarecer una sospecha sino de investigar a una persona para ver si se encontraba algo sospechoso. Y, lo que resultó más inquietante, subrayó que se llegaron a producir escuchas "policiales, no judiciales" que resultaron esenciales en el caso. En este sentido indicó que cuando el instructor ordenó a Amena la intervención de un teléfono de Óscar Benavente, presunto testaferro del jefe de la trama, la operadora respondió que el número no correspondía a ese abonado. Y a pesar de esa respuesta en el procedimiento figura el contenido de varias llamadas realizadas a través de ese teléfono.
Esas conversaciones son, precisamente, las que vinculan a Benavente, Roca, Maras Asesores, al contable Salvador Gardoqui y la abogada y supuesta testaferro Montserrat Corulla. La letrada Rocío Amigo aseguró que el juez Miguel Ángel Torres se dejó llevar por el criterio de la Policía, creando una situación de "servilismo judicial a la labor policial", porque el instructor "no acreditó ni comprobó nada", simplemente autorizaba todo aquello que le pedía la Udyco, adoptando medidas "sin motivar", "sin ponderar" y, por tanto, "faltas de proporcionalidad". La abogada fue aún más allá al afirmar que "la Policía mintió al juez y el juez no quiso comprobar" lo que le decía la Udyco en los oficios.
Por eso entiende que las intervenciones telefónicas y todo lo que se pudo investigar a partir de ellas es nulo. La codefensa de Juan Antonio Roca, que asume la letrada Yolanda Terciado, expuso ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que juzga este asunto, que el registro en Maras Asesores también vulneró los derechos fundamentales desde el momento en que se practicó sin que estuviera presente el procesado. La abogada se quejó de que tampoco se permitiera a Roca, que ya había sido detenido, designar a ninguna persona de su confianza para que estuviera presente en el registro de estas oficinas, porque el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio también es extensible a las personas jurídicas.
También criticó la búsqueda de documentación que se llevó a cabo en la sede de Planeamientos, donde tenía su despacho municipal de asesor Juan Antonio Roca. En primer lugar precisó que el juez instructor sólo autorizó registrar la oficina del asesor de urbanismo y, en cambio, la Policía amplió el mandamiento por su cuenta y riesgo al espacio que también ocupaban las secretarias. En segundo lugar cuestionó que se realizara sin que estuviera presente el procesado.Las primeras defensas de acusados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), han cuestionado tanto la investigación policial que llevó a la detención de un centenar de personas, como la actuación del juez que se encargó de iniciar la instrucción de este procedimiento, Miguel Ángel Torres.
En la memoria de todos está muy reciente el pulso entre el juez Garzón y las defensas de los principales cabecillas de la trama Gürtel para anular las cintas de las conversaciones entre los abogados y sus defendidos. Finalmente, los abogados se llevaron el gato al agua aunque no sin antes provocar un encendido debate sobre el valor probatorio y la legalidad de unas grabaciones que afectaban a los imputados y a unos letrados bajo sospecha de haber participado activamente en los delitos de los que se les acusa.
Ahora, con motivo del juicio contra la mayor red de corrupción que ha operado en España -y en la que ya se encontraba el germen de Gürtel- se vuelve a plantear el mismo problema. Y para abonar la teoría de que las escuchas no 'valen', nada mejor que arremeter contra quien las ha realizado y contra la institución de la que ha partido la orden, es decir, la Policía, el fiscal y el juez.
Este martes, el abogado que defiende a varios acusados José Antono Choclán ha asegurado que en la instrucción del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), "se ha confundido la fase judicial de investigación y se ha convertido en una vulgar actuación policial o policiaca, sin que ningún órgano, ni el juez ni el ministerio fiscal, haya velado por los derechos fundamentales de los imputados".
El letrado ha considerado que la causa se instruyó en su mayor parte "con opacidad y en secreto" y se sitúa en un "modelo inquisitivo de instrucción". Además, ha aludido a que el juez "se autoatribuye el asunto porque desconfía de la ecuanimidad del resto de sus compañeros jueces de los juzgados de Marbella y desconfió incluso de todos sus compañeros de España". "Se comportó sin tener jurisdicción nacional como un juez central", ha apuntado el letrado, quien ha afirmado que "no se comportó de un modo imparcial en el sentido exigible constitucionalmente". "Mostró un interés personal entendido como el resultado de mayor provecho el éxito de unas tesis acusatorias", ha apostillado.
Asimismo, esta defensa ha indicado que el instructor tuvo "un interés en la actuación de la causa" y adoptó durante el proceso "sistemáticamente detenciones masivas", insistiendo en que en este proceso "hay una realidad objetiva, que no ha habido órgano alguno, ni el juez de garantías ni el ministerio fiscal que haya tutelado el derecho de los acusados". Por esto, pidió la nulidad de todo lo actuado de la fase de instrucción y se ha adherido a lo planteado por las defensas anteriores, al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales, al igual que plantearon otras defensas, como la del acusado Sergio Santana.
Su letrado, Miguel Criado, ha lamentado la inconcreción de los escritos de acusación y ha considerado que "no se puede esperar a la prueba para saber de que nos tenemos que defender". Además, se adhirió al resto de cuestiones previas y ha solicitado a la Sala que resuelva estas alegaciones antes de continuar con las declaraciones.
Este lunes, -primer día del juicio-, ya tuvimos un aperitivo de la que sin duda va a ser la estrategia central de las defensas cuando la abogada de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción del caso Malaya, atacó el origen de las investigaciones que han conducido hasta el banquillo de los acusados a 95 personas, que se enfrentan a más de 500 años de cárcel y cerca de 4.000 millones en multas. La letrada Rocío Amigo arremetió contra las intervenciones de los teléfonos de Juan Antonio Roca, que permitieron establecer las primeras conexiones entre el que era asesor de urbanismo de Marbella con sus presuntos testaferros, y el registro practicado en la sede de Maras Asesores, donde la Policía halló documentos considerados la prueba palpable de que Roca cobraba sobornos de los empresarios y pagaba a los concejales para que ajustaran sus decisiones a sus intereses.
PIEZAS ESENCIALES DE LA ACUSACIÓN
Las escuchas y el registro son esenciales para mantener la acusación en los términos que la plantean la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Marbella, la Junta y Hacienda. Sin embargo, la letrada sostiene que son ilegales. Es la teoría del fruto del árbol prohibido. En la primera sesión de las cuestiones previas del macro juicio de Malaya, la abogada cuestionó sin miramientos la labor desarrollada por el juez de instrucción, Miguel Ángel Torres, al indicar que ordenó intervenir varios teléfonos de Juan Antonio Roca agarrándose exclusivamente a las declaraciones efectuadas en otro procedimiento por el jefe de los servicios jurídicos de urbanismo. Aquella "manida declaración" cuando se investigaba la ampliación del techo edificable del hotel Guadalpín valió una denuncia de la Fiscalía por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias. Estos cargos fueron engordando con cada escrito del juez "por arte de magia", que añadió primero cohecho y blanqueo y más tarde coacciones, usurpación de funciones y amenazas.
La abogada argumentó que no se agotaron otras vías de investigación, como por ejemplo la patrimonial, antes de intervenir los teléfonos primero de Roca y después de una serie de personas de su entorno con la simple excusa de que solía hablar con ellos. Para la defensa se trata, en definitiva, de una investigación prospectiva, en la que no se trató de esclarecer una sospecha sino de investigar a una persona para ver si se encontraba algo sospechoso. Y, lo que resultó más inquietante, subrayó que se llegaron a producir escuchas "policiales, no judiciales" que resultaron esenciales en el caso. En este sentido indicó que cuando el instructor ordenó a Amena la intervención de un teléfono de Óscar Benavente, presunto testaferro del jefe de la trama, la operadora respondió que el número no correspondía a ese abonado. Y a pesar de esa respuesta en el procedimiento figura el contenido de varias llamadas realizadas a través de ese teléfono.
Esas conversaciones son, precisamente, las que vinculan a Benavente, Roca, Maras Asesores, al contable Salvador Gardoqui y la abogada y supuesta testaferro Montserrat Corulla. La letrada Rocío Amigo aseguró que el juez Miguel Ángel Torres se dejó llevar por el criterio de la Policía, creando una situación de "servilismo judicial a la labor policial", porque el instructor "no acreditó ni comprobó nada", simplemente autorizaba todo aquello que le pedía la Udyco, adoptando medidas "sin motivar", "sin ponderar" y, por tanto, "faltas de proporcionalidad". La abogada fue aún más allá al afirmar que "la Policía mintió al juez y el juez no quiso comprobar" lo que le decía la Udyco en los oficios.
Por eso entiende que las intervenciones telefónicas y todo lo que se pudo investigar a partir de ellas es nulo. La codefensa de Juan Antonio Roca, que asume la letrada Yolanda Terciado, expuso ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que juzga este asunto, que el registro en Maras Asesores también vulneró los derechos fundamentales desde el momento en que se practicó sin que estuviera presente el procesado. La abogada se quejó de que tampoco se permitiera a Roca, que ya había sido detenido, designar a ninguna persona de su confianza para que estuviera presente en el registro de estas oficinas, porque el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio también es extensible a las personas jurídicas.
También criticó la búsqueda de documentación que se llevó a cabo en la sede de Planeamientos, donde tenía su despacho municipal de asesor Juan Antonio Roca. En primer lugar precisó que el juez instructor sólo autorizó registrar la oficina del asesor de urbanismo y, en cambio, la Policía amplió el mandamiento por su cuenta y riesgo al espacio que también ocupaban las secretarias. En segundo lugar cuestionó que se realizara sin que estuviera presente el procesado.Las primeras defensas de acusados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), han cuestionado tanto la investigación policial que llevó a la detención de un centenar de personas, como la actuación del juez que se encargó de iniciar la instrucción de este procedimiento, Miguel Ángel Torres.
